“El sufrimiento es mucho y no se compara con nada, yo enterré a mis padres pero enterrar a mi hija fue lo peor (…) espero que este lunes sea de victoria y de comenzar a vivir porque truncaron la vida de ella, mi vida y la de mis hijos”, dice Rosa Elvira Franco mientras espera que el momento que tanto ha deseado desde hace casi dos décadas llegue: la sentencia contra el hombre que mató a su hija.

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Han pasado 19 años y 10 meses acumulados en 7 mil 14 días desde que Franco no ve a su hija María Isabel Veliz Franco. Una adolescente de 15 años y que recién había terminado el tercero básico cuando fue asesinada el 16 de diciembre de 2001.

Ante la ineficiencia de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) cuando denunció la desaparición de Isabel en al menos cuatro ocasiones, Franco decidió tomar las riendas de la investigación y logró que el caso de su hija llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Guatemala por su inacción.

Cuando desapareció Isabel, Franco estaba cerrando pensum de la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos. En una charla convocada por el Instituto Centroamericano de Estudios Legales y Criminológicos y el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos, Franco recordó lo que ha significado para ella estos casi 20 años de ausencia de su única hija mujer.

“Ha sido una lucha constante de 20 años (…) yo misma investigué el caso y me sorprendí porque encontré mucha impunidad, me dio un infarto y tuve que detenerme un momento”, cuenta.

Desde aquel 16 de diciembre de 2001, Franco denunció la desaparición y asesinato de su hija, sabía quién había sido el responsable: un hombre de 40 años y que constantemente acosaba a Isabel mientras trabajaba de vacacionista en un almacén de ropa de la zona 1.

Isabel ya le había contado a su madre sobre las intenciones de este hombre y cómo la amenazó sino tenía relaciones sexuales con él. Incluso, Franco menciona que esta persona la llegó a buscar a su casa el día que enterró a su hija.

Este hombre identificado como Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo guarda prisión y está en espera de escuchar la sentencia que el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, dicte contra él, mientras el Ministerio Público pidió una sentencia de 50 años de prisión.

Cuenta que dos días después de haber desaparecido Isabel escuchó en un noticiero que habían encontrado el cuerpo de una mujer en un terreno baldío. En las imágenes emitidas logró identificar la ropa que era muy similar a la que cargaba Isabel el día que desapareció.

Al llegar a la morgue, la vio con el cráneo destrozado. “Me desmayé y empecé a gritar que habían matado a mi hija, fue un dolor indescriptible. Al día siguiente me dieron el cuerpo y una bolsa con su ropa toda rota que tenía manchas de sangre y manchas blancas. Esa bolsa la metieron en la caja funeraria y me fui con un amigo de ella a enterrarla”, recuerda.

Aunque el debate ha sido muy desgastante para ella al escuchar cómo la defensa sigue repitiendo los mismos comentarios despectivos contra su hija, el día de la sentencia llegó y espera que este 1 de marzo de 2021 pueda decir que, por fin, se hizo justicia.

Tras esta sentencia y después de conocerse el caso de Claudina Velásquez, estudiante de Derecho de 19 años que desapareció en 2005, se creó el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas Alerta Isabel Claudina.

“Lamentablemente siguen secuestrando niñas y muy pequeñas, no entiendo que está pasando pero como le dije a la jueza Yassmin Barrios, el caso de María Isabel representa a todas las que han sido asesinadas y yo represento a muchas madres que no se han atrevido a alzar la voz y denunciar lo que les hicieron a sus hijas”, contó.

Los operadores de las empresas de cartón que utilizó Alejandro Sinibaldi para recibir el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht deberán pedir perdón al pueblo de Guatemala y a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en un acto público.

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Por unanimidad, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó condenas a tres acusados en el caso Odebrecht.

A decir de la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, “es necesario respetar los bienes del Estado y evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo”.

Asimismo, ordenó que los sentenciados paguen más de US$4 millones al Estado como reparación digna. Pago que será dividido de la siguiente forma:

• Juan Ignacio Florido, US$3 millones
• Juan Manuel Molina Coronado, US$1 millón (abogado de AlejandroSinibaldi)
• Jorge Eduardo Antillon Klussmann, Q500 mil.

El pasado 22 de julio, el Tribunal sentenció a Florido a 6 años de prisión por lavado de dinero, y a Molina y Antillón a 14 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita.

Según el Tribunal, se demostró que los acusados pertenecían a una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de hacer los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se documentó en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht, S.A.

En la continuación del debate contra 14 sindicados del caso Lavado y Política, el exdiputado de la Gran Alianza Nacional (Gana), Jaime Antonio Martínez Lohaiza, vio frustradas sus intenciones de separar al Tribunal de Mayor Riesgo A.

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Como argumento, el exlegislador utilizó una sesión parlamentaria de cuando estuvo en el Congreso en 2009. Recordó que en esa oportunidad votó en contra de la aspiración de la jueza Yassmín Barrios para ser magistrada.

El exlegislador recusó al Tribunal, integrado por Barrios y los vocales Patricia Bustamante y Gelvi Sical, aunque en sus alegatos se centraron solo en la presidenta del Tribunal.

En la resolución, la jueza Barrios explicó que no le había afectado esa elección, ya que había sido designada como suplente. “Al señor Martínez Lohaiza lo conocí en mi trabajo, acá como un sindicado”, dijo.

El juicio

El debate inició el 16 de enero pasado sin la representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien envió una excusa para ausentarse por la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sostiene que los hechos centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

#LavadoYPolítica | Tribunal rechaza la recusación del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza.
"Se declara sin lugar", fue el argumento de los jueces. pic.twitter.com/zaFoCtSjTr

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 21, 2019

Los sindicados

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
2. Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
7. Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
8. Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
10. José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: peculado por sustracción.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). Peculado por sustracción.

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El pasado 18 de julio de 2016 fue asesinado Byron Lima Oliva, supuestamente, durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, no obstante, los procesos penales en los que presuntamente estaba involucrado el reo continuaron y este martes el Tribunal  de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, escuchó la declaración de los sindicados en el caso de corrupción.

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Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos, como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.

Además, Camargo Liere, en complicidad con Lima Oliva, coordinaba el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido a cuatro personas.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014. En total 11 personas enfrentan la justicia entre funcionarios públicos, reclusos y particulares. Se les persigue por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícito y lavado de dinero.

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Los pandilleros, identificados como integrantes de la Mara Salvatrucha, fueron sentenciados este jueves por el Tribunal de Mayor Riesgo A, por su vinculación con la muerte de cuatro personas en junio de 2010.

De acuerdo a la fiscalía, De León Hernández, alias el Diabólico y Boche, alias Sleepy, habrían ordenado el asesinato y decapitación de las cuatro víctimas, escogidas al azar, para luego arrojar las cabezas en distintos puntos de la capital.

El objeto de los macabros crímenes habría sido presionar al Ministerio de Gobernación para deponer los controles que en ese momento se estrechaban en las cárceles.

Las víctimas fueron elegidas al azar en  áreas donde opera la referida organización criminal: la capital, Villa Nueva y Chimaltenango.

Jorge Mario González y César Augusto Boche enfrentaron el juicio por la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Sistema Penitenciario en el 2009 y 2010, como medida de presión para que Gobernación depusiera controles en las cárceles.

Los sentenciados pertenecen al grupo delictivo Mara Salvatrucha. Las penas están divididas en 175 años por la responsabilidad en siete asesinatos, 24 años más por tres casos de lesiones leves y 21 años adicionales por lesiones a siete personas. 

Ambos pandilleros enfrentaron el juicio, acusados como responsables de la muerte de Luis Reneé Ibáñez García, subdirector de la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

El crimen de Ibáñez García se perpetró el 29 de julio de 2009, en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, mientras la víctima conducía su vehículo.

Otro hecho por el que se abrió juicio contra los pandilleros fue registrado el 7 de septiembre de 2009, frente a la maternidad del Hospital General San Juan de Dios. Ahí murió Félix Gabriel García Reyes, alcaide de la cárcel de Guastatoya, El Progreso.

El testigo Víctor Gustavo Lima, quien fue investigador de la PNC cuando ocurrió el atentado, explicó a los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, que la información que se tenía relataba que los hechos violentos se debían al rechazo de los reclusos por traslados de otros reos y que como medida de presión se debía atentar  contra cualquier empleado del SP.

El mismo día se registraron tres atentados contra agentes de Presidios en varios lugares, lo cual ocasionó la suspensión de audiencias judiciales en la Torre de Tribunales, ante la falta de personal que efectuara los traslados.

González Sor y Boche también fueron imputados por la muerte del agente de la PNC Moisés Tojín y Tojín, ultimado a balazos el 24 de abril del 2010, en la colonia El Frutal, Villa Nueva.

Hechos criminales

Acusación relata cuatro atentados armados que dejaron saldos mortales.

• 7 de septiembre del 2009: el alcaide de la cárcel de Guastatoya, El Progreso, Félix Gabriel García Reyes, murió baleado afuera de la maternidad del Hospital General.
• 24 de abril del 2010: el agente policial Moisés Tojín y Tojín murió en El Frutal, Villa Nueva, después de haber sido herido de bala.
• 25 de mayo del 2010: Juan Antonio Rivera Florián, custodio del Sistema Penitenciario, fue ultimado a balazos en la 18 avenida A y 3a. calle, zona 1.
• 29 de julio del 2010: Luis Reneé Ibáñez García, subdirector de la cárcel El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, fue ultimado a balazos.

Como medida de presión para que el Ministerio de Gobernación depusiera controles que ejercía en las prisiones.

Los procesados son Jorge Mario Fernando González Sor y César Augusto Boche, a quienes el Ministerio Público señala como sospechosos por la muerte de Luis Reneé Ibáñez García, subdirector de la cárcel El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa.

El crimen ocurrió el 29 de julio del 2009, en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, donde la víctima conducía su vehículo.
Otro hecho por el que se les acusa ocurrió el 7 de septiembre del 2009, frente a la maternidad del Hospital General San Juan de Dios.

En el lugar murió Félix Gabriel García Reyes, alcaide de la cárcel ubicada en Guastatoya, El Progreso, quien había viajado a la capital para realizar los trámites  por la muerte de un recluso que  trasladado desde la referida prisión al centro asistencial. Otras tres personas resultaron heridas.

El testigo Víctor Gustavo Lima, quien fue investigador de la PNC cuando ocurrió el atentado, explicó a los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, que la información que se tenía relataba que los hechos violentos se debían al rechazo de los reclusos por traslados de otros reos y que como medida de presión se debía atentar  contra cualquier empleado del SP.

El mismo día se registraron tres atentados contra agentes de Presidios en varios lugares, lo cual ocasionó la suspensión de audiencias judiciales en la Torre de Tribunales, ante la falta de personal que efectuara los traslados.

Presumen poder

Mientras fotógrafos y camarógrafos de Prensa documentaban la audiencia, los procesados, que se encontraban dentro de la carceleta de la sala de audiencias, en el piso 15, y en presencia de los jueces, se quitaron las camisas para mostrar los tatuajes con los que demuestran su vínculo con la pandilla.

Mientras eso ocurría, el Fiscal relataba otros hechos criminales por los que se procesa a González Sor y a Boche, como la muerte del agente de la PNC Moisés Tojín y Tojín, ultimado a balazos el 24 de abril del 2010, en la colonia El Frutal, Villa Nueva.

Ese día ocurrió otro atentado en la zona 2 contra el autopatrulla DCSP-010, perteneciente al Plan Cuadrante. El entonces ministro del Interior, Carlos Menocal, aseguró a la Prensa que los hechos habían sido planificados por pandilleros afectados por los controles en las cárceles.

El 25 de mayo del 2010 murió baleado el guardia del SP Juan Antonio Rivera Florián, en la 18 avenida A y 3a. calle, zona 1, cuando viajaba en un vehículo de la institución.

Ese día, un camión de la Dirección General de Presidios trasladó a 30 reclusos del Preventivo para Hombres de la zona 18 a la Torre de Tribunales.

La investigación detalló que el ataque fue una venganza de la Mara Salvatrucha contra las autoridades, porque tres de los jefes de la agrupación fueron retornados de El Boquerón a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

Hechos criminales

Acusación relata cuatro atentados armados que dejaron saldos mortales.

• 7 de septiembre del 2009: el alcaide de la cárcel de Guastatoya, El Progreso, Félix Gabriel García Reyes, murió baleado afuera de la maternidad del Hospital General.
• 24 de abril del 2010: el agente policial Moisés Tojín y Tojín murió en El Frutal, Villa Nueva, después de haber sido herido de bala.
• 25 de mayo del 2010: Juan Antonio Rivera Florián, custodio del Sistema Penitenciario, fue ultimado a balazos en la 18 avenida A y 3a. calle, zona 1.
• 29 de julio del 2010: Luis Reneé Ibáñez García, subdirector de la cárcel El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, fue ultimado a balazos.

La pena máxima fue decretada en contra del sicario Óscar Roberto Aquino Peña, responsable de la muerte Ervin Guevara, Roberto González y Josué Socoj. Además, del atentado armado en contra de Víctor Pérez Vásquez.

Se le impuso una sanción de 99 años con ocho meses de prisión: 25 años por cada crimen, 16 años con ocho meses por asesinato en grado de tentativa y ocho años más por asociación ilícita.

El sicario Allan Gustavo Ticún Maas deberá cumplir una pena de 58 años de cárcel, al ser declarado culpable por la muerte de Melvin Calero Rocha y Cristofer García Mazariegos. Por cada asesinato se le sentenció 25 años de prisión y ocho más por asociación ilícita.

Los hermanos Nancy Lisseth y Lester Colindres Sosa son responsables de parricidio y asesinato en grado de complicidad, respectivamente, derivado de haberse declarado su culpa por la muerte del ingeniero Sergio Iván Capriel Bran, de quien eran esposa y cuñado.

Las penas fueron de 30 años para el cónyuge de Capriel Bran y 20 para su cuñado. Ambos contactaron a la estructura Bam Bam para quedarse con una cuenta millonaria de la víctima.

Otras penas

El Tribunal condenó a 24 años con ocho meses de cárcel a Cristian Estuardo Ortiz, al ser declarado culpable del atentado contra Víctor Pérez Vásquez. Su pena comprende los delitos de asesinato en grado de tentativa y se le impusieron 16 años con ocho meses de prisión, y ocho años más por asociación ilícita.

El comisario Edwin Calimayor Chaclán, jefe de la sede policial de Chinautla, fue condenado a 16 años con ocho meses de prisión por conspiración para asesinar a una mujer que lo denunció por vínculos con hechos delictivos, y ocho años más por asociación ilícita. La pena que se le impuso es de 24 años con ocho meses.

Welter Daniel Morán, Luis Alberto Herrera Vásquez, Cleto Manuel Medrano Álvarez, Pablo Santiago Medrano Álvarez, Óscar Alberto Silvestre Samayoa, Byron Gerardo Sologaistoa Arriaga, Carlos Fermín Hernández, Pedro Vides Díaz Figueroa y Luis Alfredo Pacay Choc pasarán ocho años en la cárcel por el delito de asociación ilícita.

Ordenaron crimen

• Ingeniero civil fue ultimado por orden de su esposa y su cuñado, que querían quedarse con su dinero.
• El ingeniero Sergio Capriel murió el 14 de abril del 2011, cuando se encontraba en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.
• Las investigaciones detallan que su esposa, Nancy Colindres, y su cuñado, Léster Colindres, planificaron el ataque para quedarse con Q5 millones que él tenía en una cuenta.
• Los sentenciados contactaron a una persona identificada como Josué Fernando Figueroa para cometer el crimen, y este llamó posteriormente  a los sicarios ahora condenados.

Las penas emitidas por el Tribunal de Mayor Riesgo A fueron de 50 a 53 años de prisión. El tribunal resolvió las condenas de 20 años de prisión a los cinco acusados por el asesinato en grado de tentativa contra Henry Fariñas y 30 años por el asesinato de Facundo Cabral. A dos procesados les dictó tres años de cárcel por encubrimiento propio.

Alejandro Jiménez González, Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima fueron condenados a pasar en prisión 50 años, mientras que Elgin Vargas Hernández y Wilfred Allan Stokes fueron condenados a 53 años de cárcel. 

El Ministerio Público (MP) acusó a Alejandro Jiménez, alias palidejo, de planificar el ataque en contra del empresario nicaragüense Henry Fariñas, que acompañaba a Cabral el día del ataque y salió ileso del mismo.

La  presidenta del Tribunal, Yassmin Barrios, ha explicado que lo que se juzgó es el asesinato de Cabral y el asesinato en grado de tentativa contra el empresario Henry Fariñas.

La resolución del tribunal se basó en el testimonio del colaborador eficaz, Josué Cerón. En su relato Cerón expuso: “Después del atentado, los sicarios huyeron a la casa de Elgin Vargas”.

Los sentenciados

1. Alejandro Jiménez González.  -Condenado a 50 años de prisión-
2. Elgin Enrique Vargas Hernández.  -Condenado a 53 años de prisión-
3. Wilfred Allan Stokes Arnold.  -Condenado a 53 años de prisión-
4. Juan Hernández Sánchez.  -Condenado a 50 años de prisión-
5. Audelino García Lima.  -Condenado a 50 años de prisión-

Negocio fallido

Durante el juicio se presentó una declaración remota de Fariñas, preso por narcotráfico en Nicaragua.

Fariñas, que cumple una condena de 18 años de prisión en Nicaragua por transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, contó que conoció al costarricense Alejandro José Jiménez, presunto autor intelectual del atentado en su contra, durante la negociación de compra-venta de un club nocturno que este tenía en Costa Rica.

Aseguró que durante la negociación, Jiménez se identificó como ciudadano  nicaragüense llamado José Treviño, y que no se efectúo la venta porque el comprador ofreció pagar por el negocio en efectivo, con billetes de US$20, pero ello no se aceptó y se le pidió hacer una transferencia bancaria. No se detalló cuál sería el monto total.

Fariñas indicó que Jiménez manifestó su molestia por la respuesta que le dio, y dijo que se burlaban de él, porque las pláticas para vender el club nocturno llegaron al final pero que no le aceptaron el pago.

Posteriormente se le ofreció la venta de un club nocturno de la misma empresa ubicado en Nicaragua, pero que por haber ofrecido la misma forma de pago también se rechazó finalizar el negocio.

El ataque

Cabral se encontraba en el país en julio de 2011, porque fue contratado por Fariñas para efectuar una serie de presentaciones musicales. El artista se hospedó en el hotel Tikal Futura la noche anterior al crimen.

El cantautor fue recogido por Fariñas en la madrugada del 9 de julio del 2011, y juntos en una camioneta se dirigieron al Aeropuerto Internacional La Aurora, pero al llegar al bulevar Liberación, zona 9, fueron alcanzados por hombres armados que viajaban en dos vehículos y les dispararon.

El automotor en el que se desplazaban Cabral y Fariñas resultó con 25 impactos de bala. Tres proyectiles alcanzaron al artista, lo cual le causó la muerte inmediata.

“No tuve la oportunidad de ver quién nos disparó”, aseguró el narcotraficante a Villeda, lo cual fue escuchado ayer por los jueces del tribunal que conocen el juicio en contra de Jiménez y los cuatro presuntos sicarios que habrían participado en el crimen: Elgin Enrique Vargas Hernández, Wilfred Allan Stokes Arnold, Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima.

La despedida

Cabral concedió su último concierto en Quetzaltenango en el teatro Roma, donde cantó su música, compartió anécdotas e incluso habló de la muerte, que llegaría el 9 de julio en la capital.

Conluida la lectura de la sentencia, la mayoría del público aplaudió a los jueces, Patricia Bustamante, Yassmin Barrios, y Gerbi Sical. Varios de los activistas lanzaron consignas contra los condenados y volvieron a aplaudir porque se hizo justicia en el caso de las víctimas, “Sí se pudo, sí se pudo”, gritaron.

El tribunal encontró culpables del delito contra los deberes de la humanidad a los dos procesados, en este caso les impuso 30 años de prisión.

Con relación a la muerte de Dominga Coc, y sus dos hijas, Anita y Hermelinda, hecho ocurrido cerca de un río, el Tribunal le atribuyó el triple asesianto a Reyes Girón, lo condenó a 30 años de prisión por cada víctima. En total 90 años, más los 30, 120 años de prisión.

MP logra que militares retirados Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdéz Asij, sean condenados a 120 y 240 años de prisión.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 26, 2016

En caso de Valdez Asij, fue condenado a 240 años de prisión por delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada.

Barrios subrayó el hecho de que todos los vejámenes tenían en común que las víctimas sufrieron la desaparición de sus esposos, fueron violadas el mismo día de la desaparición o bien días después, quienes pudieron huir hacia las montañas vieron a sus hijos morir de hambre, quienes fueron trasladadas al destacamento debían cocinar y lavar ropa contra su voluntad.

De estos actos, razonaron los jueces, los ahora condenados tenían conocimiento e incluso tuvieron participación.

Las víctimas también tenían en común ser madres desprotegidas, debido a que sus esposos fueron desaparecidos por su intención de buscar legalización  de tierras para cultivar, y sin educación.

Con base en los peritajes, los jueces establecieron que los soldados “saciaron actos animales”, transformaron la vida de la comunidad al tratar a las mujeres como animales.

“El origen -de los vejámenes- era poner fin a las solicitudes de tierra, sembrando terror en el destacamento de Sepur Zarco”, dijo Barrios.

La jueza evocó la “valentía” de las víctimas que rompieron en llanto al dar testimonio en el juicio, tanto por lo ocurrido como por el cambio que significó para sus vidas. Agregó que ese drama les provoca estrés postraumático irreversible.

La Fiscalía pidió al Tribunal de Mayor Riesgo A que el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón sea condenado a mil 290 años por delitos contra los deberes de la humanidad en forma de violencia sexual, esclavitud y sexual en contra de 11 mujeres y los asesinatos de Dominga Coc y sus hijas menores de edad Anita y Hermelinda Seb Coc.

Contra el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig el MP pidió 340 años por la desaparición forzada de seis hombres y delitos contra los deberes de la humanidad en forma sexual contra dos mujeres.

El caso se originó por una denuncia que la Fiscalia recibió en el 2011. En el caso se describe que entre los años 1982 y 1983, al menos 15 mujeres Qeqchí fueron detenidas, llevadas al destacamento y esclavizadas.    

Según la denuncia, las agresiones y violaciones duraron unos seis meses. Las mujeres también fueron obligadas a cocinar y hacer tareas de limpieza para los soldados.

Premio Nobel Jody Williams se refiere al #CasoSepurZarco. pic.twitter.com/ok2mVYHZdk Vía @ClaudiaPalma_PL | https://t.co/vPFqnZtV8H

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 24, 2016

Reyes Girón y Valdez Asij guardan prisión preventiva desde hace 20 meses.

Intentaron frenar juicio

Desde el primer día del juicio, los militares externaron el rechazo al Tribunal. Reyes Girón al momento de ser llamado a declarar dijo a la jueza Barrios: “No voy a responder nada a usted, ni mi nombre le voy a dar”.
Valdez Asij, por el contrario dijo: “Yo digo la verdad de todo. Yo no trabajé para los militares, trabajé para la municipalidad (de Panzós).

El abogado de los acusados, Moisés Galindo, ha intentado detener el proceso alegando que existe una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales. Sin embargo, la fiscalía explicó que la Corte Suprema de Justicia no otorgó el amparo provisional como para frenar el inicio del proceso.         

Interés particular

El juicio es seguido por varios sectores, incluso el diplomático. Todd Robinson, Embajador de EE.UU. en Guatemala y Matthias Sonn, Embajador de Alemania en el país, han visitado la Sala.

En septiembre del 2012, ante el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, 15 mujeres de Sepur Zarco relataron los vejámenes por primera vez, en un proceso penal —en anticipo de prueba—. Los testimonios abrieron la ruta para buscar justicia. El juez Miguel Ángel Gálvez aceptó 11 testimonios.

En esa ocasión, una de las víctimas, con el rostro cubierto, relató que estuvo detenida en el destacamento, pero escapó. Días después, tres soldados llegaron a su casa y buscaban a su esposo,  líder de la comunidad, y fue ultrajada al no darles su ubicación.

“Yo no les podía responder. Entonces ellos me pusieron un arma en el pecho y otra en la boca, y abusaron de mí”, narró.

Después de la agresión fue perseguida y huyó con su familia. Tres de sus nueve hijos murieron en la montaña, por falta de alimentos. Además, denunció,  varios soldados   mataron a machetazos a su hija que estaba embarazada.

Otra fémina contó que la llevaron por la fuerza al destacamento, hizo comida y luego la violaron. Explicó que huyó a las montañas y perdió a sus hijos, porque eran pequeños y no encontró comida.

Rosada dijo al Tribunal de Mayor Riesgo A que debido a la jerarquía militar, todas las acciones cometidas por la tropa son responsabilidad del Estado Mayor de la Defensa, cúpula en la cual figuraban el jefe de Estado y el Ministro de la Defensa de aquella época, entre otros exfuncionarios.

Los hechos por los cuales se acusa a Reyes Girón y Valdez Asig ocurrieron entre 1982 y 1983, cuando tropas militares abusaron de pobladores de El Estor, así como de otros de Cobán y Panzós, Alta Verapaz.

El juicio derivó de la denuncia de 15 mujeres que relataron al Ministerio Público (MP) cómo fueron abusadas por efectivos castrenses, quienes las violaron y obligaron a cocinar y lavarles la ropa.

Despojo de tierras

Rosada explicó que las instrucciones castrenses quedaron registradas en los planes militares Victoria 82, Sofía 83 y Firmeza, los cuales fueron elaborados por el alto mando y girados después a las tropas.

Detalló también que el ensañamiento de la milicia contra esos pobladores tuvo su origen en las gestiones de campesinos para legalizar la propiedad de los terrenos que utilizaban para vivir y cosechar.

El politólogo resaltó que las diligencias de los pobladores fueron percibidas como revanchistas y por eso fueron fueron calificados como enemigos internos a los que se debía exterminar.

Aseguró que los poblados se quedaron sin hombres cuando los militares se destacaron en el lugar, debido a que los capturaron y llevaron fuera de las comunidades. Luego los soldados se aprovecharon de su autoridad para violar a las mujeres.

En su informe, Rosada calificó lo ocurrido en Sepur Zarco como una guerra no convencional.

El ingreso de las cajas selladas que contienen las osamentas de 48 personas causó sorpresa e impresión en los asistentes al juicio.

En la audiencia declaró el perito Juan Carlos Gatíca, quien participó en las exhumaciones de las osamentas en la Finca Las Tinajas, Panzós, Alta Verapaz.

MP exhibe osamentas humanas y ropa de víctimas mortales en #CasoSepurZarco. @prensa_libre pic.twitter.com/4yItp6vHiv

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 9, 2016

Gatíca relató al tribunal la forma en que fueron localizadas y exhumadas las osamentas y el trabajo que se efectuó con las mismas, esto con el apoyo de una presentación con diapositivas.

Luego declaró el peritó Óscar Ariel Ixpatán, quien informó los tipos de herida localizadas en las osamentas.

Ixpatán explicó que encontraron indicios que muestran que las víctimas tenían heridas de bala y golpes. Además, afirmó que se localizó vendas y lazos en la boca y manos de las osamentas.

La audiencia continua por este día, el Tribunal ordenó abrir las cajas con las osamentas que fueron llevadas y los peritos del MP mostraron las osamentas y ropa de las víctimas.

Peritos del MP abren las cajas donde se encuentran las osamentas. pic.twitter.com/3rPsRSFCK5

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) febrero 9, 2016

Histórico juicio

El pasado 1 de febrero comenzó el juicio calificado como histórico por defensores de Derechos Humanos en el que 11 mujeres buscan demostrar que fueron víctimas de agresiones sexuales y esclavitud doméstica en el destacamento militar de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, entre 1982 y 1986.

En la sala estaban las víctimas, quienes vestían sus trajes indígenas y llevaban cubiertas las cabezas y las caras para no ser vistas. En solidaridad, otras mujeres dentro de la audiencia también se cubrieron la cabeza.

Los acusados de haber dirigido y cometido los abusos son el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes han permanecido en prisión preventiva desde hace 20 meses y comparecen ante el Tribunal integrado por los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

En ese primer día de audiencias cuando Reyes Girón fue llamado a declarar expresó que no aceptaba a ninguno de los tres jueces.

“No voy a responder nada a usted, ni mi nombre le voy a dar”, indicó Reyes Girón a la jueza Barrios, quien agregó: “Llevo las de perder si usted y la jueza que está a su lado —Bustamante— siguen en este caso”.

Luego de que Reyes Girón se abstuvo de declarar y de identificarse, en rechazo al Tribunal, se llamó al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.

“Yo digo la verdad de todo. Yo no trabajé para los militares, trabajé para la municipalidad —de Panzós—”, dijo Valdez Asij.
Agregó que aunque está en la cárcel, no sabe nada de las leyes y que él es agricultor. Aseguró que desconoce a las víctimas y a los militares.

En los días de audiencia varios testigos han pasado a declarar y han relatado los vejámenes y violaciones de Derechos Humanos que sufrieron a manos de los militares que estaban en el destacamento militar.

El caso

La Fiscalía recibió en 2011 una denuncia según la cual durante los años 1982 y 1983 al menos 15 indígenas Qeqchí fueron detenidas en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal, en el norte del país, donde fueron esclavizadas.

Los delitos cometidos por los acusados pueden ser juzgados más de 34 años después debido a que se consideran de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. 

Según la denuncia las agresiones y violaciones duraron unos seis meses durante los cuales además de ser violentadas las mujeres tuvieron que cocinar y limpiar para los soldados.

La denuncia también incluye la desaparición y muerte de al menos cuatro personas.

Séptimo día de audiencia por el #CasoSepurZarco en el Tribunal de Mayor Riego A. pic.twitter.com/NATWmlSEZ5

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) febrero 9, 2016

Por este caso está pendiente de ser enviado a juicio Montiel Marín, debido a que se solicitó a México que se autorice la ampliación de los delitos contra el sindicado de dar muerte a 15 nicaragüenses y un holandés, en noviembre de 2008.

Los condenados son Luis Alberto Yumán Garrido, Francisco Concoguá Martínez, Juan Carlos Policarpio Chinchilla, Maynor Aroldo Gutiérrez, Héctor Estuardo González Morales, Cristian Joel Rojas, Roberto Rivera Chacón y Luis Urzúa Salguero por asesinato y asociación ilícita.

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) Rivera Chacón, quien integró la banda se convirtió en colaborador eficaz. Su testimonio sirvió para que el Ministerio Público lograra incriminar a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, en el proceso en su contra por la muerte de 14 personas vinculadas con el narcotráfico.

El caso del Taquero se encuentra pendiente de que México autorice si puede ser investigado por los hechos ilícitos relacionados con la muerte de otras 14 personas. Ese trámite debe efectuarse porque cuando Montiel Marín fue extraditado de México solo podía ser procesado por el caso de la quema del bus, en el cual ya fue enviado a juicio.

Los hechos

Las pesquisas determinaron que las muertes están relacionadas con problemas de drogas entre el Taquero y grupos opositores al control de territorio y a la venta de drogas en Zacapa.

Sin embargo, algunas de las 14 muertes también se dieron contra sus propios colaboradores, quienes le robaban dinero producto de la droga.

Entre las víctimas se cuentan dos colombianas, quienes aparecieron baleadas en un tonel, y atadas de pies y manos.

Según la investigación, la muerte de las extranjeras se debió a que ellas no entregaron dinero que pertenecía al Taquero.

En otro caso, en Santa Elena Barillas, Villa Canales, fueron encontrados seis cadáveres en un vehículo, el 25 de febrero del 2010.

Los 14 crímenes se cometieron entre el 2008 y el 2010, y el Ministerio Público le imputó a la banda seis hechos, que incluyen las 14 muertes.

Por ese proceso penal nueve señalados ya murieron.

Algunos de los sindicados, entre ellos el Taquero, están vinculados con la quema de un bus en Zacapa, donde murieron 15 nicaragüenses y un holandés, en el 2008.

Policarpio Chinchilla ya fue condenado a 820 años, por la muerte de los extranjeros.