El partido político Movimiento Semilla no es más un bloque legislativo en el Congreso de la República, según determinó este 30 de agosto la junta directiva del Organismo Legislativo que la integran diputados del partido Vamos y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La decisión la tomaron los diputados que controlan las decisiones del Legislativo en las vísperas de que se discuta el presupuesto 2024 y la elección de la Junta Directiva para ese año legislativo.

Aníbal Rojas Espino, cuarto secretario, leyó el acta donde la junta directiva tomó la decisión de declarar independientes a los legisladores del Movimiento Semilla basados en las últimas resoluciones.

Según Rojas Espino, decidieron declarar independiente al bloque en acatamiento a la resolución del Registro de Ciudadanos del lunes 28 de agosto.

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Reveló que suspendían la personería jurídica de la agrupación política porque así lo había ordenado el juez séptimo penal Fredy Orellana a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) que dirige Rafael Curruchiche, que ha acusado de haber falsificado firmas para su inscripción como partido político.

La bancada

Según Rojas Espino, basados en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso, decidieron declarar independiente al bloque que está integrado por los diputados, Bernardo Arévalo, presidente electo, junto a Samuel Pérez, Lucrecia Hernández Mack, Ligia Hernández Gómez, Román Castellanos.

El secretario de la junta directiva expuso sobre la suspensión ante el pleno de este 30 de agosto, en el que estuvo presente el diputado Arévalo tras haber sido oficializado los resultados el mismo día de la cancelación de la personería jurídica.

Según Rojas, ahora quedan a la espera “de cualquier notificación que modifique el estado de dicha organización política.

José Alberto Sánchez Guzmán fue electo diputado por Semilla, pero en diciembre de 2021 la agrupación lo desconoció y separó porque votó en “favor de la concesión de la rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje”.

Andrea Villagrán, que sigue representando en esta legislatura al partido Bienestar Nacional (Bien), es otra legisladora que logró su reelección con Movimiento Semilla.

El 23 de agosto pasado la Feci envió un oficio a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para alertar sobre la decisión del juzgado séptimo sobre la suspensión del partido Semilla.

En un breve comunicado enviado a Prensa Libre, diputados de Semilla rechazaron la decisión de la junta directiva. “Rechazamos contundentemente esta decisión”, dijeron, y agregaron: “Estas medidas autoritarias solo evidencian lo desesperados que están los mismos corruptos de siempre”.

Durante la sesión de este miércoles 30 de agosto el diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, presentó un punto resolutivo en el cual pide la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche a quien acusó de “atentar contra la voluntad popular y la democracia del país”.

#Ahora | El Congreso declara como independientes a los diputados del Movimiento Semilla luego de leer la notificación del Registro de Ciudadanos sobre la suspensión provisional del partido político. pic.twitter.com/fVL5KkFY0X

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) August 30, 2023

¿Qué implica ser independientes?

1. No presidir comisiones de trabajo del Congreso.
2. Integrar instancia de Jefes de Bloque, en la que deciden agenda de sesiones del Congreso
3. No ser parte de la Junta Directiva del Congreso.
4. No contratar algunos asesores y asistentes.

En un pronunciamiento atípico, el líder del alto tribunal criticó los comentarios de Trump sobre que los magistrados nombrados por el expresidente Barack Obama (2009-2017) bloquean muchas de sus medidas y que son “jueces de Obama”.

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“Esa independencia judicial es algo por lo que deberíamos estar agradecidos”, agregó Roberts, que fue nominado en 2005 por el republicano George W. Bush (2001-2009) y se ha esforzado desde entonces por demostrar que el Tribunal Supremo está compuesto por jueces imparciales, y no por políticos que usan toga.

Trump contestó a ese comunicado con dos tuits en los que volvía a meterse con una corte de California que bloqueó esta semana sus restricciones al asilo en la frontera con México: el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

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“Lo siento, presidente del Supremo John Roberts, pero sí hay, en efecto, 'jueces de Obama', y tienen un punto de vista muy diferente que la gente encargada de la seguridad de nuestro país”, dijo Trump.

“Estaría genial si el Noveno Circuito fuera en efecto un (ejemplo de un) sistema judicial independiente, pero si lo es, ¿por qué se presentan ante esa corte tantos casos con opiniones opuestas a mí (en temas de frontera y seguridad), y por qué se deroga (mi política) en la gran mayoría de esos casos?”, continuó.

El mandatario pidió a Roberts que “estudie por favor” el “increíble número” de sentencias en su contra en ese tribunal, y agregó: “¡Necesitamos protección y seguridad, y estas sentencias están haciendo que nuestro país no esté seguro! ¡Es muy peligroso e insensato!”, destacó.

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Trump ya había advertido este martes de que pretendía “echar un ojo” a esa corte con sede en San Francisco, y vinculó el bloqueo judicial al hecho de que el juez que dictó ese fallo fue designado por Obama.

“Este era un juez de Obama y les diré una cosa: esto no va a pasar más (…). (Ir a ese tribunal) significa una derrota automática sin importar lo que hagas”, afirmó el mandatario en un tuit.

Trump ha hecho de la nominación de jueces federales una de sus prioridades de Gobierno y ya ha conseguido nombrar a dos magistrados para el Supremo en menos de dos años de mandato, un ritmo inusual. 

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El abogado del Gobierno, Noel J. Francisco, solicitó al Alto Tribunal que actúe antes de que empiece el normal proceso de apelaciones en tribunales intermedios.

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Según Francisco, este proceso “implicaría muchos meses de demora” y haría que “el Gobierno mantenga en su lugar” por la orden de un juez de California un programa que considera “ilegal”.

Trump derogó el programa Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) en septiembre, aunque no expira hasta el próximo 5 de marzo.

Con el fallo del juez federal William Alsup, de California, la decisión de Trump queda anulada. De acuerdo con el proceso habitual, sería al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a quien le correspondería tomar una decisión sobre el recurso del Gobierno antes de que lo haga el Supremo.

Este tribunal, que también tiene su sede en California, ha fallado en numerosas ocasiones en contra de las políticas de Trump, que no ha dudado en criticar públicamente a sus magistrados.

Cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños se acogieron al programa DACA promovido por el expresidente Barack Obama en 2012.

Con DACA, estos jóvenes, a los que se conoce como “Dreamers” (soñadores), obtuvieron permisos temporales de residencia y de trabajo, pero sin el programa podrían enfrentar órdenes de deportación.

Los 'soñadores' están precisamente en el centro del debate político, ya que los demócratas han puesto como condición para aprobar los presupuestos de Trump que se les dé una solución definitiva.

Los fondos de los que dispone el Gobierno expiran la medianoche del viernes al sábado y de no llegar antes a un acuerdo los demócratas provocarían un cierre parcial del Ejecutivo.

Según han informado fuentes judiciales, el ministerio público ha acordado no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia en la que la Audiencia condenó la semana pasada a Messi y a su padre a 21 meses de cárcel por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda entre 2007 y 2009 mediante un entramado de sociedades interpuestas.

La Fiscalía, que inicialmente se querelló contra Messi y contra su padre, acabó pidiendo el archivo del caso para el astro argentino, después de que éste devolviera la suma defraudada, al concluir que no tuvo conocimiento del fraude perpetrado porque su intervención fue “puramente formal”  y se limitó a seguir las indicaciones de su progenitor.

La Fiscalía deja solo a Messi: no recurrirá su pena de 21 meses https://t.co/jfqCfDYfAV pic.twitter.com/E1E7qGersv

— AS (@diarioas) July 13, 2016

Por este motivo, la Fiscalía sólo acusó en el juicio al padre del futbolista, Jorge Horacio Messi, para quien pidió 18 meses de prisión, mientras que la Abogacía del Estado solicitó para ambos una pena de 22 meses y quince días de cárcel.

La Fiscalía tampoco recurrió en su día la decisión de la Audiencia de llevar a Messi a juicio, aunque en ese caso se sumó al informe presentado por la defensa del futbolista, que argumentaba que el cinco veces ganador del Balón de Oro no se tenía que sentar en el banquillo de los acusados por su desconocimiento de la gestión de su fortuna.

La sección octava de la Audiencia condenó finalmente el pasado 6 de julio a Messi y a su padre a 21 meses de cárcel, argumentando que el futbolista también era culpable de los tres delitos de fraude fiscal porque no le exculpaba su “ignorancia deliberada”  sobre la gestión de sus ingresos.

La Audiencia sostuvo también en el fallo que el desconocimiento del derecho fiscal no exime al futbolista de comprender algunos aspectos “desproporcionados”, como que en los años 2007 y 2009 la declaración del IRPF le salió a devolver, pese a sus ingresos multimillonarios.

“Quien ha tratado de eludir la norma, por el camino que sea, no puede resultar beneficiado por ella, amén de que con la impunidad en esos casos se dirige a la ciudadanía el mensaje de que es preferible inhibirse que preocuparse”, remarcaba la Audiencia en su sentencia.

A diferencia de la Fiscalía, los Messi ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo el fallo condenatorio, convencidos de que el Alto Tribunal les acabará dando la razón.

En la sentencia, la Audiencia condenó a los Messi a 21 meses de cárcel -a razón de siete meses de prisión por cada uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública-, y le impuso al futbolista una multa de dos millones de euros por defraudar 4,1 millones entre 2007 y 2009, cifra que ya devolvió antes de iniciarse el juicio.

En su sentencia, el tribunal consideró de “extrema gravedad”  el fraude cometido por el futbolista y desmontó su tesis de que desconocía por completo las decisiones que se tomaban sobre la gestión de sus derechos de imagen: “el desconocimiento evitable, derivado de la indiferencia, no es un error, y no puede provocar una descarga de responsabilidad” .

La Sala Electoral del TSJ consideró “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación”  de los parlamentarios de oposición cuestionados, señaló el fallo.

El TSJ, al que la oposición acusa de aliado del chavismo, declaró además “en desacato”  a estos tres legisladores y a la junta directiva del Parlamento, integrada en su totalidad por la oposición.

La decisión se produjo luego de haber sido admitido por el tribunal un recurso presentado el pasado jueves por la bancada minoritaria chavista, que reclama que la juramentación e incorporación de los tres diputados al Parlamento es ilegal pues sus proclamaciones fueron suspendidas por otra sentencia del mismo TSJ, ratificada en el fallo de este lunes.

“Si el Poder Legislativo está en desacato y se coloca al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un parlamento ilegal y por tanto sus decisiones son ilegales, nulas”, dijo el diputado chavista Pedro Carreño la semana pasada, al presentar el recurso.

Con la juramentación de los tres diputados opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había reivindicado la mayoría calificada de dos tercios  (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre.

Al asumir la oposición el control de la Asamblea, la MUD planteó su agenda centrada en presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el Gobierno, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas.

Se mantendrán

La oposición venezolana aseguró este lunes que sus 112 diputados seguirán legislando, pese a que el TSJ declaró “nulas”  las acciones del Parlamento mientras mantenga a tres diputados opositores impugnados.

“Van a seguir legislando los 112 diputados, esa sentencia del TSJ es de imposible acatamiento.

No hay manera de acatarla, los diputados estamos revestidos, protegidos por la Constitución”, declaró el vicepresidente legislativo, el opositor Simón Calzadilla, al considerar que la decisión del máximo tribunal no es jurídica sino “política”.

Dos tribunales del Estado indio del Gujarat habían rechazado autorizar el aborto de la chica, después de que expirara el plazo de 20 semanas fijado por la legislación local.

El Tribunal Supremo de India admitió este jueves el aborto si los médicos consideran que existe “una seria amenaza para la vida”  de la adolescente, en caso de que su embarazo llegue a término.

M.M. Prabhakar, uno de los médicos de la adolescente, declaró que la joven no está en condiciones de tener al bebé por culpa de su “inestable”  estado mental y de sus “tendencias suicidas”.

El aborto tendrá lugar el viernes en Ahmedabad, la principal ciudad del Estado de Gujarat.

Con ocho votos a favor y uno en contra, la máxima instancia judicial del país sentó jurisprudencia al fallar a favor de Reyes Mata, un mexicano que vivió ilegalmente en EE.UU. durante quince años y, tras declararse culpable de un delito de asalto, recibió una orden de deportación de un juez de inmigración.

Entonces, según recoge el fallo, el mexicano expresó su deseo de recurrir la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), el máximo órgano administrativo para interpretar y aplicar las leyes de inmigración.

Pero su abogado no interpuso el recurso en el plazo establecido de 90 días y, entonces, Mata decidió cambiar de letrado y pidió a la Justicia de EE.UU. que le permitiera recurrir la orden de deportación porque su anterior representante legal no le había defendido correctamente.

La Junta de Apelaciones de Inmigración se negó a prestarle auxilio y, posteriormente, la Corte de Apelaciones para el Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans, alegó que no tenía autoridad para extender la fecha límite para recurrir la deportación.

“Un extranjero con orden de abandonar el país tiene derecho a presentar un recurso para reabrir su proceso de deportación“, estableció el Supremo en su fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, designada por el presidente Barack Obama en 2010 y la más joven en la bancada del tribunal.

De esta forma, el alto tribunal no solo da la razón al mexicano alegando que el tratamiento de la Justicia fue “erróneo“, sino que cambia las reglas del juego sobre inmigrantes indocumentados y procesos de deportación.

Con su decisión, los nueve jueces del Supremo aumentan la protección de los inmigrantes indocumentados al permitirles reabrir en las cortes federales sus casos de deportación, cuando su defensa no les haya ayudado en una instancia judicial previa, ante los jueces de inmigración.

Con siete votos a favor y dos en contra, los magistrados de la máxima instancia judicial de ese país revocaron la pena de cárcel a la que había sido condenado Elonis, al considerar que las letras de las canciones eran “ficticias” y no pretendían representar amenazas reales.

Al contrario, según los magistrados, los comentarios del acusado eran bromas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la información y la libertad de expresión.

Sin embargo, en el fallo, escrito por el presidente del tribunal, John Roberts, los jueces evitan pronunciarse sobre si se violaron los derechos de libertad de expresión de Elonis al condenarlo a prisión.

Los jueces se limitan a considerar que los abogados de la acusación no aportaron pruebas suficientes para probar que Elonis, de verdad, tenía intención de perpetrar las amenazas que contenían sus canciones de rap y, por tanto, su comportamiento era constitutivo de delito.

Uno de los comentarios que profirió contra su mujer decía: “Hay una forma de quererte, pero hay mil formas de matarte. No voy a descansar hasta que tu cuerpo sea un desastre, empapado en sangre y muerto por pequeños cortes.”

Elonis, que utilizaba el nombre artístico de “Tone Dougie”, había sido acusado del crimen federal de transmitir “cualquier comunicación que contenga cualquier amenaza (…) para herir a una persona”, cargo que puede ser castigado con hasta 5 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares.

Durante la vista de esa caso, que se celebró el pasado diciembre, la defensa de Elonis argumentó que sus comentarios formaban parte de una terapia que le ayudaba a lidiar con la ruptura de su matrimonio y su despido de un parque de atracciones en el que trabajaba.

Sin embargo, su mujer aseguró que los comentarios del acusado le hicieron sentir verdadero temor por su vida.

La Fiscalía consideró que despertar miedo y ansiedad en las personas contra las que profería amenazas debería ser suficiente para mantener la condena, más allá de cuáles fuesen las verdaderas intenciones del acusado.

Este caso había despertado notable expectación en Estados Unidos, al ser el primero que la máxima instancia judicial de ese país consideraba para definir la línea que separa, en Internet, las amenazas de la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo de Estocolmo confirmó este lunes las sentencias de tribunales menores ordenando la detención de Assange, diciendo que no hay motivos para retirarlas ya que la investigación continúa abierta.

Desde el 2010, los fiscales han intentado interrogar a Assange por acusaciones de violación, abuso sexual y coerción ilegal realizadas por dos mujeres tras su visita a Suecia ese año.

Los investigadores suecos propusieron en marzo interrogar a Assange en Londres, retirando su petición de que viajara a Suecia para responder a las denuncias en su contra. El australiano accedió a la propuesta, indicaron sus abogados el mes recién pasado.

Assange, que sería arrestado si tratara de abandonar la embajada ecuatoriana, niega las acusaciones y asegura que sus relaciones sexuales con ambas mujeres fueron consentidas.

Rechazó viajar a Suecia por temor a ser enviado luego a Estados Unidos, donde está en curso una investigación sobre la publicación en el 2010 por parte de Wikileaks de 500 mil documentos militares clasificados sobre la guerra en Afganistán e Irak y 250 mil cables diplomáticos que pusieron en aprietos a Washington.