Tribunal dictará sentencia por crimen de maestra alemana

El MP pide condena de 25 años de prisión contra los tres señalados en el caso del asesinato de la docente Elke Wolter

Elmer Vargas

27 de abril de 2024 | 16:47h

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JUICIO MAESTRA ALEMANA. Continœa el juicio contra 3 presuntos asesinos de una maestra de origen alem‡n. Elke Wolter era una maestra residente del pa’s y que daba clases en el Colegio Alem‡n. El 4 de noviembre del 2021 perdi— la vida en un ataque armado en la Colonia La Reformita zona 12. En el Tribunal Quinto de Sentencia Penal se lleva a cabo el juicio donde est‡n sindicados Carla Escobar, Fredy L—pez y Ana ChamalŽ. En la imagen, audiencia en el juicio. Juan Diego Gonz‡lez. 070324

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal programó para el próximo 3 de mayo dictar sentencia dentro del caso donde tres personas enfrentan juicio por la muerte de Elke Wolter Harms, una maestra de origen alemán que fue asesinada en un sector de la colonia La Reformita en la zona 12.

Carla Escobar, Fredy López y Ana Chamalé son señalados por el Ministerio Público (MP) de estar supuestamente involucrados en el asesinato de la maestra. El crimen ocurrió la tarde del 4 de noviembre de 2021, la víctima conducía su vehículo cuando sufrió el atentado donde perdió la vida.

El juicio contra los tres acusados inició el pasado 8 de febrero, día en el que Fredy López y Ana Chamalé decidieron declarar ante el tribunal. Luego de escuchar la versión de los hechos narrada por Chamalé, el tribunal indicó que su testimonio podría dar un giro a la investigación y solicitó a los medios de comunicación que no se podía dar a conocer de forma pública.

25 años de prisión

En la continuación del juicio y en la etapa de conclusiones, el ente investigador solicitó al tribunal que los sindicados reciban una condena de 25 años de prisión inconmutables por el asesinato de la docente.

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Abogados a cargo de la defensa de los acusados, solicitaron al tribunal una sentencia absolutoria con el argumento de que las pruebas e indicios presentados por el MP carecen de sustento y que no comprueban la participación de sus defendidos.

Hasta el momento, se desconoce las causas del ataque contra Elke Wolter y los motivos de los hechos. Será a inicios de mayo que se conozca la decisión del tribunal, si dicta una sentencia condenatoria o deja en libertad a los acusados.

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Por qué Maycom quedó fuera de la emisión de licencias

El amparo provisional establece que las circunstancias hacen aconsejable el amparo provisional, dice la resolución, con el objeto de que se continúe prestando el servicio de la emisión de licencia de conducir en la forma en que lo ha realizado la entidad Mayoreo de Computación, Sociedad Anónima (Maycom).

En ese sentido, ordena a Carlos Tohom, director de la Policía Nacional, para que, a través del Departamento de Tránsito, haga “inmediatamente” las medidas administrativas que sean necesarias para que el servicio no se suspenda.

También ordena a Maycom continuar con el servicio en las mismas circunstancias y forma en las que lo ha hecho hasta que haya un amparo en definitiva.

El amparo fue otorgado por los magistrados Miguel Enrique Catalán Orellana, presidente en funciones; Giovanni Francisco Soto Barrios Santos, vocal I en funciones, y Amanda Elizabeth Rivera López, vocal II en fuciones.

El servicio de licencias estaba rodeado de incertidumbre a partir del 1 de enero de 2020 porque un día antes vencerá el contrato de Maycom y el concurso para la prestación del servicio durante siete años fue anulado porque esa compañía, la única oferente, cometió un error que la dejó fuera del proceso.

El error radicaba en que Maycom puso en la papelería como beneficiario del seguro de garantía al Departamento de Tránsito de la PNC y no a la Dirección General de la institución.

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, dijo el 12 de diciembre que abogados de esa dependencia y de Maycom estaban buscando la salida legal al asunto y encontrar una figura legal para que el servicio de emisión de licencias no se detenga. Incluso garantizó, sin decir cómo, que los conductores de vehículos no tendrán problemas a principios de año con ese tema.

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Lo que es necesario admitir es que no hay un país donde el poder estatal, que ajuste sus actos a los mandatos legales, abandone la lucha por remediar esa situación caótica. Contrariamente, en casi todos los Estados se hace un esfuerzo enorme por perfeccionar las técnicas de investigación policial, la persecución penal y la administración de justicia.

En el Estado Constitucional de Derecho la aplicación de las leyes se ejercita, por una parte, mediante actos de la jurisdicción ordinaria y, por la otra, en la defensa del orden constitucional que tiene su más alta expresión coercitiva en las sentencias, en nuestro caso, de la Corte de Constitucionalidad.

El problema surge en los Estados donde el poder público está infestado por delincuentes, una de cuyas más notorias manifestaciones es el irrespeto a la separación de poderes y una constante agresión al trabajo tribunalicio. Y aquí, entre nos, es frecuente escuchar de funcionarios la frase “Yo respeto la sentencia, pero no la comparto”, lo cual pone de manifiesto un ánimo delictivo por la desobediencia al imperio del Derecho.

Pienso que, para evolucionar a más altos niveles de civilización, debería tomarse como ejemplo a países donde los jueces son respetados y sus resoluciones acatadas y cumplidas, en tiempo y forma. Cito uno, entre muchos, a España. El Gobierno, en 2011, usó todos los recursos legales a su alcance para anular la organización y funcionamiento de una coalición electoral de varios partidos políticos opositores.

El caso pasó por las instancias de la jurisdicción ordinaria y terminó en manos del Tribunal Constitucional. El Gobierno, muy a su pesar, perdió el caso; pero, en lugar de decir “yo respeto esa sentencia, pero no la comparto”, emitió el siguiente aleccionador comunicado: “El Ministerio de Justicia acata y expresa su absoluto respeto a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo presentado por la coalición electoral Bildu.

Desde el primer momento, el Gobierno ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las leyes y siguiendo los procedimientos establecidos. En el Estado de Derecho a cada poder del Estado corresponden concretos cometidos y el Gobierno ha cumplido con los suyos.

En nuestro sistema constitucional es competencia de los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales.

El Gobierno a través de la Abogacía del Estado impugnó todas las candidaturas presentadas por considerar que de los informes en su poder se derivaban motivos suficientes para cuestionar su legalidad. La Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dictó sentencia estimatoria y declaró su nulidad.

Interpuesto el recurso de amparo el Tribunal Constitucional ha reconocido que la coalición puede participar en las elecciones.

Las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que tiene la última palabra en esta materia, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos”.

“Ella solicitó mi presencia en el despacho para hacer requerimientos sobre el presente debate”, puntualizó el juez ante los sindicados y abogados en el proceso.

Este miércoles estaba programada la continuación del juicio contra señalados en dos casos de corrupción relacionados con el manejo de recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

"Ayer presenté la formal denuncia (contra Blanca Stalling)…", dice juez Carlos Ruano. Video: J. Ramos https://t.co/iBuEhGWFJI Escuche ► pic.twitter.com/GxH2E0auGc

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 11, 2017

En el proceso está involucrado Otto Molina, hijo de la magistrada Stalling, a quien habría intentado favorecer con presiones al juzgador.

Ruano afirmó que ante el llamado de la magistrada, tomó las acciones pertinentes para documentar su presencia en esa oficina. “En ningún momento iba a comprometer mi trabajo”, manifestó.

Acusado Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila. @prensa_libre pic.twitter.com/Fa6FKQumOM

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) January 11, 2017

Ruano fue designado el 30 de agosto del año pasado por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, para integrarse al Tribunal y conocer el proceso.

“Ayer presenté la formal denuncia ante el Ministerio Público sobre los hechos que sucedieron en virtud de que la magistrada vocal séptima de la CSJ Blanca Aída Stalling me hiciera en su oportunidad”, indicó.

Luego de la denuncia de Ruano, las juezas Dinora Martínez y María Sitavi, también se excusaron de continuar con el proceso.

El juicio contra los 18 acusados por las investigaciones de IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de varios meses de procedimientos que detenían el avance.

En mayo del año pasado se suspendió por primera vez luego de una recusación planteada por la defensa de algunos señalados.

El Tribunal recibió en ese momento solicitudes de los abogados respecto a que ambos procesos surgieron de hechos que se investigan no solo en momentos sino en lugares distintos, por lo cual se asegura que en el juicio que se tiene programado para este martes no deberían estar todos los acusados.

En el caso IGSS-Pisa se investiga el contrato que el Seguro Social otorgó a la Droguería Pisa para dar tratamiento a enfermos renales afiliados a la entidad, el cual, según las denuncias de los pacientes, era deficiente y habría causado el deterioro de su salud, lo cual produjo la muerte de más de 30 personas.

El caso IGSS-Chiquimula refiere a las reparaciones en la clínica del Seguro Social ubicada en la cabecera de Chiquimula, labor para la cual fue contratada una empresa con vínculos a Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Compras y Contrataciones del IGSS, por lo cual se habría incurrido en ilegalidades para beneficiar a una constructora.

No renunciará

Blanca Stalling, magistrada de la CSJ, se pronunció esta tarde ante los señalamientos del juez que integra el Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, quien denunció públicamente que recibió presiones de ella para favorecer a un sindicado.

“Les voy a dar mi versión, esto es a raíz de lo que la señora fiscal dijo, me lo encuentro -al juez Ruano- y me dice que él fue nombrado en el caso de mi hijo pero que él no quiere llevar el caso, y que si puede hablar conmigo”.

En otra parte de sus declaraciones dijo Stalling en su defensa “jamás le pediría a ningún juez que haga algo ilegal”. “Me preocupa la actitud de él —el juez—. Yo lo que pido es que se haga justicia”, agregó la magistrada de la CSJ.

Con relación a si está dispuesta a dejar su cargo, aseguró “yo no estoy pensando en renunciar”. “Desde que la Cicig está aquí se han presentado casos fantásticos, dignos de una novela”, refirió Stalling.

Juez recibe apoyo

Organizaciones sociales se pronunciaron esta tarde en apoyo al juez Carlos Ruano Pineda, y al mismo tiempo mostraron su indignación por la supuesta presión que ejerció la magistrado Stalling contra dicho juzgador.

“Reconocemos la labor de jueces independientes, imparciales y honestos como el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien este día se excusó de conocer el caso IGSS-Pisa, por haber sido requerido por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de favorecer a su hijo Otto Molina Stalling, procesado por dicho caso”, dicen en un comunicado las organizaciones firmantes.

En otro párrafo se lee “las y los firmantes nos encontramos indignados por las presiones que han existido contra jueces y juezas independientes, quienes debido al cumplimiento de su función legítima, han sido objeto de presiones indebidas. Es aún más preocupante, que dichas presiones provengan desde dentro del Organismo Judicial, lo cual constituye obstrucción a la justicia y abuso de poder”.

También se pronunció la Embajada de Estados Unidos por medio de su cuenta de Twitter expresó “la transformación de las instituciones afianza los esfuerzos por eliminar la contaminación que las ha viciado durante mucho tiempo”.

En otro mensaje dijo “los cambios de un país requieren participación de todos, cada uno cumpliendo su papel, denunciando los delitos y exigiendo justicia”.

También menciona la sede diplomática “la depuración en las instituciones es esencial para poder avanzar en el proceso de eliminación de la impunidad”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por medio de un comunicado emitió su pronunciamiento en donde resalta la importancia de garantizar la independencia judicial y llama al Estado a garantizar la protección de los jueces y juezas.

“Una jueza o un juez, una magistrada o un magistrado independiente e imparcial se constituye en un defensor de los derechos humanos y en un garante de la lucha contra la impunidad”, dijo Ana María Upegui, representante de Oacnudh-Guatemala.

Con información de Byron Rolando Vásquez

En tanto para el tribunal aduanero se eligieron a Silvia Eugenia Santizo López, Gerbert Estuardo Salguero Martínez, Brenda Priscila Hernández Folgar, Jéssica Lourdes Merino Toledo y Wendy Patricia Aguilar Yzeppy.

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Será hasta el lunes próximo que puedan quedar en firme esas elecciones explicó el superintendente Juan Solórzano Foppa, posteriormente a eso podrían tomar posesión.

Las funciones que hasta ahora han estado en manos del propio directorio de la SAT cambiarán con las  en el decreto en mención y pasarán a ejecutarse por este tribunal, como conocer casos de recursos presentados por los contribuyentes en contra de decisiones de la SAT.

Requisitos y ofrecimientos

El plazo del nombramiento es por ocho años, con un salario mensual de Q25 mil contratado en el renglón presupuestado 011, más prestaciones, y quienes sean nombrados no podrán ejercer otro cargo público o privado, aunque se exceptúa los casos establecidos en el artículo 112 de la Constitución.

Ese artículo se refiere a la prohibición de desempeñar más de un cargo público y establece que “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Además deben indicar si se postulan para el tribunal aduanero o al tributario.

Aparte de ser profesionales universitarios se pide ser guatemalteco, mayor de 30 años, experiencia mínima de cinco años en materia tributaria o aduanera.

El directorio de la SAT convocó en septiembre a un concurso público por oposición para elegir a los 10 profesionales que integrarán ambos tribunales.

Cinco plazas serán para el Tribunal Administrativo y las otras para el  Aduanero.

La mayoría de los aspirantes  es personal que en la actualidad ocupa algunos  puestos en el ente recaudador o que laboró en la institución, según la nómina que fue publicada en el portal de la SAT.

La próxima semana,  el Directorio comenzará a efectuar  la calificación y  evaluación de los profesionales que presentaron  papelería.

Además,  la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Directorio, también realizará la publicación de la convocatoria para invitar a los profesionales a participar en la elección.

Estas acciones para elegir al nuevo personal calificado se dan en medio de un recurso de amparo que presentaron los actuales integrantes del Directorio de la SAT a la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso, por considerar que fueron electos para cubrir un período de cuatro años.

• Lea también: el Directorio de la SAT emite resolución desfavorable

Ofrecimientos

El plazo del nombramiento es por ocho años, con un salario mensual de Q25 mil contratado en el renglón presupuestado 011, más prestaciones, y quienes sean nombrados no podrán ejercer otro cargo público o privado, aunque se exceptúa los casos establecidos en el artículo 112 de la Constitución.

Ese artículo se refiere a la prohibición de desempeñar más de un cargo público y establece que “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Aparte de ser profesionales universitarios se pide ser guatemalteco, mayor de 30 años, experiencia mínima de cinco años en materia tributaria o aduanera.

Los 53 profesionales aspirantes al tribunal tributario:

Los 38 profesionales aspirantes al tribunal aduanero:

Los tres profesionales aspirantes al tribunal tibutario/aduanero:

La cerradura de la puerta de la vivienda no estaba forzada y los perros pitbull no alertaron de la presencia de ningún extraño porque se cree que los responsables de las muertes son familiares de las víctimas.

Por el caso están acusados el taxista Eriberto Cámbara Barrera, Elfidio Antonio Pérez Barrera, Paula Teresa Méndez y sus sobrinos Carlos David Chávez Méndez y un menor de edad —sancionado por un juzgado de menores—.

El ataque

Los informes de necropsia presentados durante el debate confirmaron que González Valdez y sus hijas murieron baleadas y que la mayoría de impactos los recibieron en el cráneo. Algunos de los balazos fueron disparados a corta distancia.

La menor de la niñas dormía en el sofá cuando la ultimaron y la hermana del medio habría intentado huir al presenciar el ataque contra su madre y hermanas, pues su cuerpo fue hallado cerca de la puerta, informó el MP.

Visitas nocturnas

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que el objetivo de los atacantes era eliminar a Élmer Chávez, esposo de González Valdez y padre de las tres niñas. Esa noche, este llegó tarde a su casa porque la reparación de uno de los cuatro buses de su padre lo había demorado.

Élmer Chávez es hermano de Carlos David Chávez Méndez —de parte de su padre—, uno de los sindicados.

De acuerdo con las pesquisas, lo que los victimarios pretendían era apropiarse de los buses.

Tres meses antes, en noviembre del 2014, Teresa Méndez y su esposo, ex guardaespaldas de un exdiputado, invitaron a la familia Chávez González a visitarlos en la aldea El Chiltepe, Jutiapa. Al volver sufrieron un atentado del cual salieron ilesos.

Durante los tres meses siguientes, cuando Teresa Méndez y su esposo venían de Jutiapa, acompañados de Carlos David visitaban,a los Chávez González por las noches, en la zona 21, aunque nunca estacionaron su vehículo frente al inmueble, según la Fiscalía.

Los fotogramas establecieron que la noche de los crímenes el taxista, Cámbara Barrera, dejó a Teresa Méndez y su esposo cerca de la casa, y a otros dos ocupantes. Carlos David y el menor de edad descendieron de una camioneta corinta.

Las investigaciones establecieron que existe una relación entre la temporalidad en que los sindicados fueron captados a inmediaciones de la casa de los Chávez y la hora de la muerte de las víctimas. Además, la camioneta es propiedad del padre de los hermanos Méndez, que solían usar.

En el caso se cuenta con cuatro escuchas en las que dos de los sindicados planifican la muerte de Chávez, lo que confirma las sospechas.

En una de las conversaciones, Méndez le advierte a otro sindicado que deben deshacerse de las armas. “La Policía nos está siguiendo, si nos agarran nos hunden”, expresó, según los fiscales.

Los indicios

Varias pruebas han sido presentadas al Tribunal

• Los cotejos de voz confirmaron que las voces de los acusados son las mismas de las escuchas.
• Mientras cometían  los crímenes, uno de los cómplices quemó  cohetillos para disimular el ruido de los balazos.
• La noche del crimen,  los fiscales encontraron quesadillas recién servidas y las huellas dactilares de Pérez Barrera en una taza.
• Testigos indicaron  que las víctimas no compraban quesadillas porque sus familiares les proveían.
• Los casquillos hallados en la vivienda coinciden con indicios encontrados en otros crímenes perpetrados en El Chiltepe, Jutiapa.

Los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrieron el 28 de febrero del 2015, en Sagrada Familia  “Pavas” , cuando los imputados llegaron a bordo de un automóvil y se estacionaron en la calle donde se encontraban las tres víctimas.

Salieron del carro y dispararon en múltiples ocasiones contra los ofendidos, provocando la muerte de dos de ellos y lesiones graves en uno.

Hernández, Solano y Cordero recibieron 25 años de pena por cada homicidio y 20 años por la tentativa de homicidio.

El acusado, de 70 años, escuchó impasible la lectura de la condena. Su abogado anunció que apelará.

Más de 20 años después de la guerra que causó más de cien mil muertos y 2.2 millones de desplazados, “se hizo justicia” , aseguró el fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

En la sala había exprisioneros y madres de víctimas de Srebrenica, así como diplomáticos y periodistas de todo el mundo.

Karadzic es hasta el momento el funcionario de más alto rango sentenciado por el TPIY, tras la muerte en 2006, durante su juicio, del expresidente serbio Slobodan Milosevic.

Reconocible por su abundante cabellera blanca, Karadzic fue el presidente de la república unilateralmente proclamada de los serbios de Bosnia, la República Srpska.

Quería, según la acusación, dividir Bosnia y “expulsar permanentemente a los musulmanes y croatas de los territorios reivindicados por los serbios de Bosnia”.

El miércoles, durante su alegato final, Karadzic afirmó que era “un hombre de paz”. “Hice todo lo que era humanamente posible para evitar la guerra y reducir el sufrimiento humano”, declaró.

Esta sentencia “es simbólicamente poderosa, sobre todo para las víctimas de los crímenes durante las guerras en Bosnia-Herzegovina y en toda la exYugoslavia, pero también para las víctimas en el mundo entero”, dijo en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein.

“Limpieza étnica”

Karadzic, psiquiatra de formación, era el máximo jefe político en la parte bajo control serbio en Bosnia cuando ocurrió la matanza, en julio de 1995, de casi ocho mil hombres y adolescentes musulmanes en Srebrenica, la peor que se ha cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El tribunal considera probado que esta masacre fue parte de un plan de “limpieza étnica” montado por Karadzic con el general Ratko Mladic y Slobodan Milosevic después de la desintegración de Yugoslavia, en 1991.

La acusación también le imputaba la responsabilidad del asedio de Sarajevo, que duró 44 días y se cobró 10 mil vidas, así como de los campos de detención en “condiciones de vida inhumanas”, pero esos cargos no fueron retenidos.

Karadzic, otrora el fugitivo más buscado de Europa, escapó a la justicia internacional durante casi 13 años.

Fue detenido en julio de 2008 en un autobús en Belgrado. Se hacía pasar por un terapeuta de medicina alternativa.

Su juicio por genocidio ante el TPIY empezó en octubre del 2009 y terminó en octubre de 2014 después de 497 días de audiencias y 586 testigos.

Para el fiscal Serge Brammertz, el juicio contra Karadzic es “uno de los más importantes de la historia del TPIY”, tanto por el número de víctimas como por la “responsabilidad de hombres políticos en el sufrimiento de su pueblo”, afirmó.

“La CICIG contribuyó en el sentido que ellos quieren que se regule, para que no vuelvan a resurgir estos grupos criminales que se regeneran y se desaparecen, dentro de instituciones como aduanas y como SAT”, comentó Flores.

El Icefi se decantó por personalizar las responsabilidades. “Desde 1998, que se creó la entidad —SAT—, han ocurrido casos como La Línea, y el Directorio de la SAT no ha sido responsable de nada”.

El ministro de Finanzas propone —entre otros— cambios a la integración del Directorio, la creación de una inspectoría interna de la SAT y comisiones para designar a la terna de donde se escogería al superintendente.

Posiblemente uno de los elementos más novedosos y de alto impacto sería la creación de un Tribunal Tributario Aduanero o TTA.

Aunque todavía no se ha hecho público el contexto del Tribunal —TTA—, es lógico deducir que se trata de una instancia parecida a la española —Tribunales Económico Administrativos—,tica—Tribunal Aduanero—, o chilena —Tribunal Tributario Aduanero—, es decir, un recurso especial para impugnar actos de la administración tributaria (SAT), en otras palabras, la última instancia administrativa, previa a pasar a las instancias judiciales.

La idea de fondo de estas instancias, llamadas tribunales, es cumplir con tres funciones:

a. Que el ciudadano, por ejemplo, un importador, cuente con un recurso de impugnación frente a resoluciones o actos de la SAT, por ejemplo, en temas de valoración de las mercancías o correcta clasificación (temas centrales del caso La Línea), por un órgano independiente o desvinculado de la propia SAT; en otras palabras, se eliminaría aquello de ser juez y parte.

b. Los miembros del Tribunal deben ser especialistas en materia fiscal; por ejemplo, en Costa Rica, el TA debe integrarse por siete miembros, cuatro abogados con experiencia de al menos cuatro años en temas aduaneros y tres especialistas en materias como Valoración Aduanera, Clasificación Arancelaria o Normas de Origen.

c. Quien resuelve es un órgano colegiado, lo que brinda mayor certeza a la decisión.

En Costa Rica la misión del Tribunal es impartir justicia pronta y cumplida. Sus objetivos son: conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado los recursos de apelación interpuestos contra actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa que facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de las autoridades competentes y genere seguridad jurídica y certeza tributaria a los usuarios de los servicios.

El caso chileno de TTA es un tanto diferente, ya que su reciente modificación legal (2015) de simplificación de Reforma Tributaria permite a la administración tributaria llevar al TTA casos que considere elusión, es decir, disminuir la carga tributaria a través de medios jurídicamente anómalos.

Es muy positivo comenzar a escuchar temas y propuestas específicas, todos queremos modernizar a la SAT, pero no es viable seguir en generalidades.

Claro está, todo esto requiere voluntad política, conocimiento técnico y financiamiento. La presencia de FMI, Banco Mundial y BID en buena medida facilita dos de estas condiciones. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de la voluntad política.

El joven se acercó a Rajoy y le dio un puñetazo en la cara que le rompió las gafas, antes de ser inmovilizado por los guardaespaldas del presidente del gobierno.

Una foto publicada después del incidente mostraba a Rajoy con una gran marca roja sobre el cuello y la mejilla izquierda. El dirigente no sufrió, sin embargo, heridas graves y pudo continuar con su paseo por la ciudad.

El agresor “será internado en un centro… por un periodo máximo de seis meses” , anunció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El juzgado de menores de Pontevedra podrá, no obstante, dejar sin efecto esa medida o decidir su prórroga.

Rajoy, de 60 años, que busca la reelección en las elecciones legislativas del domingo, ha multiplicado durante los días de campaña los encuentros con los ciudadanos en las calles, algo que hasta ahora hacía poco.

El presidente del gobierno viajó a Bruselas este jueves para la última cumbre de dirigentes de la UE en su mandato de cuatro años.  

Hace una semana, una votación secreta en la Cámara de Diputados en la cual una lista opositora derrotó holgadamente a la apoyada por Rousseff eligió a una comisión legislativa que analizará si el procedimiento de impeachment debe proseguir o no.

Los legisladores pidieron a los jueces que clarifiquen si la votación no debió haber sido pública, si la mandataria no tiene derecho a una defensa previa y si el Senado no debe ratificar una potencial decisión afirmativa de los diputados para separarla del cargo.

    La sesión de la Corte Suprema es un paso más en la judicialización del impeachment, que ha estado salpicado de recursos jurídicos mucho antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidiera este mes aceptar uno de los varios pedidos de destitución de la presidenta presentados en el 2015.

    Según “el rito”  más aceptado hasta el momento, Rousseff será suspendida de la presidencia por hasta seis meses si la cámara baja aprueba con dos tercios de los votos un eventual parecer positivo de la comisión.

    En ese caso, el Senado debe juzgar a la presidenta y decidir si la destituye o no.

Enfrenta tormentas

    Rousseff, una exguerrillera de izquierda de 68 años reelecta para un segundo mandato hace menos de un año, enfrenta tormentas en todos los frentes, con la economía en recesión desde el segundo trimestre, déficit fiscal, una inflación superior a dos dígitos y un desempleo creciente.

    La coalición de gobierno está fisurada, un megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras salpica a todo el establishment político y el Congreso demora en aprobar el crucial plan de austeridad presentado por el gobierno.

Es “una forma de golpe”

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró este miércoles que el juicio político solicitado por la oposición en su contra es “una forma de golpe”, durante un acto con jóvenes en el que estuvo acompañada por el exmandatario uruguayo José Mujica.

“Lucharé contra la interrupción ilegítima de mi mandato con todas las herramientas que da el Estado Democrático de Derecho”, declaró la mandataria ante miles de estudiantes congregados en la apertura de una conferencia nacional sobre la juventud.

“Está en curso una batalla, una lucha que dictará los rumbos de nuestro país”, afirmó la presidenta, que puede ser sometida a un juicio con miras a su destitución por maniobras financieras que ha hecho su Gobierno para maquillar los resultados fiscales.

Pese a la firmeza de la presidenta, la Corte Suprema aclaró hoy que el trámite para un juicio político en su contra iniciado en la Cámara de Diputados se ajusta a derecho y a lo contemplado en la Constitución para un trámite de esa naturaleza.
Sin embargo, Rousseff insistió más de una vez en que la oposición “intenta interrumpir un mandato popular conquistado legítimamente en las urnas” y afirmó que “esa falta de razón se llama golpe”.

Admitió, no obstante, que la Constitución brasileña prevé la posible destitución de un mandatario, pero volvió a arremeter contra sus adversarios al afirmar que las leyes al respecto “no prevén la invención de motivos para derrumbar a un presidente legítimo”.

Según Rousseff, “los que buscan atajos para el poder quieren derrumbar una mujer, pero también quieren derrumbar un proyecto que ha incluido al pueblo en los presupuestos gubernamentales”.

La mandataria fue aclamada por los jóvenes presentes, que también ovacionaron al expresidente José Mujica, quien se limitó a acompañar a Rousseff en el escenario pero no pronunció ningún discurso.

En el caso de Martinelli, la máxima instancia electoral avaló la solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de levantar el fuero al exgobernante para investigarlo por un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic (FP) , en el que se menciona su nombre.

El TE suspendió el fuero penal electoral que ostenta el exgobernante en su condición de presidente y representante del opositor partido Cambio Democrático (CD) , al considerar que la investigación penal que adelanta la CSJ no guarda relación directa o indirecta con un proceso electoral interno del colectivo político.

El pasado 23 de septiembre, la Corte Suprema admitió dos nuevas causas penales que supuestamente vinculan a Martinelli, dirigente del partido Cambio Democrático, con actos de corrupción.

Una de estas dos causas está relacionada a un expediente administrativo que le fue remitido a la CSJ por la Superintendencia del Mercado de Valores  (SMV) sobre un fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic  (FP) .

Versiones de prensa local apuntan a que Martinelli estaría vinculado a FP con una cuenta bancaria con la que presuntamente hizo transacciones ilegales con base en el conocimiento de información privilegiada.

La CSJ ha señalado que se admitió este expediente enviado por la Superintendencia “para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine si se ha incurrido en la posible comisión de un delito tipificado por el Código Penal” , que serían delitos financieros o de blanqueo de capitales, según medios locales.

La sala de acuerdos del TE también accedió a la petición de la Fiscalía Primera Anticorrupción de levantar el fuero penal a la exprimera dama por un caso de corrupción relacionado con la compra de unas bolsas de comida durante las Navidades de 2013 a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional  (PAN) .

Los tres magistrados del TE decidieron que la Fiscalía puede continuar con la investigación a Linares de Martinelli ya que no afecta sus derechos políticos como candidata a las elecciones internas del partido que dirige su esposo, Cambio Democrático.

La Justicia panameña investiga la adquisición con supuestas irregularidades de 110 mil bolsas de comida que el despacho de la Primera Dama repartió por el país en la Navidad del 2013.

La compra, por US$5 millones, se hizo a través PAN, que es investigado por distintas corruptelas en la pasada Administración.

En el caso del hijo del exmandatario, el TE indicó en su acuerdo de sala que no es necesario levantarle el fuero, como lo solicitó la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, pues ya “renunció de manera tácita al mismo”  al no haber advertido ante la funcionaria judicial de instrucción que gozaba de ese beneficio procesal como convencional principal en las elecciones internas de CD.

La Fiscalía solicitó levantar el fuero a Martinelli Linares para investigarlo por su presunta vinculación a la obtención de manera irregular de una concesión del Estado a la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A, para operar el bingo televisivo conocido como Buko Millonarioña.

Aludió a una decisión unánime del Tribunal de Cuentas, cuyos nueve miembros rechazaron los alegatos presentados por el Gobierno brasileño con la intención de modificar una decisión de ese organismo que consideró irregulares los balances oficiales correspondientes al año pasado.

La investigación realizada por el tribunal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.

Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales  (10.600 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.

Los balances oficiales correspondientes a 2014 fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas a mediados de este año, cuando se le dio al Gobierno un plazo para presentar su defensa, que los miembros de ese organismo consideraron “insatisfactoria”  en una decisión tomada este miércoles.

Uno de los principales alegatos del Gobierno fue que atrasos en el envío de recursos a la banca pública son “comunes”  en la gestión pública y que ya habían ocurrido con los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso  (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010) , con la Ley de Responsabilidad Fiscal ya en vigor.

Sin embargo, el tribunal ratificó su decisión, en el sentido de que se trata de “irregularidades graves”  y prueban que “el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse” , en un “claro incumplimiento”  de la ley.

“Lo que estamos discutiendo es exactamente eso. Si el Gobierno cumplió o no cumplió la ley y el Tribunal de Cuentas dice que no” , apuntó el presidente del PSDB, uno de los partidos de oposición que han promovido la apertura de un juicio político contra Rousseff.

El proceso con miras a la destitución de la presidenta, que se fundamenta en esas maniobras fiscales, comenzó este martes pero fue suspendido hasta la semana próxima por la Corte Suprema, que deberá esclarecer algunos de los procedimientos para el trámite.

En vez de 30 días, la máxima instancia judicial de ese país aceptó conceder a los estados ocho días adicionales -que se suman a los 30 que ya tienen- para defender en su escrito judicial los daños económicos que supuestamente sufrirían al expedir licencias de conducir a los indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.

El tiempo se ha convertido en un factor clave, pues si los nueve jueces del Tribunal Supremo aceptan en enero escuchar el caso y deciden en junio del 2016 sobre las medidas de Obama, decretadas hace un año, el mandatario podría frenar las deportaciones antes de abandonar la Casa Blanca, en enero del 2017.

En ese caso, el Tribunal Supremo emitiría, a casi seis meses de las elecciones presidenciales, su veredicto sobre los indocumentados, que se han convertido durante la campaña en un arma arrojadiza entre los candidatos republicanos y demócratas.

Los comentarios despectivos de aspirantes, como el magnate Donald Trump, que propuso la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de 11 millones de indocumentados, han encendido a la comunidad hispana, cuyo voto podría ser crucial para decidir al próximo inquilino de la Casa Blanca.

Con el objetivo de presionar al Supremo, una coalición de 224 organizaciones defensoras de los inmigrantes presentó el martes un escrito, en el que narran la historia de éxito de diferentes indocumentados como Jose Antonio Vargas, de origen filipino y ganador de un premio Pulitzer en el 2008.

Mientras la batalla se afila en la arena política y judicial, en el Tribunal Supremo está el futuro de las personas que se beneficiarían del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres  (DAPA) , actualmente bloqueado y dirigido a los padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.

En las manos del Supremo está también el plan de Acción Diferida  (DACA) , destinado a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers”   (soñadores) , que llegaron al país siendo niños.

Lo que se encuentra suspendido de este último plan para jóvenes creado en el 2012 es la ampliación que dictó Obama hace un año con el objetivo de que tuviera más beneficiarios.

El presidente se comprometió por primera vez en el  2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma en ese terreno.

El magistrado Mario Aguilar Elizardi explicó que revisan dos tipos de situaciones ya que unos diputados electos han sido señalados por no cumplir con los requisitos de idoneidad estipulado en el artículo 113 de la Constitución, y otros son señalados de ser contratistas del Estado.

Elizardi no especificó cuántas diputaciones se analizan y de quienes se trata, pero aseguró que todavía analizan varios casos.

Paula Rodríguez, fiscal del Partido Patriota, dijo que revocar cargos electos ya no es competencia del TSE y aseguró que los magistrados los inscribieron y tuvieron el tiempo de desacreditarlos, pero ahora ya no lo pueden hacer.

También el fiscal de la Unión del Cambio Nacional, Francisco Yax, dijo que el proceso de verificación de idoneidad de las candidaturas ya pasó, y no pueden eliminar las candidaturas electas.

La presidenta en funciones del TSE, María Eugenia Mijangos, explicó que sí están en ley para analizar si adjudican o no las diputaciones, y por eso es que todavía llevan a cabo la evaluación.

El TSE tiene en análisis 26 diputaciones, por señalamientos de que los electos serían, supuestamente, contratistas del Estado.

Cometieron perjurio

El 12 de noviembre último,  TSE determinó que algunos de los congresistas electos cometieron el delito de perjurio, al mintir en su declaración jurada y no podrán asumir, según explicó en esa fecha el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra.

Guerra aseguró que antes de las elecciones eran 30 mil candidaturas las que se debían investigar y no les dio tiempo, pero ahora que el número se redujo a 158 electos, pueden verificar si cumplen con el requisito de honorabilidad.

El funcionario mencionó que de acuerdo con la investigación, los móviles del crimen fueron las extorsiones a  los transportistas de esta ruta.

Se informó que al debate acudieron cuatro testigos, quienes afirmaron que el día de los hechos el condenado se encontraba en Huehuetenango, cuya versión no fue creíble por los jueces del tribunal.

Para dictar condena, los juzgadores se basaron en el testimonio de un testigo que viajaba en el bus el día de los hechos, ya que este reconoció a Chávez, quien acompañaba al menor que le disparo al conductor.

El tercer lugar lo ocupó Rubén Xoyón de la agrupación política C.A.S.A, según datos del Tribunal Supremo Electoral.

Otras alcaldías

La alcaldía de Parramos, Chimaltenango, fue ganada por Juan Carlos Ruwet Castellanos.

Francisco Tepaz Ajú fue electo para dirigir la Municipalidad de Santa Apolonia, durante los próximos cuatro años.
En tanto, Héctor Gonzalo Alfaro Moscoso, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), ganó la Alcaldía de San Miguel Pochuta

Juan José Cua Hernández, del  partido Líder, fue electo como jefe edil de El tejar.  Hugo Israel Guch Ajpuac ganó las elecciones de alcalde en San Andrés Itzapa, y Bernabé Ajín Vicente, por la agrupación política Líder, ganó la Alcaldía de San Pedro Yepocapa.

La Alcaldía de San Juan Chamelco fue ganada por Ervin Orlando Tut Quim del Partido Patriota.
En tanto que en San Pedro Carchá ganó la silla edil Erwin Arturo Catún, de Líder. El TSE informó que en Chahal resultó ganador  Carlos Francisco Córdova, por  Líder.

En La Tinta triunfó José Everildo Motataya, quien dirigirá la comuna durante los próximos cuatro años.
En Fray Bartolomé de Las Casas, la contienda fue ganada por Lilian Piedad García del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

Inconformidad

Fredy Ochaeta, presidente de la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz,  informó que supuestos simpatizantes del partido UCN destruyeron 10 mesas electorales ubicadas en el Instituto Nacional de Educación Básica 30 de junio en Chisec. Añadió que los incidentes ocurrieron porque los resultados de los comicios no eran favorables para la referida agrupación política.

Agregó que a unas 50 personas que estaban en lugar abandonaron el inmueble para salvaguardar su integridad física.
Aparte, en los centros de votación de las aldeas Chamil y Chamisun, en San Juan Chamelco, integrantes de las juntas receptoras de votos abandonaron el material electoral, ya que un grupo de pobladores arremetió contra ambos inmuebles.

De acuerdo con datos de autoridades electorales, Amado  Pérez, candidato alcalde de Líder, ganó la Alcaldía de Rabinal, en tanto, que Luis Morales del Partido Patriota  y Octaviano Xitumul del comité cívico El Chilate, ocuparon el segundo y tercer lugar.

En San Miguel Chicaj, las elecciones para alcalde fueron ganadas por Édgar Edán Ixtecoc, quien compitió por el partido Líder.

Tomás Alonzo del Líder ganó la silla edil de Cubulco; mientras, que en Granados el ganador fue Byron Ronaldo Alvarado de Líder.

En Santa Cruz el Chol fue electo Adolfo Mayén de FCN- Nación, En San Jerónimo ganó la alcaldía Moisés Canahuí, en Purulhá las elecciones para alcade fueron ganadas por Sebastián Castro García de la UNE.