El gobierno del Partido Patriota dejó un legado negativo para el presupuesto nacional, que cada año debe cubrir los beneficios otorgados por pactos colectivos que incluyen aumentos salariales anuales y, en el caso de la Conic, reducción de deuda agraria.

Otro grupo beneficiado por los patriotistas fue la Unidad de Acción Sindical y Popular, que el 1 de septiembre pasado bloqueó el ingreso del Congreso para tratar de evitar que se conociera el antejuicio contra Pérez Molina.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la firma de los pactos colectivos ha significado compromisos y prebendas.

“Lo que hicieron las autoridades irresponsables fue firmar cualquier pacto con tal de tener a la gente tranquila o bien para tenerla a su favor”, expresó.

Quezada explicó que el pacto colectivo más oneroso es el del Congreso porque tiene un incremento anual del 10 por ciento, lo cual significa que un trabajador duplica su salario después de siete años de labores. Le siguen los pactos en Educación y Salud, por la cantidad de empleados.

Indicó que todos los beneficios concedidos en un pacto son irreducibles.

“Los fondos adicionales no solo se necesitarán en el 2015, se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno”, expuso.

Impacto

Los efectos que tiene la suscripción de los pactos repercuten en las finanzas del Estado. Quezada citó el caso del pacto del Ministerio de Educación, donde se decretó un aumento salarial progresivo a partir del 2013. Ese año fue del 8 por ciento, cuando la cartera tenía contratados 202 mil 507 trabajadores; para el 2014 se fijó en 10 por ciento, y para el 2015, en 12.

Para este año el Ejecutivo requiere de al menos Q700 millones para cumplir con el pacto. En los últimos tres años ha necesitado más de Q1 mil 621.14 millones para honrar los compromisos con el sindicato magisterial.

En el caso del pacto colectivo de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio debe erogar este año Q1 mil 832.6 millones, en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

Según la Conic, el gobierno de Pérez Molina dejó un compromiso de Q15 millones anuales, a través del Ministerio de Agricultura. Adicional a ello se ha rebajado la deuda agraria a dos mil 616 familias de 32 comunidades rurales, cuyo monto supera los Q92 millones y que significan en promedio el 84 por ciento de la deuda que tenían los indígenas con el Estado.

Para estos tres compromisos el Estado debe erogar Q3 mil 560.74 millones al año, lo cual constituye una amenaza para las finanzas públicas.

Apoyo incondicional

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, advirtió de que si bien los pactos colectivos suplen la actualización de salarios en la administración pública, que son bajos, persisten las disparidades salariales.

Aseguró que las negociaciones son viciadas porque hay un juego de concesiones: “Si tú me das, yo te doy; son favores que se pagan con apoyo político”.

“Se conceden privilegios a los dirigentes sindicales; por ejemplo, en Salud se calcula que unos mil 200 empleados tienen permisos y licencia sindical, además de dar beneficios a los funcionarios que suscriben el pacto. En este caso los viáticos para el ministro de Salud subieron de US$400 a US$600”, indicó.

Linares manifestó que hay una serie de irregularidades y abusos que cometen los sindicatos y los funcionarios que firman los pactos.

Sin respaldo

Según Javier Santizo, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo: “Toda erogación que hace el Estado debe tener fuente de financiamiento”.

En el caso de los pactos es complicado porque son mejoras de los trabajadores públicos que van adquiriendo hasta llegar a un punto en que las entidades se vuelven inoperantes, e insisto en que no hay una fuente financiera que asegure la sostenibilidad de los incrementos”.

Indicó que cuando un juez hace el análisis de un pacto colectivo para el sector privado ve la capacidad financiera que tiene el patrono para brindar los beneficios a los trabajadores.

“En el ámbito público es distinto porque los empleados obtienen beneficios anuales y en muchos casos son exorbitantes. Lo que sucederá es que el Estado va a quebrar o las entidades se van a dedicar a pagar salarios y no podrán invertir, menos operar”, afirmó Santizo.

Más de 25 autobuses trasladaron a unos mil maestros de varios puntos del país, confirmó Acevedo a medios de comunicación.

Al grupo se une a sindicalistas del Frente Nacional de Lucha (FNL), Unidad de Acción Sindical y Popular (Uasp), CoordinadoraNacional Indígena y Campesina (Conic) y otros grupos afines que según Acevedo forma la plataforma  Pueblo Pobre Organizado Vamos hacia la Refundación del Estado (Povres).

Durante el plantón frente al Palacio Nacional de la Cultura, un grupo de maestros agredió a una reportera de Guatevisión que intentaba documentar la actividad, además de bloquear el trabajo del reportero gráfico de Prensa Libre Edwin Bercián.

Acevedo explicó que los sindicatos se unieron luego que grupos de la sociedad civil convocaron a una mesa para exigir cambios a las leyes de Estado.

Un grupo encabezado por Joivel Acevedo fue recibido por la Comisión Permanente en el Congreso, a la cual le entregó una propuesta que buscan se convierta en ley, donde se nacionalice la energía eléctrica y entidades de extracción de minerales preciosos.

El grupo solicita que se decrete de bien público nacional y bajo dominio del Estado el 60 por ciento del total de acciones que poseen las empresas que presten el servicio de:

• Extracción de minerales preciosos.
• Empresas de generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Del 60 por ciento de las acciones, según la propuesta, un 10 por ciento sería para las cooperativas nacionales y el resto para el Estado.

La propuesta lleva el respaldo, según Acevedo, de 185 mil firmas de padres y madres de familia. Fue recibida por el presidente del Congreso Luis Rabbé que ofreció hacer de conocimiento de los jefes de bloques el próximo lunes la propuesta para conocer el interés de las bancadas representadas en el Congreso.

Sindicatos apoyan al Presidente

Durante una asamblea de la Conic en Quetzaltenango el presidente Otto Pérez Molina recibió el apoyo incondicional de este grupo que le aseguró fidelidad hasta la conclusión de su mandato.

En esa actividad el dirigente de la Conic Pedro Esquina, aseguró que la organización no permitirá un “golpe de Estado”.
Esquina afirmó: “los 30 mil que llegan a manifestar los sábados no representan a la población”, aseguró que su organización tiene un número mayor de integrantes que no han participado en las protestas.

Los sindicalistas buscaban provocar un paro en señal de protestas a la crisis institucional creada con el autogolpe de Jorge Serrano Elías, quien habría abandonado al páís un par de días antes.

La convocatoria iba dirigida a los trabajadores de los sectores privado y estatal, del campo y la ciudad, para que dejaran de laborar como una muestra de rechazo al ambiente golpista y a la intención del Ejército de imponer a Gustavo Espina, exvicepresidente; al mando del Ejecutivo.

Por otro lado el sector indígena se sumó a las manifestaciones públicas en contra de la crisis gubernamental que se vivía producto del autogolpe. Alrededor de dos mil indígenas provenientes del altiplano occidental manifestaron por las calles del Centro Histórico y se concentraron frente al Palacio Nacional, para expresar su rechazo a el golpe de Estado y a la intencion de colocar en el poder al exvicepresidente Espina Salguero.