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Aparte del ISR, qué otros impuestos se toman en cuenta para el cierre fiscal de las empresas

Se aproxima el fin de año y hay obligaciones tributarias que cumplir, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el cierre fiscal no solo tiene relación con el ISR sino con otros impuestos a considerar para prepararlo.

Rosa María Bolaños

6 de diciembre de 2024 | 09:43h

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En diciembre de cada año los contribuyentes pueden cambiar de régimen del ISR para el año fiscal posterior, en este caso para el que tendrá vigente en el 2025. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Un cierre fiscal bien planificado y ejecutado permite a las empresas cumplir con sus obligaciones tributarias de forma oportuna y evitar sanciones o ajustes futuros, recuerda Cilia Castellanos, Senior Manager, International Tax Services, de la firma EY Guatemala.

Sin embargo, el cierre fiscal no se limita solo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) por lo que las empresas también deben considerar otros tributos, explica la experta:

En el impuesto de solidaridad (ISO) se deben verificar los pagos trimestrales tanto de este tributo como del ISR y su posterior acreditación entre ellos.

Para el impuesto al valor agregado (IVA), hay que asegurarse de que las declaraciones mensuales estén al día y que se hayan realizado los pagos correspondientes.  

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Otro aspecto importante para este tributo, es conciliar las ventas reportadas para efectos de IVA contra los ingresos reportados para el ISR. En caso de que existan diferencias se deben documentar y justificar de forma adecuada para evitar ajustes fiscales.

Para las retenciones de impuestos se debe confirmar que se hayan efectuado y declarado de forma correcta las que se refieren al ISR tanto a empleados como a proveedores, locales y extranjeros.

También están los impuestos específicos. Se aplican según la industria, producto o giro comercial de las empresas guatemaltecas, y entre estos están el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP); el impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas; el impuesto al tabaco y sus productos, y otros.

8 aspectos importantes para preparar el cierre fiscal

Las empresas deben considerar al menos estos 9 aspectos para su cierre fiscal, según detalla Castellanos:

1. Cumplimiento de obligaciones fiscales: Verificar que se hayan cumplido todas las obligaciones tributarias durante el año, en especial la presentación de las declaraciones de impuestos en tiempo y el pago de estos.
2. Revisión de registros contables: Todas las transacciones del año deben estar debidamente registradas en la contabilidad de las entidades y contar con la documentación de soporte.
3. Conciliaciones bancarias: Verificar que los saldos bancarios coincidan con los registros contables.
4. Inventarios: debe realizar un conteo físico de inventarios si hay diferencias con los registros contables deben ajustarse, para ello incluso se debe reconocer potenciales impactos fiscales. Además, debe realizar el segundo reporte de semestral de inventario con corte al 31 de diciembre y el cual se presenta a la SAT durante enero.
5. Cuentas por cobrar y por pagar: se recomienda evaluar la recuperación de cuentas por cobrar y la exactitud de las cuentas por pagar.
6. Provisiones y reservas: revise la necesidad de reconocer reservas y provisiones para gastos futuros y determinar de forma correcta el monto de estas.
7. Documentación de soporte para los costos y gastos deducibles: Todos los costos y gastos deducibles tienen que estar debidamente documentados, además registrados en la contabilidad, y que se haya cumplido todos los requisitos legales para que las deducciones de estos sean procedentes.
8. Precios de transferencia: Las empresas guatemaltecas que realicen transacciones con una entidad relacionada en el extranjero y que esas transacciones tengan efectos en la determinación de la base imponible del período fiscal en el que se realiza la operación, deben cumplir con las normas especiales de valoración para operaciones entre partes relacionadas que se conocen como precios de transferencia. Entre estas cumplir con el principio de libre competencia y la preparación de la documentación respectiva. Se debe presentar un anexo a la declaración jurada anual y estudio de precios de transferencia.

Algunos regímenes del ISR

Juan Carlos Paredes, socio director de la firma Paredes, Saravia y Asociados, S. C. (Parsa), ha explicado que existen varios regímenes del ISR, y se deben efectuar diversas verificaciones para la declaración de ese impuesto.

En diciembre los contribuyentes pueden cambiar de régimen de ISR para el año fiscal posterior, es decir para el 2025, dependiendo de su situación de ingresos y gastos que le puede favorecer uno de los dos regímenes.

Si no lo hace a más tardar en diciembre ya no lo puede hacer posteriormente y debe seguir el año 2025 en el mismo régimen que tuvo en el 2024.

Entre los regímenes están:

Régimen de sobre las utilidades de actividades lucrativas. Este tiene una tasa del 25% sobre la renta imponible. Cierre anual es el 31 de diciembre y el plazo de vencimiento para presentar la declaración el 31 de marzo.

Régimen es el opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, en este la tasa del ISR es del 5% y 7% sobre ingresos afectos.

En el caso de empresas bajo este último se deben hacer los cierres contables y financieros respectivos, pero la declaración anual que se presenta en marzo es informativa, ya que el impuesto se paga mensualmente según los artículos 45 y 46 del Decreto 10-2012.

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Además, se debe tomar en cuenta para definir las rentas, los ingresos según las normativas del ISR, según información de la firma Grant Thornton Guatemala:

• Ingresos gravados: Ventas de bienes, prestación de servicios
• Ingresos exentos o exonerados: Ventas o servicios en el régimen del decreto 29-89, donaciones recibidas
• Rentas y ganancias de capital: Cobro de intereses eventuales, venta de maquinaria
• Rentas no afectas: dividendos del exterior, intereses del exterior

Fuentes: Información de Cilia Castellanos, Senior Manager, International Tax Services, de la firma EY Guatemala; Juan Carlos Paredes, socio director de la firma Paredes, Saravia y Asociados, S. C. (Parsa); y datos del documento Cierre Fiscal, un enfoque empresarial de la firma Grant Thornton Guatemala.

En tanto para el tribunal aduanero se eligieron a Silvia Eugenia Santizo López, Gerbert Estuardo Salguero Martínez, Brenda Priscila Hernández Folgar, Jéssica Lourdes Merino Toledo y Wendy Patricia Aguilar Yzeppy.

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Será hasta el lunes próximo que puedan quedar en firme esas elecciones explicó el superintendente Juan Solórzano Foppa, posteriormente a eso podrían tomar posesión.

Las funciones que hasta ahora han estado en manos del propio directorio de la SAT cambiarán con las  en el decreto en mención y pasarán a ejecutarse por este tribunal, como conocer casos de recursos presentados por los contribuyentes en contra de decisiones de la SAT.

Requisitos y ofrecimientos

El plazo del nombramiento es por ocho años, con un salario mensual de Q25 mil contratado en el renglón presupuestado 011, más prestaciones, y quienes sean nombrados no podrán ejercer otro cargo público o privado, aunque se exceptúa los casos establecidos en el artículo 112 de la Constitución.

Ese artículo se refiere a la prohibición de desempeñar más de un cargo público y establece que “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Además deben indicar si se postulan para el tribunal aduanero o al tributario.

Aparte de ser profesionales universitarios se pide ser guatemalteco, mayor de 30 años, experiencia mínima de cinco años en materia tributaria o aduanera.

El directorio de la SAT convocó en septiembre a un concurso público por oposición para elegir a los 10 profesionales que integrarán ambos tribunales.

Cinco plazas serán para el Tribunal Administrativo y las otras para el  Aduanero.

La mayoría de los aspirantes  es personal que en la actualidad ocupa algunos  puestos en el ente recaudador o que laboró en la institución, según la nómina que fue publicada en el portal de la SAT.

La próxima semana,  el Directorio comenzará a efectuar  la calificación y  evaluación de los profesionales que presentaron  papelería.

Además,  la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Directorio, también realizará la publicación de la convocatoria para invitar a los profesionales a participar en la elección.

Estas acciones para elegir al nuevo personal calificado se dan en medio de un recurso de amparo que presentaron los actuales integrantes del Directorio de la SAT a la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso, por considerar que fueron electos para cubrir un período de cuatro años.

• Lea también: el Directorio de la SAT emite resolución desfavorable

Ofrecimientos

El plazo del nombramiento es por ocho años, con un salario mensual de Q25 mil contratado en el renglón presupuestado 011, más prestaciones, y quienes sean nombrados no podrán ejercer otro cargo público o privado, aunque se exceptúa los casos establecidos en el artículo 112 de la Constitución.

Ese artículo se refiere a la prohibición de desempeñar más de un cargo público y establece que “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Aparte de ser profesionales universitarios se pide ser guatemalteco, mayor de 30 años, experiencia mínima de cinco años en materia tributaria o aduanera.

Los 53 profesionales aspirantes al tribunal tributario:

Los 38 profesionales aspirantes al tribunal aduanero:

Los tres profesionales aspirantes al tribunal tibutario/aduanero:

“La CICIG contribuyó en el sentido que ellos quieren que se regule, para que no vuelvan a resurgir estos grupos criminales que se regeneran y se desaparecen, dentro de instituciones como aduanas y como SAT”, comentó Flores.

El Icefi se decantó por personalizar las responsabilidades. “Desde 1998, que se creó la entidad —SAT—, han ocurrido casos como La Línea, y el Directorio de la SAT no ha sido responsable de nada”.

El ministro de Finanzas propone —entre otros— cambios a la integración del Directorio, la creación de una inspectoría interna de la SAT y comisiones para designar a la terna de donde se escogería al superintendente.

Posiblemente uno de los elementos más novedosos y de alto impacto sería la creación de un Tribunal Tributario Aduanero o TTA.

Aunque todavía no se ha hecho público el contexto del Tribunal —TTA—, es lógico deducir que se trata de una instancia parecida a la española —Tribunales Económico Administrativos—,tica—Tribunal Aduanero—, o chilena —Tribunal Tributario Aduanero—, es decir, un recurso especial para impugnar actos de la administración tributaria (SAT), en otras palabras, la última instancia administrativa, previa a pasar a las instancias judiciales.

La idea de fondo de estas instancias, llamadas tribunales, es cumplir con tres funciones:

a. Que el ciudadano, por ejemplo, un importador, cuente con un recurso de impugnación frente a resoluciones o actos de la SAT, por ejemplo, en temas de valoración de las mercancías o correcta clasificación (temas centrales del caso La Línea), por un órgano independiente o desvinculado de la propia SAT; en otras palabras, se eliminaría aquello de ser juez y parte.

b. Los miembros del Tribunal deben ser especialistas en materia fiscal; por ejemplo, en Costa Rica, el TA debe integrarse por siete miembros, cuatro abogados con experiencia de al menos cuatro años en temas aduaneros y tres especialistas en materias como Valoración Aduanera, Clasificación Arancelaria o Normas de Origen.

c. Quien resuelve es un órgano colegiado, lo que brinda mayor certeza a la decisión.

En Costa Rica la misión del Tribunal es impartir justicia pronta y cumplida. Sus objetivos son: conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado los recursos de apelación interpuestos contra actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativa que facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de las autoridades competentes y genere seguridad jurídica y certeza tributaria a los usuarios de los servicios.

El caso chileno de TTA es un tanto diferente, ya que su reciente modificación legal (2015) de simplificación de Reforma Tributaria permite a la administración tributaria llevar al TTA casos que considere elusión, es decir, disminuir la carga tributaria a través de medios jurídicamente anómalos.

Es muy positivo comenzar a escuchar temas y propuestas específicas, todos queremos modernizar a la SAT, pero no es viable seguir en generalidades.

Claro está, todo esto requiere voluntad política, conocimiento técnico y financiamiento. La presencia de FMI, Banco Mundial y BID en buena medida facilita dos de estas condiciones. El Congreso de la República y el Ejecutivo son responsables de la voluntad política.

El documento agrega que el país carece de la legislación necesaria “que permita obtener información de las transacciones bancarias para realizar cruces de datos, con el fin de prevenir la evasión tributaria, contrarrestar el lavado de dinero y otros actos ilícitos”.

Según la SAT, es importante regular a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos para que esta pueda tener acceso a la información que requiera sobre “los depósitos, inversiones u otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o patrimonio, cuando dicha información la solicite con fines o propósitos tributarios”.

Carlos González, analista de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), explicó que la petición de la SAT busca incrementar la recaudación.

“Expertos en el tema creen que con solo aprobar la iniciativa relativa al secreto bancario se incrementaría automáticamente la recaudación”, afirmó.

Agregó que, en todo caso, lo que se pretende es tener un acceso calificado por un juez competente a los registros de un evasor, de acuerdo con la petición que haga el directorio de la SAT.

El analista recordó que desde hace años, el país recibe presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para que se aprueben leyes que impidan la existencia del secreto bancario.

Asimismo, el profesional llamó la atención sobre la necesidad de que se establezcan parámetros para evitar contrataciones de referencia sin la calificación técnica requerida.

Según el Colegio de Auditores, se debe nombrar un superintendente probo, experto en temas tributarios, para lo cual se debe convocar a un grupo de notables que a su vez presenten candidatos.

Otra de las recomendaciones del Colegio es exigir que se cumpla con la ley orgánica de la SAT en cuanto a su “autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa…”.

Sistema obsoleto

Otra de las sugerencias planteadas ayer es rediseñar el sistema informático y modernizar el equipo de cómputo, pues según Mario Roberto Coyoy, vocal de la junta directiva del Colegio de Auditores, es necesario actualizar los sistemas de cada unidad, puesto que trabajan de manera independiente, sin estar integradas.

Enio de Jesús Morales, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio, sugirió crear una unidad especial de transparencia que vele por que en cada departamento de la SAT se trabaje con honradez.

Según la directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, se debe actuar en apego “absoluto” a las leyes fiscales en los procesos de fiscalización y requerimientos de información a los contribuyentes, pues se han dado casos de requerimientos de obligaciones ya prescritas —cuando pierde efectividad lo demandado por la Ley—.

Además, los profesionales sugirieron que las auditorías fiscales se enfoquen en los contribuyentes con posibilidades reales de aportar al fisco.

Asimismo, la organización de profesionales recomendó que se faciliten y agilicen las solicitudes de los contribuyentes en relación con información sobre casos concretos y que se dicten talleres de salud mental y motivación a los empleados de la SAT para elevar su autoestima y que atiendan mejor a los contribuyentes.