La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos personas fueron capturadas este lunes 30 de enero por escándalo en la vía pública en la zona 1 de la capital.

Agentes de la Comisaría 11 efectuaron las aprehensiones de un hombre y una mujer en la 10 avenida y 19 calle de la zona 1 de la capital.

Los capturados fueron identificados como Marlon Iván Cano Chávez, de 28 años, y Jenifer Gabriela Jocon Velásquez, de 28 años.  

Según el informe de la PNC, ambos supuestamente estaban ebrios y fueron sorprendidos cuando insultaban a pilotos de taxis en la 10 avenida y 19 calle de la zona 1.

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En el lugar se aglomeraron unas 100 personas, entre ellos taxistas, e intentaron linchar a ambos.

Ante esto, los dos fueron retirados del lugar, pero sobre la 10 avenida y calle Mateo Flores de la zona 5, los pilotos de taxis le interceptaron el paso a la unidad policial GUA-11169 donde trasladaban a los dos detenidos.

El objetivo del grupo era linchar a los dos capturados y al no poder, le ocasionaron daños a la referida unidad policial.

Ambas personas fueron puestas a disposición del juzgado correspondiente.

Debido a las dos capturas, hubo masiva presencia policial en los alrededores de la Torre de Tribunales.

Según los taxistas,  aparentemente los capturados se les acercaron y les entregaron un celular supuestamente para extorsionarlos.

Luego los taxistas les dieron persecución, la que culminó en el sector de las instalaciones del Organismo Judicial.

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Para evadir a los taxistas, ambos sospechosos ingresaron a la Torre de Tribunales, donde los inconformes pretendían ingresar, por lo que hubo refuerzos de la PNC.

En redes sociales circula un video en el que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron captados en supuesto estado de ebriedad en Huehuetenango.

Una persona que habla en la grabación afirma que los uniformados se desplazaban ebrios y enfoca a uno que está recostado en la parte de atrás de la patrulla.

Al parecer los agentes habrían provocado un accidente que dejó daños materiales.

El informe policial proporcionado por la PNC en Huehuetenango da detalles de lo sucedido el lunes 23 de mayo.

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Afirma que los ocupantes de la unidad policial HUE-080 informaron que habían retenido a la patrulla en el caserío Joya Verde, Colotenango, Huehuetenango.

Los agentes tenían en agenda el recorrido en el referido poblado, el tema de seguridad en comercios, bancos, identificación de personas y vehículos, como solicitar solvencias.

A las 22 horas con 15 minutos aproximadamente, los agentes   se constituyeron al referido caserío debido a rumores de que dos vehículos habían colisionado en ese lugar.

Al llegar establecieron que se encontraba un picop blanco conducido por un hombre y que por causas desconocidas colisionó contra un mototaxi conducido por una persona de sexo masculino.

El informe de la PNC afirma que el piloto del picop se encontraba bajo efectos de licor por lo que procedieron a su aprehensión y lo subieron a la unidad HUE-080.

Ante esta acción, el capturado gritó para pedir apoyo a las personas vecinas y únicamente se comunicó con los agentes en idioma Mam.

Turba agrede a agentes

Por causas que se desconocen, un grupo de aproximadamente 80 personas entre hombres y mujeres agredieron a bofetadas, punta pies, con piedras y palos a los agentes de la unidad HUE-080.

Al ver lo que sucedía, dos de los agentes lograron salir de la multitud con el objetivo de pedir apoyo e informar que un compañero estaba retenido en la patrulla junto a la persona que habían aprehendido por el delito de responsabilidad de conductores.

La turba exigía que fuera liberado el capturado, de lo contrario quemarían la unidad policial junto al agente.

Según la PNC, se coordinó con el alcalde de Colotenango, Romeo Domingo Gómez, para ayudar a mediar y dialogar con la turba enardecida.

Además llegaron al lugar otros cuatro agentes en la unidad HUE-137 con el objetivo de mediar, pero fueron agredidos por la turba y sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo.

El alcalde intervino para que los vecinos se calmaran y en su idioma dialogó con los inconformes para resguardar la integridad física de los elementos policiales como de la persona aprehendida.

Ante la mediación y el diálogo se logró el acuerdo de liberar al detenido junto a los vehículos involucrados y los conductores se encargarían de resolver el problema, según la PNC.

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Luego fue liberada la unidad HUE-080 y su piloto, esto para evitar que la situación se saliera de control. El agente sufrió trauma de tórax y abuso físico, aunque hacen otros estudios para determinar si hay más consecuencias por los golpes.

La PNC resalta que el Ministerio Público ya tiene la denuncia de lo sucedido.

Enfatiza que el agente grabado en la patrulla no estaba ebrio y quedó inconsciente al ser vapuleado.

Algunos de los agentes fueron despojados de los grilletes que tenían asignados y una agente llegó como apoyo para quitar los grilletes a la persona aprehendida.

La PDH informó en su cuenta de Twitter que dos presuntos secuestradores fueron vapuleados por una turba en Nahualá, Sololá.

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El hecho ocurrió en el km 151 de la ruta Interamericana, explicó la Procuraduría.

De acuerdo con esa entidad de derechos humanos, el gobernador departamental, alcaldes locales y la Policía Nacional Civil intentaron mediar con la turba que retuvo a los hombres, pero no lo lograron. 

En el lugar murió uno de los presuntos secuestradores y otro fue llevado grave a un centro asistencial. 

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que una persona vapuleada fue trasladada al Hospital Nacional de Sololá. 

La PDH explicó que se presentó al lugar para verificar los hechos. 

En los últimos días, el país vive una psicosis debido a varias advertencias sobre casos de secuestro y robo de niños que han inundado las redes sociales, principalmente WhatsApp, lo que causa temor en la población.

Más de doce horas han pasado desde la muerte de José Andrés López, un hombre de 55 años originario de San Juan Atitán, Huehuetenango y desde entonces, el ambiente en el lugar es cada vez más tenso.

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Los pobladores quemaron una autopatrulla, bloquearon el puente Aguilar ubicado en el kilómetro 276 de la ruta Interamericana, fueron dispersados con gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad y -horas después- volvieron a bloquear el mismo punto.

Hasta el momento, la ruta que conduce hacia La Mesilla, frontera con México se mantiene sin paso.

López era un agricultor y conocido también como un curandero tradicional en San Juan Atitán. Mientras caminaba por la calle principal en la entrada de aquel municipio, fue víctima de un ataque directo por parte de dos desconocidos que le dispararon dos veces en la frente. Murió en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a uno de los responsables identificado como Víctor Vicente Vásquez López, de 20 años y cuando lo conducían hacia la cabecera de Huehuetenango, la población de San Juan decidió bloquear el paso sobre el puente Aguilar, en jurisdicción del municipio de San Sebastián.

Según la hipótesis de la PNC, López habría hecho “hechizos malignos” hacia varias personas, por lo que los dos hombres decidieron matarlo.

Sin embargo, el curandero era querido por el pueblo y al enterarse del ataque querían vengar su muerte linchando a uno de los responsables que fue capturado por la policía.

Según informaciones generadas desde el lugar de los hechos, los pobladores retuvieron a varios agentes de la PNC que habían llegado al lugar para pedir que desbloquearan el paso.

Después de siete horas de bloqueos, agentes antimotines llegaron al puente en mención y decidieron dispersar a la turba con gases lacrimógenos. Esto funcionó temporalmente hasta que el grupo de 200 pobladores aproximadamente decidió responder quemando una autopatrulla.

Este es el momento en el cual la @PNCdeGuatemala ingresa para despejar la vía en la Ruta Interamericana tras siete horas @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/Q3eUfqlK0N

— MikeCastillo (@MikeCastillo_PL) January 24, 2020

El puente Aguilar es la única ruta habilitada hacia la frontera con México. Hasta el momento, el paso sigue bloqueado y la PNC espera mandar un grupo de 150 antimotines al lugar.

Mientras esto sucede, el sospechoso permanece en el Centro Preventivo de hombres ubicado en la cabecera departamental en espera de su audiencia de primera declaración.

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La palabra incentivo es importante en las ciencias sociales, es un eje para la comprensión de la acción humana. Identifica lo que motiva a las personas a actuar de determinada manera, aquello que induce e impulsa. ¿Qué es lo que incentiva, motiva e impulsa, a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a migrar hacia EE. UU.? En general, la causa principal es una profunda insatisfacción con las oportunidades y estado de vida actual de muchas personas en estos países, frente al anhelo de encontrar oportunidades para una vida mejor en el país del Norte.

Cuando el gobierno de Obama anunció que EE. UU. no deportaría automáticamente a menores no acompañados que cruzaran su frontera, esto creó el incentivo para que migraran decenas de miles de menores, creando una nueva línea de negocio para los coyotes. Luego de que un juez en EE. UU. sentenció que las autoridades migratorias no podían separar a familias que ingresaran ilegalmente, rápidamente explotó la migración de grupos familiares, otra línea de negocio explotada por los coyotes. Al cruzar la frontera, los migrantes saben que la mejor táctica es ser capturados y han sido instruidos sobre lo que deben decir: soy víctima. Las autoridades los detendrán y pronto los dejarán libres, con la advertencia de presentarse a una cita con un juez, en un día lejano, cosa que no harán. La nueva modalidad es la caravana, un problema muy complejo de resolver, pues la turba pone a niños y mujeres al frente, cada víctima favorece su causa y los medios se prestarán para darle alta cobertura. Si la turba funcionó para que millones de migrantes de Medio Oriente ingresaran a Europa, funcionará para que Centroamericanos ingresen a EE. UU.

¿Qué motivó la caravana o turba de hondureños que se dirigen hacia EE. UU., que empezó con cerca de dos mil personas y ahora se compone de seis o siete mil? Hay que ser muy ingenuo para pensar que este es un fenómeno espontáneo, que “de repente y sin explicación” se juntaron miles de personas para marcharse de manera coordinada y conjunta de Honduras para emprender camino hacia EE. UU. Circulan varias teorías. Fue planeado por la oposición hondureña, es financiado por George Soros y otras ONG, está infiltrado por las maras y el narco, es una maniobra del Partido Demócrata de EE. UU. para causarle una crisis a Trump a las puertas de elecciones legislativas, es una estrategia de los propios republicanos para alarmar al electorado sensible al tema migratorio, o todos los anteriores.

De lo que no cabe duda es de que esta caravana de migrantes es instrumento de agendas políticas, culturales y comerciales. Son víctimas en todo el sentido de la palabra, pues están siendo usados para los fines propios de quienes manipulan el proceso. Mientras que los medios se concentran en entrevistas y reportajes que resaltan el sufrimiento y agonía de personas y casos particulares, han hecho muy poco por investigar y exponer a los organizadores y financistas de esta caravana.

Si la caravana tiene éxito relativo y dos, cuatro o seis mil personas logran ingresar a Estados Unidos, sentará un precedente y creará incentivos poderosos. Hay que viajar en caravana. La próxima sería de diez mil personas y la siguiente quizás de veinte mil. Esto no es sostenible y será la fuente de mucho conflicto. Una encuesta reciente de Gallup reveló que cerca de 178 millones de personas en Latinoamérica quisieran marcharse a vivir en Estados Unidos. Más allá de la teoría y las ideologías, las corrientes migratorias hablan con una sola voz sobre lo que funciona y lo que no, sobre qué tipo de sociedad anhelan las personas.

fritzmthomas@gmail.com

La hidroeléctrica Sac Já, S.A, en Purulhá, Baja Verapaz, tenía siete años de operar con todas las de ley, en tranquilidad con las comunidades colindantes. En marzo, empezaron a recibir llamadas amenazantes, de personas que decían ser de la cooperativa Monte Blanco, que no colinda con la hidroeléctrica y queda a cuatro horas caminando. En abril llegaron unas doscientas personas, una turba, que con violencia e impunidad, destruye las tomas de agua y canales. Los personeros de Sac Já presentaron denuncia en el MP de Salamá, Gobernación Departamental, Copredeh, PDH, Comisión Presidencial del Diálogo y otras dependencias gubernamentales. Algunas agencias gubernamentales le exigen a Sac Já que demuestre que tiene todos los permisos, licencias y trámites para poder operar. En otras palabras, investiga a la empresa agredida, en lugar de investigar a los agresores, que han invadido propiedad privada y han cometido vandalismo y destrucción con violencia. Los entes burocráticos luego dictaminan que “hay conflicto” y se establece una “mesa de diálogo” con todas las comisiones mencionadas, más representantes de varios ministerios y otras dependencias estatales.

Por parte de la cooperativa Monte Blanco asisten a la mesa de diálogo dos indígenas que no hablan español, no saben a qué van ni saben que quieren. Los asesora una abogada, que también es asesora de la Federación de Cooperativas de las Verapaces, que instruye a los representantes de Monte Blanco a decir que la hidroeléctrica se encuentra en tierras ancestrales. De pronto, el Gobernador Departamental le informa a la empresa que Monte Blanco le ha comunicado que se “rompe el diálogo” porque la empresa los ha amenazado. La firma ha dejado de operar desde hace cuatro meses, provocándole pérdidas de US$1.7 millones.

El lunes 30 de julio, llega a la hidroeléctrica Sac Já una turba duplicada de unas 400 personas, hombres encapuchados, mujeres y niños. Con violencia, agreden y secuestran a los policías, lanzan al barranco a unas mujeres policías y se dedican a la destrucción, que la empresa estima en US$1 millón. La turba pone a las mujeres y niños al frente, mientras los encapuchados agreden a los policías y les roban las armas. Con la destrucción y el “conflicto”, la empresa acumula pérdidas de US$2.7 millones, equivalente a Q20 millones. Tiene deudas con varios bancos y está al borde de la quiebra, mientras que las múltiples comisiones y procuradurías, “llaman al diálogo”. Las oenegés de siempre, denuncian que no debe “criminalizarse la protesta”.

El primer mensaje que queda absolutamente claro es que el crimen paga, queda impune, se victimiza y conduce al diálogo, escenario propicio para la extorsión legalizada. Aquí no hay tal protesta, es un acto criminal meticulosamente planificado por manipuladores profesionales que persiguen sus propios fines. De ninguna manera puede verse este caso como una protesta pacífica con reclamos legítimos. Es intimidación pura, agresión violenta y destrucción de propiedad privada. Aquí no corresponde diálogo fantoche; tiene que aplicarse la ley con rigor y prontitud.

Este no es un caso único, es uno de muchos que ocurren cotidianamente en el territorio de Guatemala. El sistema premia y protege a estas organizaciones criminales, “aparatos clandestinos” —y no me refiero a las mujeres y niños que ponen al frente— que curiosamente, ciertas agencias internacionales vinieron a Guatemala a investigar y desarticular. Tristemente, en lugar de desarticularlos se toman fotos con ellos en cócteles y eventos. Aquí no hay misterio, está todo clarísimo.

“La caravana de la paz, el amor y la reconciliación solamente hicimos acto de presencia”, comenta uno de los líderes de las “fuerzas combinadas” a EFE en la ciudad de Diriamba, a unos 50 kilómetros de Managua.

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Vestido de riguroso negro y enmascarado, el hombre de complexión fuerte asegura que no fueron ellos los que comenzaron los ataques en Diriamba, sino “la ciudadanía organizada”, a la que “se le quitó el miedo”.
Sin embargo, es imposible comprobarlo, ya que el ataque comenzó el pasado domingo de madrugada y las carreteras estuvieron cerradas al paso de vehículos durante toda la jornada.
Lo que puede apreciarse en los numerosos vídeos que circularon por redes sociales son ráfagas de disparos, ataques que los vecinos aseguran, cuando los “paras” no están cerca, que fueron sin piedad.
No obstante, el discurso es muy diferente para estos hombres que no dejan de grabar en ningún momento a los inesperados periodistas que aparecen cuando, por centenares, rodean la basílica de San Sebastián.

Allí se han reunido los últimos opositores de Diriamba que se habían unido a las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril y en cuya represión murieron al menos 320 personas, según varias organizaciones de derechos humanos.
Al menos nueve de ellos murieron en el ataque contra Diriamba y Jinotepe, cabeza departamental de Carazo y localidades vecinas.
El “para” asegura que los últimos opositores se vieron acorralados y “se metieron en la iglesia” donde “tenían armas de guerra”.

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Pero el que parecía iba a ser el último ataque se pospuso por razones que nunca se conocieron, dando tiempo a que llegara una caravana de la Iglesia Católica que consiguió acceder hasta el lugar y sacar a un grupo de refugiados.
Dentro de la iglesia, jóvenes paramilitares y parapolicías abordaron a los sacerdotes que consiguieron que los opositores salieran de la basílica.

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Estaban fuera de sí y desobedecían a sus superiores, algo poco frecuente en grupos armados con jerarquía que cumplen a rajatabla instrucciones.
Como el discurso que repiten: “Vivimos muchas emociones el día de ayer (durante la ocupación de Diriamba), había un pueblo que tenía meses de estar oprimido sin derechos”, asegura otro hombre enmascarado y cubierto también de negro.
“Todos los derechos civiles los perdieron, no podían salir a las calles, esto era un desierto, todos los derechos se violaron a esta población”, asegura mientras decenas de teléfonos celulares no paran de grabar y hacer fotos a los periodistas, una amenaza velada que a ninguno pasa desapercibida, igual que la complicidad policial.

A su alrededor comienzan a salir los policías que habían abandonado la ciudad progresivamente, conforme los opositores se hacían fuertes en Diriamba.
El comisionado mayor Javier Antonio Martínez, segundo jefe de la policía de Carazo, camina a su alrededor, les saluda y recibe mensajes en forma de instrucciones, mientras asegura que “la gente enmascarada” son apenas “personas afines que defienden este proceso y lo hacen por su cuenta y propia iniciativa”.

“Son jóvenes que tienen una simpatía por la revolución (sandinista) y sus logros, todo lo que aquí se ha logrado. Son jóvenes que se pusieron a liberar esta ciudad”, justifica el oficial de la Policía, quien recibe todas las denuncias de los grupos defensores de derechos humanos y a la propia Iglesia.
Niega tener información acerca de si ellos portan o no armas, pese a la evidencia que puede verse a la simple luz del día y subraya que apenas entraron “a liberar ciudades como un aporte especial, como gente que está de acuerdo con las políticas del Gobierno”.
Poco después de dar sus opiniones, comienzan a aparecer casi una treintena de policías jaleados por los simpatizantes del presidente Daniel Ortega, a quienes les dan la bienvenida como héroes.

Ya con la comitiva de la Iglesia sobre el terreno, fueron protagonistas de uno de los hechos más lamentables desde que estalló la crisis sociopolítica nicaragüense.
Los simpatizantes, convertidos en turba y bajo la atenta mirada de los encapuchados agredieron por igual a sacerdotes, activistas de derechos humanos y periodistas, muchos de los cuales sufrieron además el robo de sus equipos.
Fue cuando los encapuchados aparentemente más jóvenes perdieron el control, se lanzaron contra la comitiva y agredieron a quienes estaban en su camino entre ellos el nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez.

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Los socorristas indicaron que las víctimas mortales son José Oswaldo Irume Flores, de 26 años, y Silvia Patricia Cabrera Marroquín, de 50.

Irume Flores era originario de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. Cabrera Marroquín residía en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 capitalina.

“Los cadáveres estaban semidesnudos. Únicamente tenían ropa interior”, detalló un bombero que llegó al lugar.

Vecinos dijeron que los fallecidos estaban tomando fotografías de los distintos comercios ubicados en dicho caserío.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los patrulleros de seguridad civil habrían tomado la decisión de golpearlos.

El reporte de los socorristas refiere que Irume Flores y Cabrera Marroquín tenían golpes contundentes, pero murieron por heridas de arma blanca en el cuello.

Ataques

Los Bomberos Voluntario reportaron un muerto en ataque armado perpetrado este sábado por la noche en Labor Vieja, San Pedro Ayampuc.

También dieron a conocer que tres personas resultado heridas en un incidente armado ocurrido en la colonia El Quintanal, zona 6.

Además, un hombre fue herido de bala en la zona 18. Los socorristas lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La turba quemó un taxi, un autopatrulla y un vehículo de la municipalidad; hubo daños en la subestación policial y vidrios quebrados en la Gobernación Departamental, informaron los Bomberos Voluntarios locales.

El taxi fue empleado por los tres sujetos detenidos por la PNC. Los inconformes rodearon el edifico de la comisaría y, según testigos, hubo disparos al aire de parte de los inconformes.

El incidente comenzó alrededor de las 16 horas cuando un grupo de conductores de mototaxis obstruyó el paso en el que se conducían tres hombres a los que les encontraron marihuana, por lo que los entregaron a la PNC. Sin embargo, momentos después una turba se presentó y exigió que les entregara a los detenidos para lincharlos. El personal de la PNC se negó, por lo que comenzaron los disturbios.

Durante la noche llegó un contingente de la PNC para resguardar el orden. La presencial policial permanece la mañana de este sábado en el lugar y la calma retornó al municipio.

Los Bomberos Voluntarios no tienen reporte de personas lesionadas. Fue descartado además que la turba haya causado daños a la casa del alcalde, rumor que circuló anoche.

El viernes, vecinos quemaron llantas y tomaron los ingresos del municipio, después de vapulear y quemar con gasolina a dos supuestos sicarios que dispararon contra un conductor de mototaxi y un acompañante. Los dos sujetos quedaron hospitalizados.

Los inconformes expresaron que los extorsionistas son los responsables de los ataques contra el transporte. La PNC, por su parte, tuvo que lanzar gas lacrimógeno para recuperar el orden público. Comercios y oficinas públicas tuvieron que cerrar por temor a actos violentos.

El hecho se registró en las cercanías del estadio Los Pinares, en la zona 1 local.

Raúl Escobar, vocero de los Bomberos Voluntarios, relató que la menor fue trasladada al Hospital Regional de Occidente, de la cabecera.

El presunto delincuente fue golpeado con puñetazos, puntapiés y con palos por los vecinos. Luego fue entregado a la Policía Nacional Civil, cuyo personal no intervino para evitar la golpiza.

Violeta Sac, portavoz del hospital, dijo que el estado de la niña es estable, pero no dio más detalles debido a la gravedad del caso.

Se trata de César Estuardo Yancor De León, de 27 años, quien recibió latigazos y fue obligado a caminar atado de las manos hasta la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Caballo Blanco.

La PNC informo que Yancor es originario del Barrio Monterrey, de la zona 4 de la cabecera de Retalhuleu, y es acusado de ser un presunto asaltante. Se le incautó un arma hechiza con dos municiones calibre .12.

Samuel De León, vecino, comentó que Yancor al momento de huir no se percató que se dirigía por un camino sin salida, siendo capturados por los lugareños. En tanto, sus otros dos compañeros lograron escapar.

Comunitarios entregaron a Yancor a las autoridades policiales.