El pasado miércoles, temprano y súbitamente —como suelen llegar las malas noticias— me enteré del fallecimiento de un primo político en tercer o cuarto grado ¡Qué más da lo lejano! Uno es de donde pace y no de donde nace, y la familiar termina siendo aquella que tienes cerca. Además, en lo que va del 2018 nos habíamos visto más que en los últimos años.

La muerte de Fernando me consternó y me hizo reflexionar sobre lo efímera que es la vida y cómo se disipa en un instante, sin advertirte. En ocasiones, la muerte no deja que te prepares ni te despidas, y sorpresivamente te lleva con prisas. La misma celeridad y urgencia con la que llevamos a diario la vida cuyas horas ocupamos con efímeras preocupaciones que de pronto desaparecen y dejan de atormentarnos, a pesar de habernos esclavizado con egos, pasiones y deseos. Nos fundimos constantemente con el celular para contestar tuits, correos o chats de grupos y discutimos en el tráfico o intentamos ser más listos que el contrario y ganarle la mano en el cruce o el semáforo. Aborrecemos regularmente al motorista que zigzaguea entre los carros y tememos que nos golpee el retrovisor; también al busero que se detiene en no importa qué lugar; al diputado que con solo verlo nos produce aversión, y al presidente que si pudiéramos le jalaríamos la orejas. Al final del día, ni siquiera conciliamos el sueño porque el estrés y la agitación mantienen dinámico el cerebro. Despertamos, y el mismo dinosaurio nos devora nuevamente. No encontramos tiempo para abrazar a nuestros seres queridos; llamar a los amigos y desearles buen día; tomar un café mirando los pájaros devorar los insectos que aparecen después de la lluvia o respirar profundamente el aire húmedo de la tarde.

El tiempo se nos va en trivialidades; la vida pasa sin más provecho de muchas horas que el desencuentro, el desencanto, la decepción, el encontronazo, el insulto o incluso un innecesario y sutil odio o desprecio. De pronto, la muerte de alguien cercano nos hace cerrar los ojos y elevarnos para ver el mundo desde otra perspectiva. Es ahí donde nos damos cuenta que las cosas siguen igual: atascos de tráfico, cólera en redes sociales, manifestaciones de grupos ruidosos, diputados canallas, inútiles funcionarios o pasiones diversas. Todo está igual, pero algo llama nuestra atención: faltamos nosotros, y no pasa nada. No somos imprescindibles y cuando desaparecemos nada cambia, salvo el espacio que dejamos, en muchas ocasiones ocupado inmediatamente por otra persona. Olvidamos apreciar la vida y el tiempo, pensando que somos imprescindibles y que sin nuestro concurso nada será igual ¡Cuán equivocados estamos y qué tarde nos damos cuenta!

La penúltima vez que hablé con Fernando, me comentó que había que hacer algo por Guatemala. ¡Somos un país grande, con ilusiones y esperanzas, aunque estamos pasando una mala racha!, decía. Le contesté que tomaba nota de la charla y que escribiría algo al respecto ¿Quién iba a decir que apenas dos meses después aquellas palabras de aliento adornadas por su sonrisa contagiosa iban a tener eco en esta página?

Quizá, con el tiempo, haya que decretar el día de la “contemplación humana” para dejarnos ver y sentir como somos: efímeros, y tomar conciencia de que lo más lindo es ver amanecer, contemplar el atardecer y sonreír con un cordial saludo, un te amo o un feliz día para todos. Es decir: lo que no solemos hacer con la frecuencia deseada.

Descansa en paz Fernando, dejaste una motivación que espero sea aprovechada por muchos.

Terrible el caso de la empresaria María Andrea Flores que comercializa ropa típica —indígena, indumentaria maya o la denominación que corresponda— y tuvo la “desfachatez” de llamar a la marca “María Chula” ¡Qué atrevimiento! ¡Qué horror! ¡Cuánta discriminación!

Denunciada por el Movimiento Nacional de Tejedoras Ruchajixik ri qana’ojbäl —que promueve ley de privilegios para la protección de telas y textiles— aclaró y pidió disculpas ante la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA) —excluye a ladinos, mestizos y afrojamaiquinos— porque, según explicaron, vendía blusas con bordados típicos bajo la marca “María Chula” y los comisionados concluyeron que eso formaba parte de una manifestación discriminatoria asociada al uso del lenguaje preponderante en una sociedad xenófoba y racista, como es la guatemalteca ¿No lo entiende?, mejor cállese porque será acusado de formar parte de ese grupo que tiene tan enraizado en el subconsciente el racismo que no se da cuenta. Sutil argumento que condena sin defensa posible ¡Vaya nivel de razonamiento al que hemos llegado! ¡Vaya salvajada teórica!

Cuide mucho las palabras que emplee, el tono o a quien las dirija. Si no es indígena, corre riesgo de que lo despellejen cachazudamente al atribuirle uso de lenguaje discriminatorio y racista, que para eso está la Comisión. No para combatir el racismo, sino el racismo contra pueblos indígenas. Un análisis desde el metalenguaje o la nueva lengua orwelliana puede acorralarlo contra las cuerdas de la justicia y llevarlo al escarnio público por medio de la inexorable súplica del perdón. Hete ahí la Santa Inquisición cultural del siglo XXI, la interpretación a la carta de intereses económicos y de dominio.

No se niega la existencia de racismo y discriminación —aquí y en Kathmandú— porque siempre habrá energúmenos, abusivos o delincuentes que desprecien o agredan por razón de raza o etnia ¡Claro que hay que lucha contra la discriminación y el racismo!, pero no valerse de ello como excusa y desde instituciones estatales, para presionar o descalificar a la competencia del Movimiento Nacional de las Tejedoras —¿será el fondo del asunto?— menos retorcer argumentos para fabricar linchamientos mediáticos que humillan y ponen en peligro a personas o vulneran derechos fundamentales.

Contrasta poderosamente el atropello en el tema “María Chula” con la nula preocupación de la CODISRA por condenar eventos gubernamentales o sociales en los que se fuerza y materializa la presencia indígena vistiendo a personas con indumentaria típica o como deba decirse, que ya no se. Tampoco veo que condenen el paripé en algunas embajadas o cierta publicidad —aeropuerto y turismo— en que “lo típico”, lejos de presentarse naturalmente, lo es de manera folclórica, artificial y distante del uso correcto que da “María Chula” a su ropa. No digamos los videos de “Nito y Neto” disfrazados de lugareños con torpe uso del vocabulario para provocar sonrisa burlona. En esos y otros casos, CODISRA cierra los ojos, mientras fabrica incidentes para engrosar la memoria de labores.

Se puede retorcer la interpretación hasta donde convenga y el maleable uso de la retórica permite. Incluso exculpar y justificar el racismo de la tesis de graduación de Miguel Ángel Asturias por pertenecer “a su tiempo” y no ser conveniente pasearse por un connacional premio Nobel, pero este caso es un despropósito, una farsa y una preocupante manipulación. Espero que no tachen de racista o discriminadora esta columna de opinión y me exijan disculpas bajo el irrefutable argumento de que mi subconsciente es racista sin que yo lo sepa. ¡Uy!

Cinco hechos significativos relacionados con el tema ocurrieron en las últimas semanas y conformaron una particular sensación. Uno de ellos corresponde a la manifestación contra las hidroeléctricas, promovida y financiada por Madre Selva, y otro, a la convocatoria de CODECA, ambos con asistencia muchísimo menor de la esperada, anunciada y acostumbrada, y poca acogida de las organizaciones convocantes. Los tres restantes son más explicativos y reveladores: la retirada de la referencia al derecho indígena de las reformas constitucionales, anunciada por “autoridades ancestrales”, la escasa y confusa discusión pública de esos temas por políticos indígenas y el indignante rol autoritario de Bernardo Caal, autodesignado como “representante” de un sector indígena.

Percibo que hay una enorme división en el colectivo que aglutina el vocablo “indígena” y que quienes se sienten incluidos en él son más conscientes cada vez de la manipulación a que están sometidos, tanto por el acarreo y pago de personas —MadreSelva y CODECA— como por personajes que se erogan una cuestionable autoridad o representatividad: Caal, Pop, Rigoberto Juárez, etc.

Se ha cometido la torpeza —o la ligereza, según se mire— de contemplar “lo indígena” como un todo, como un referente único al que contraponer lo ladino, y claramente no es así. La conquista española —los dioses me salven de nombrarla— encontró una división importante que fue utilizada por un grupo de “exploradores” para someter a toda una “civilización”. El divisionismo es una realidad, al igual que ocurre en toda sociedad, producto del fomento de grupos de interés. La plural comunidad indígena debe reflexionar sobre qué desea, en qué condiciones lo quiere y los costos que está dispuesta a asumir. Algunas personas han encontrado, al convertirse en portavoces no autorizados de aquella, una forma de vida, de reivindicación social o de autodefinición étnica, aunque ello sirve únicamente a sus fines y a un círculo muy próximo, pero no a la comunidad que pretenden encarnar. De ahí que cuando una indígena, como lo es la señora Menchú, opta en dos ocasiones por la presidencia del país, apenas alcanza el 3% de votos; que el diputado Amílcar Pop no consiga aglutinar ese 40-50% de la población no ladina o que, finalmente, Bernardo Caal sea rechazado porque se apropia del liderazgo de una comunidad, a pesar de vivir a decenas de kilómetros de distancia y sin relación con aquella.

Hay que empoderar a las autoridades indígenas, pero a las verdaderas, a las comunitarias, a las que son y están, a aquellas que cuentan con el respeto de su entorno. Ese apoyo debería ser la columna vertebral del reglamento del artículo 169 —por hacerse— y del cual ciertos personajes y grupos no quieren saber nada porque en la medida que se reconozcan las verdaderas autoridades y se fijen los procedimientos de discusión, terminará su artificial y arbitraria pero jugosa intromisión.

La división, la carencia de debate, el desconocimiento del derecho indígena que se ha querido impulsar, la falta de liderazgo real frente al sustituto de personajes y grupos conflictivos y la necesaria reflexión interna de todo grupo social, son elementos que deben abordarse entre los indígenas, al igual que se hace en otros grupos sociales o étnicos. No es de recibo seguir hablando de un bloque homogéneo, unificado ni mucho menos liderado. Hay que promover fuertemente a quienes representan a sus comunidades y con ellos hacer converger el ideal de sociedad al que se aspira. Lo demás: luchas de poderes espurios sin avances ni logros, pero con pingües beneficios para algunos vividores de todo esto.

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Según el comunicado que emitió la junta directiva de los peces cenizos la separación del adiestrador se dio de mutuo acuerdo el miércoles pasado por la noche. En la misiva también se informa que el estratega fue finiquitado en ese momento.

Trujillo llegó al Deportivo Carchá en la fecha 16 del torneo Apertura 2016 en sustitución del entrenador mexicano Javier Martínez.
Bajo la dirección del entrenador los cenizos culminaron en la última casilla en el certamen anterior, esto representó iniciar el nuevo torneo corto en  el fondo de la tabla acumulada y en zona roja.

En cuatro fechas (12 puntos jugados) los peces cenizos solo han sumado  cinco, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. Los dos empates los consiguió jugando de local y por sus necesidades significan más problemas.

Sustituto

Su lugar lo ocupará el chileno Sergio Pardo, quien recientemente dejó las filas del Marquense, equipo con el que nisiquiera inicio el certamen. Pardo se presentará mañana al trabajo del equipo de Carchá acompañado por Pablo Vargas. Este fin de semana dirigirá Nelson Morales el juego que solventará contra el monarca Antigua GFC.
 

Feminicidio, no “femicidio”, es la palabra que el diccionario de la lengua española (DEL) utiliza para nombrar el asesinato de una mujer por razón de su sexo.

Semanas atrás, la diputada Sandoval (FCN) levantó polvareda al proponer cambios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la parlamentaria únicamente pretendía modificar —según explicó— algo no específico de dicha ley que incide en todo el ámbito de la justicia, como es el castigo a quien haga denuncias falsas. ¡Ya que destapó la jaula de grillos, abramos la discusión!

La famosa ley obedece a la moda, la presión y el hembrismo (también fuera del DLE) existente en el mundo y que se refleja en esta zona del hemisferio. Una majadería legal que se focaliza en lo particular obviando lo general y brinca parámetros universales que deberían cumplir las normas. Sustancialmente es una ley contra hombres, sobre la base apriorística de que las relaciones de poder entre hombre y mujer son desiguales (Art. 6), lo que no es verdad y habría que demostrar en cada caso. Similar argumento de desequilibrio imaginario podría utilizarse para otras relaciones y eludir el postulado de la “generalidad”, es decir, la validez para todos los individuos, sin distinciones ni prebendas, que sustenta el principio de que “la ley es la misma para todos”. Sin embargo y lamentablemente, el femicidio (feminicidio), según el original acotamiento que hace el artículo citado, únicamente puede ser cometido por hombres.

Podría el legislador —si hubiese querido— haber modificado las circunstancias contempladas en el Código Penal para el asesinato (Art. 132), agregando alguna más o aumentado la pena o las agravantes, pero prefirió, por presión de ciertos grupos, crear un modelo específico que el tiempo ha mostrado inservible, salvo para hacer más “eficiente” —y discrecional— la persecución masculina. Triunfó en el debate la ley del péndulo que oscila entre el machismo a descartar y el ideologizado hembrismo a imponer.

En el continente americano ocurren muchos homicidios, lo que no significa que porcentualmente la relación entre los de mujeres y hombres sea la más alta. Por el contrario, es la menor de los cinco continentes (10%), siendo Europa, con un 27%, la que ocupa el primer lugar del mundo (Global study on homicide 2011, pág. 64). Dicho ratio se mantiene en el siguiente informe de 2013. Es decir, el femicidio “no debería ser una prioridad” de política pública y el norte del político en su actuar responsable tendrían que ser los homicidios en general. Tampoco se puede argumentar como razón justificativa de la ley la “elevada” mutilación femenina. El Inacif muestra en sus estadísticas que es mayor en hombres; incluso el doble en 2015.

La propuesta de la diputada Sandoval me parece anecdótica en el contexto de esta ley, pero muy importante respecto del funcionamiento de la justicia. Es preciso castigar contundentemente a quien promueva denuncia falsa, sin importar el motivo. No hay que complicar los procedimientos legales, sino hacerlos más eficientes y, sobre todo, que la razón prime sobre la emoción y se destinen eficientemente los recursos públicos para la persecución penal de todos lo crímenes. Las políticas de discriminación, positiva o negativa, son un despropósito que obedece al interés particular y a la presión de un grupito de tarambanas. Lo siguiente será eso de la “inclusión” y las cuotas, así como tildar de machista, misógino y otros calificativos similares a quien les refute los prefabricados argumentos que suelen utilizar ¡Así están las cosas!

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En una sociedad autoritaria o sin división de poderes se podría considerar la figura jurídica del antejuicio para ciertos funcionarios públicos. Sin embargo, no es el caso nacional, por lo que debe promoverse un debate sobre la supresión de tal privilegio.

El antejuicio, además de generar muchas reflexiones, representa un beneficio especial e innecesario en una sociedad que promulga la igualdad de derechos y obligaciones y en la que el ciudadano es el dueño del poder legítimo y el político, un administrador delegado. Además, no todos los procesos de antejuicio van precedidos de una acción judicial. Los magistrados de la CSJ, por ejemplo, deben ser desaforados por el Congreso, lo que se traduce en una decisión que no asegura el correspondiente criterio técnico, sino el interés político del momento. Otra cosa sería que fuese un tribunal superior quien tomase la decisión. Muy importante en la discusión es que se esgrimen razones que ponen en duda la capacidad y el criterio certero y honesto del juez que pudiera llevar el caso y se presupone que “como seguramente el juez lo hará mal”, es necesario un antejuicio antes de que aquel decida qué hacer. Si fuera así, idéntico razonamiento debería considerarse para con todas las actuaciones de los magistrados y, consecuentemente, actuar para mejorar la judicatura pero no conceder beneficios como excusa. Finalmente (aunque caben más razones), agregar que el antejuicio ha sido el refugio de muchos canallas y las instancias correspondientes están llenas de solicitudes que no se resuelven en tiempo convirtiéndose la inmunidad en impunidad ¡Razones sobran para que tal figura deje de existir!

Pero como la discusión está caliente en el ambiente, es posible que se busquen, como en toda obtención de privilegios, arreglos que cedan en aspectos formales pero no de fondo, lo que aconseja incursionar en ese escenario de propuestas. Si el antejuicio se quiere dejar —aunque sea por conveniencia política— hay que considerar varias cosas. Debe limitarse a cargos elegidos/electos y no a candidatos durante procesos electorales. Incluso así, deberían dejarse fuera a los alcaldes, cuna de la mayor corrupción de este país. De mantenerse tal figura habría, inexorablemente, que fijar un máximo de 30 días improrrogables para que el organismo encargado de resolverlo —de preferencia, judicial— lo hiciera y, transcurrido ese tiempo, el silencio administrativo se considere positivo y automáticamente quede levantado. La investigación del MP no tiene que sujetarse a tal privilegio, aunque sí la apertura de procedimiento. Si se trata de “no perturbar” el devenir político del “dignatario”, es aceptable que el proceso penal requiera levantar el antejuicio pero no afecte la investigación, porque de lo contrario, mientras se debate su concesión se pueden anular pruebas, modificar conductas o amedrentar a testigos. Por último, habría que castigar muy marcadamente las denuncias falsas y promover qué tanto el MP como el juez puedan desestimar rápidamente aquellas que no tengan contenido o estén maliciosamente formuladas, castigando a quienes se prestan a esas maniobras y gastan tiempo y recursos del Estado. Elevar el costo de la denuncia falsa haría que desaparecieran o tuvieran altísimo costo, así no afectarían con inútil asistencia a tribunales a ningún ciudadano.

Soluciones sobran. ¿Habrá capacidad para adoptar la más conveniente y dejar de un lado privilegios que han marcado una etapa histórica y una forma inmoral y delictiva de actuar? ¡Esa es otra cuestión! y el presidente parece no tenerla clara.

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Salvo desinformados o contumaces ideologizados, ¡que los hay! , es difícil negar que los sistemas estatales de salud y educación, entre otros, son un estrepitoso fracaso. Aquel modelo soñado de atención estatal “gratuita” para todos los ciudadanos —asumido erróneamente como derecho— quedó en el baúl de las utopías.

Sin embargo, a pesar del enorme déficit en educación y en salud, el Gobierno no ha dejado de dilapidar anualmente miles de millones de quetzales en esos rubros. El dinero se destina para sostener inútiles y costosos sistemas, mantener infraestructura obsoleta, mediocre e ineficiente y pagar planillas abultadas que, por medio de los sindicatos, han sido un permanente grupo de poder al servicio de la dirigencia del momento, de sus amigos y familiares.

Observando los principios que sostienen ambas barbaridades, la Constitución resalta, en Salud, que el Estado debe garantizarla y velar por ella (Art. 51) y que tal cometido lo desarrollará a través de instituciones (Art. 94), sin especificar que tengan necesariamente que ser estatales. En Educación, el texto legal es más preciso e indica que hay que proporcionarla y facilitarla (Art. 71) y que el fin de la misma es el desarrollo integral de la persona (Art. 72).

Es decir, se destaca que la finalidad de esos servicios es promover el desarrollo de la persona, por lo que la atención tendría que enfocarse en el ser humano. De esa cuenta, el Estado debería buscar la forma de satisfacer las necesidades de los individuos que lo necesiten y, consecuentemente, facilitarles dichos servicios, pero no es así. No hay obligación de crear un suministrador de salud (IGSS), sino ayudar o acompañar a las personas que lo requieran, utilizando, por ejemplo, métodos alternativos, como puede ser el váucher médico. De igual forma, el Estado podría becar a las personas que lo necesiten en los colegios o en las universidades (públicas incluidas) que deseen, fijando un monto a otorgar a cada uno en función de parámetros previamente determinados: váucher educativo.

Lamentablemente, el modelo político dista mucho de cumplir la finalidad que indica la Constitución: favorecer al individuo. Lo que hace, en contraposición, es subvencionar dos estructuras que han resultado un fiasco: los modelos públicos de salud y de enseñanza. Se construyen colegios, se pagan salarios magisteriales negociados por sindicatos depredadores y voraces, se costea una monopólica universidad estatal o se destina un importante volumen de recursos a una inoperante sanidad pública. El presupuesto financia instituciones ineficientes en lugar de destinar esa cantidad a implementar un váucher (de salud o educación) para que el ciudadano pueda emplearlo en el lugar que considere satisface mejor sus expectativas y soluciona mejor sus necesidades. Eso sí sería un sistema generador del desarrollo personal, pero requeriría competitividad —y transparencia—, algo que no están dispuestas a asumir las instituciones públicas.

Aun en momentos de cambio pareciera que no vemos los que tenemos frente a nuestros ojos. Más de un 30% del presupuesto 2016 está destinado a salud y educación, algo recurrente todos lo años. Analice en qué aspectos es más deficiente el país y saque sus propias conclusiones.

Es preciso dejar de subvencionar inútiles instituciones e implementar otras formas. Establezcamos el váucher y promovamos la competencia, ¡a ver cuántas subsisten! Lamentablemente quienes reciben subvenciones no están dispuestos a mejorar la calidad y prefieren seguir viviendo delictiva e ineficientemente a costa del contribuyente.

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“El reto del 1er trimestre 2016: que se integre una muy buena Corte de Constitucionalidad, que garantice la continuidad del proceso de cambio”, escribió este lunes el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig).

En abril, tomarán posesión los nuevos magistrados de la CC, para un periódo de cinco años.

Carmen Aída Ibarra, del movimiento Projusticia, asegura que este mensaje coincide con la petición de muchos años de los guatemaltecos: “Que la CC esté integrada por personas idóneas, capaces y honorables, que llenen los requisitos que se piden en la Constitución, pero que su perfil garantice la buena y adecuada administración de la justicia constitucional”.

El reto del 1er trimestre 2016: que se integre una muy buena Corte de Constitucionalidad, que garantice la continuidad del proceso de cambio

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) January 4, 2016

Ibarra afirma que el mensaje del comisionado tiene relevancia por ser él quien lo dice y la coyuntura en que se encuentra el país, cuando la ciudadanía está más vigilante, pero afirma que los cambios deben ser producto de los propios guatemaltecos.

La activista asegura que la mayor movilización ciudadana permitirá que se continúe con la fiscalización en el proceso de integración de la corte, y recordó que en el 2011 se logró que tres de los cinco entes encargados de nombrar a sus representantes y suplentes lo hicieran de forma pública.

“Solo Álvaro Colom (entonces Presidente), designó en forma secreta a Gloria Porras y Héctor Trujillo – detenido en Estados Unidos -, los demás (Corte Suprema, Congreso y Consejo Superior Universitario), fueron electos en forma pública en donde la ciudadanía tuvo acceso”, dijo Ibarra.

La quinta entidad responsable; el Colegio de Abogados, elige a través del voto directo y esto influye, según la consultada en que se desarrollen campañas onerosas para ganar los votos con mucho tiempo de anticipación.

Prueba para el sistema

La experta en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Lorena Escobar, también coincide en que esta elección es uno de los primeros retos que debe enfrentar el sistema de justicia, ya que la CC tiene un papel clave tanto jurídica como políticamente.

Escobar espera que la auditoría que se haga a este proceso no sea menor a la que se registró en elecciones anteriores, aunque considera que no todos los guatemaltecos comprenden todavía la importancia de esta integración.

La analista coincide en la importancia que tiene que la comunidad internacional y que un ente como la Cicig acompañe el proceso, pero asegura que son los ciudadanos guatemaltecos los que deben estar atentos y en especial, con mayor responsabilidad, el gremio de abogados.

Velásquez ha utilizado su cuenta en Twitter para referirse a varios problemas en el país, como la corrupción, la desnutrición crónica y aplaudir las manifestaciones pacíficas durante el 2015.