Corte IDH visita Guatemala para celebrar audiencias públicas y verificar el cumplimiento de 5 sentencias

Los casos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho a la salud, derechos laborales, libertad de expresión y discriminación.

José Manuel Patzán

7 de mayo de 2025 | 10:53h

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La Corte IDH determinó que Guatemala violó derechos humanos en el caso Autopatrulla 603. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Durante el 176 Período Ordinario de Sesiones, que se realizará en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará cinco audiencias privadas para supervisar el cumplimiento de sentencia en igual número de casos contra el Estado guatemalteco.

Durante la jornada del 19 al 23 de mayo, la Corte IDH celebrará tres audiencias públicas para casos de fondo, cinco audiencias privadas para casos de Guatemala en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, un seminario académico abierto al público y algunos encuentros con autoridades nacionales.

Estos casos, según la Corte, abordan distintas problemáticas estructurales vinculadas con el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, la protección de personas en condición de vulnerabilidad y la reparación integral a las víctimas.

Qué supervisan

Una vez emitida una sentencia, la Corte continúa su labor supervisando que el Estado cumpla con las reparaciones ordenadas. Esto puede incluir indemnizaciones, medidas de no repetición, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, reformas legales o institucionales, entre otros. Esta supervisión se mantiene hasta que el Estado cumpla plenamente con lo dispuesto.

La Corte está compuesta por siete juezas y jueces independientes, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su mandato es de seis años, renovable una sola vez. Las juezas y jueces deben ser personas de alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, y no pueden desempeñar funciones que comprometan su imparcialidad o independencia.

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Los casos

• Caso Rodríguez Revolorio

El caso se remonta al 23 de mayo de 1996, cuando un tribunal ordenó la pena capital a Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez, por asesinato. Los tres eran agentes de la Policía Nacional cuando ocurrieron los hechos. Los jueces en su momento consideraron esa pena con base en el criterio de que las circunstancias del hecho, la ocasión, la manera y los móviles determinantes revelaron una mayor particular peligrosidad del agente.

Archila Pérez, López Calo y Rodríguez Revolorio protagonizaron el caso Autopatrulla 603, por el asesinato de Luis Pedro Choc Reyna e intento de asesinato de Edgar Estuardo Motta González.

Ambas víctimas fueron interceptadas al salir de un bar en la zona 6. Los agentes los llevaron en la autopatrulla 603 a un terreno baldío en la zona 16, donde los golpearon y dispararon, creyendo que los dos había muerto, pero Motta González sobrevivió y se convirtió en testigo.

Los reos plantearon recursos legales y fueron desestimados. Tiempo después, Archila murió en prisión, el 16 de julio de 1999. Más adelante, en 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) modificó la condena e impuso 50 años a Rodríguez Revolorio y López Calo, quienes salieron de la cárcel en 2016 por buena conducta y trabajo.

La Corte IDH consideró responsable a Guatemala por la violación de la Convención Americana por la imposición de la pena de muerte y que el empleo del criterio de “peligrosidad del agente” es incompatible con el principio de legalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte declaró en 2019 la responsabilidad internacional de Guatemala por imponer la pena de muerte sin las debidas garantías, las condiciones inhumanas de detención y la falta de recurso efectivo para los señores Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez. En 2024 y 2025, la Corte verificó el cumplimiento de las medidas de reparación relativas a la publicación de la Sentencia y al pago de indemnizaciones.

• Caso Chinchilla Sandoval

María Inés Chinchilla Sandoval, una mujer con discapacidad física, falleció en 2004 mientras se encontraba privada de libertad en una prisión guatemalteca. Durante su detención, según la Corte IDH, Chinchilla Sandoval no recibió la atención médica adecuada, a pesar de su delicado estado de salud, lo que constituyó una violación de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.

El día de su muerte, al no tener quien la desplazara, cayó de su silla de ruedas por una escalera. La Comisión consideró que Chinchilla Sandoval no recibió una protección judicial efectiva.

La investigación emprendida por el Estado no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, de tal forma que hasta la fecha no se han establecido los diversos tipos de responsabilidades que pudieran haber surgido por tal hecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado guatemalteco no garantizó condiciones de detención compatibles con la dignidad humana ni proporcionó los cuidados médicos necesarios, en un contexto de discriminación por motivos de discapacidad.

En su sentencia de 2016, la Corte ordenó al Estado implementar diversas medidas de reparación, entre ellas el pago de indemnizaciones a los hijos de Chinchilla Sandoval y la publicación de la sentencia. Para 2023, Guatemala había cumplido con las principales medidas ordenadas por la Corte.

• Extrabajadores del Organismo Judicial

En este caso, 65 extrabajadores del Organismo Judicial de Guatemala fueron despedidos luego de participar en una huelga en 1995 que fue declarada ilegal, en la que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado guatemalteco violó los derechos laborales, el debido proceso y la libertad sindical de los trabajadores despedidos. Concluyó que los despidos fueron arbitrarios y que el Estado no proporcionó recursos judiciales efectivos para impugnar las decisiones.

En su sentencia de 2021, la Corte ordenó al Estado implementar medidas de reparación, entre ellas la publicación de la sentencia y su resumen oficial. En 2023, se verificó el cumplimiento total de estas medidas por parte del Estado guatemalteco.

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• Caso Cuscul Pivaral

Este caso involucra a 49 personas que vivían con VIH entre 1992 y 2004 en Guatemala y que no recibieron atención médica adecuada por parte del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado guatemalteco violó los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal de las víctimas, al no proporcionarles tratamiento médico oportuno y adecuado. También señaló que el Estado no adoptó medidas efectivas para prevenir la discriminación y el estigma asociados al VIH.

En su sentencia de 2018, la Corte ordenó al Estado implementar diversas medidas de reparación, entre ellas el pago de indemnizaciones y reintegros a las víctimas, así como la publicación de la sentencia. Para 2022, se había cumplido parcialmente con el pago de indemnizaciones y reintegros, y totalmente con la publicación de la sentencia.

Entre los otros puntos resolutivos a cumplir están: brindar atención medica psicosocial de manera gratuita, garantizar, a través de las instituciones de salud, que la atención medica se otorgue en la clínica más cercana al lugar de residencia de las víctimas, asumiendo los costos de traslado.

También, implementar mecanismos de fiscalización y supervisión de los servicios de salud, mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las prestaciones de salud para las personas que viven con el VIH.

• Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango

Este caso, según la Corte, se centra en la imposibilidad de cuatro comunidades indígenas guatemaltecas (Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán) de ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y sus derechos culturales a través de sus radios comunitarias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el 2021 que la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala, al establecer como único criterio de adjudicación de frecuencias la mayor oferta económica, discriminaba indirectamente a los pueblos indígenas, quienes, debido a su situación de pobreza y exclusión social, no podían competir en igualdad de condiciones.

La Corte señaló que el Estado guatemalteco no adoptó medidas afirmativas para garantizar el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico, y que existía una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización, lo que resultó en la persecución penal de miembros de comunidades indígenas y en allanamientos de sus radios comunitarias. En su sentencia de 2021, la Corte ordenó al Estado adecuar su normativa interna para reconocer legalmente a las radios comunitarias indígenas y garantizar su acceso al espectro radioeléctrico.

En su momento, la Corte IDH, en un comunicado, señaló que “encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este lunes 3 de marzo al Consejo de Derechos Humanos el informe de este organismo sobre Guatemala, país del que hace un seguimiento basado en la cooperación, y tras reconocer avances en ciertas áreas denunció el uso indebido de las normas penales contra quienes defienden los derechos humanos.

Sostuvo que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la entidad que dirige, “continúa preocupado por el uso indebido del derecho penal por parte de actores dentro del Ministerio Público y del Organismo Judicial contra la defensa de los derechos humanos y, particularmente, personas operadoras de justicia”, comentó.

Calificó esas situaciones de “persecución penal” y consideró que hay “motivaciones políticas detrás”.

Tales acciones se dirigen contra funcionarios del actual gobierno y del Tribunal Supremo Electoral, “con el propósito de cuestionar los resultados de las elecciones de 2023”, según explicó.

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Por otra parte, Türk dijo que se han visto “retrocesos” en el acceso a la justicia con relación a violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, con casos que incluyen la anulación de procesos y demoras indebidas que han privado a las víctimas de sus derechos.

“Frente a estos retrocesos y como parte de la justicia transicional es importante avanzar con la iniciativa para un plan nacional de dignificación y reparación y un plan nacional de búsqueda de personas desaparecida”, propuso.

Entre los aspectos positivos que anotó, destacó la renovación del acuerdo que permitirá que la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos siga funcionando por tres años más.

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Asimismo, felicitó el diálogo establecido entre el Estado y las autoridades indígenas y afrodescendientes, y recomendó que estos espacios de contacto se institucionalicen y se cumplan los acuerdos alcanzados. EFE

OJ se pronuncia

El Organismo Judicial se pronunció este martes 4 de marzo por lo indicado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reafirma su respeto a la independencia judicial, el Estado de derecho y la tutela de los derechos humanos. En respecto a las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre un supuesto uso indebido del derecho penal en el país, la Corte aclara que el Organismo Judicial actúa conforme a la Constitución Política de la República, las leyes nacionales y los tratados internacionales”.

Añadió que “las resoluciones judiciales se fundamentan en legalidad, imparcialidad y debido proceso, sin interferencias políticas. Asimismo, rechaza cualquier insinuación de instrumentalización de la justicia y subraya que los ciudadanos cuentan con recursos legales para impugnar fallos con los que no estén de acuerdo. Además, resalta la importancia del diálogo con comunidades indígenas y afrodescendientes y toda la población para mejorar el acceso a la justicia”.

“Finalmente, el Organismo Judicial reafirma su disposición a fortalecer el sistema judicial, garantizar la independencia de los jueces y mantener una apertura al diálogo y la cooperación internacional”, destacó.

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Candidatos se comprometen a proteger la vida y la familia

Según el informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad”, el caso de Choc es un reflejo de los riesgos a los que se enfrentan los líderes y lideresas de movimientos de defensa de los derechos humanos en Guatemala. Un riesgo que puede llegar hasta el asesinato de quienes velan por el bienestar común, pues cada dos semanas atentan contra la vida de una de estas personas.

Elaborado entre la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el documento señala que durante el 2017 se registraron en el país 493 ataques y agresiones, entre ellos 13 asesinatos. Mientras que al año siguiente los ataques fueron 391, y los asesinados se duplicaron, se contaron 26.

Ataques diversos

Por los temas que defienden estas personas son vulnerables a distintos tipos de agravios provenientes tanto de actores estatales como no estatales. El 97 por ciento de las personas entrevistadas para el informe – 196 en total- señaló haber sufrido de intimidaciones y amenazas.

Mientras que  cuatro de cada diez fue objeto de denuncias falsas o del uso indebido de derecho penal, tres de cada diez refirió haber padecido de estigmatización y difamación, y la vida de uno de cada diez estuvo en peligro con ataques a su integridad física.

#AHORA Presentación del informe de @PDH_gt y @Oacnudh_Gt “La situación de las personas defensoras de derechos humanos: entre el compromiso y la adversidad” Sigue transmisión en: https://t.co/7fNaOq19kQ #InformePersonasDefensoras pic.twitter.com/WxkCTeeLFS

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) May 21, 2019

También han sufrido de violencia sexual, el tres por ciento, pero no se descarta un subregistro en estas cifras ya que este tipo de agresiones no suelen denunciarse.

La mayor parte de los ataques son contra defensores del área rural, y están relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales, situación que afecta principalmente a los pueblos indígenas.

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Para debilitar el movimiento

Uno de los puntos que menciona el informe es la criminalización de los defensores de manera selectiva, con el uso indebido del derecho penal con la finalidad de “controlar, castigar o impedir” la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos. La PDH y OACNUDH analizaron 106 casos que encajan en este perfil.

Pero esto también es para debilitar los movimientos, y señalar el trabajo de los líderes y autoridades indígenas tal como ocurrió con Choc.

La falta de acceso a la justicia imparcial e independiente es parte de la problemática. Esto contribuye a que flaquee el proceso de denuncia, lo que dificulta tener un registro certero de estas.

El caso del líder q’eqchí Abelino Chub Caal, quien fue acusado de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, encaja en el “débil sustento de los casos” que muchas veces parten de denuncias sustentadas en hechos infundados o que no son delito, refiere el documento que incluye entrevista efectuadas a defensores entre el período del 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019.

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La evidencia de esto se da con casos que han sido declarados sin mérito, sobreseídos, clausurados, por lo que los defensores han sido absueltos, como lo sucedido con Chub, que fue declarado inocente y eximido de los cargos en su contra pues ninguna de las pruebas que se diligenciaron en el debate “pudo quebrantar la inocencia del señor acusado”, según la jueza Patricia Bustamante, del Tribunal de Mayor Riesgo A, y se ordenó su libertad inmediata.

Con el afán de criminalizar a quienes luchan por los derechos humanos, el señla que hay ciertos tipos penales utilizados para que la persecución contra estas personas sea rápida: usurpación agravada, coacción, amenazas, instigación a delinquir, detenciones ilegales, hurto, hurto de fluidos y asociación ilícita son parte de esta lista.

En esta persecución no solo se afecta a la persona, sino también a las familias y a la comunidad.

Grupos en riesgo

Esta violencia también alcanza a ciertos grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres defensoras, las personas defensoras LGBTIQ, los periodistas, los jueces y abogados independientes y personas defensoras que atienen los derechos de las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).

Las agresiones también se dan en el campo político y electoral. En el período pasado se documentaron incidentes contra candidatos políticos, incluyendo 5 asesinatos (2 vinculados al partido Fuerza y 3 al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos), además del presidente de una Junta Electoral Municipal esta misma semana.

Durante 2017 se registraron 13 asesinatos de personas defensoras, cifra que aumentó a 26 en 2018, uno cada dos semanas, indica #InformePersonasDefensoras citando registros de @UDEFEGUA. Además, 86% de las personas entrevistadas ha sufrido por lo menos un ataque o amenaza. pic.twitter.com/lmCH0K68Vn

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) May 21, 2019

Guatemala ha tenido avances en la materia, sin embargo hay “diversos desafíos pendientes” para asegurar su consolidación e implementación, así como una respuesta del Estado que esté basada en un enfoque integral de protección que vaya más allá de la seguridad física e incluya acciones para sensibilizar sobre la labor de este colectivo, según se deja ver en las recomendaciones del informe.

El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, refirió durante la presentación el martes último del documento que los defensores están en “permanente riesgo” y más con los comicios convocados para el próximo 16 de junio y hay una retórica de agresión contra la prensa, que se repite contra su persona pues se siente perseguido por miembros de la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

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En esta zona militar se cometieron graves violaciones contra los derechos humanos como quedó establecido en los informes Guatemala Nunca Más de la iglesia católica y Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas (CEH).

En el proceso judicial por la masacre de Plan de Sánchez (2012), varios testigos declararon acerca de la existencia de fosas clandestinas en ese antiguo destacamento militar. En la sentencia de ese caso, el tribunal ordenó hacer una investigación sobre estos hechos lo que dio inicio al proceso denominado Creompaz, uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, en ese lugar funcionaba un centro de detención y ejecución clandestino durante los años de la guerra.

Entre el 2012 y 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevó a cabo 14 exhumaciones y encontró 558 osamentas en cuatro fosas, 90 de las cuales pertenecían a niños y niñas. Los informes forenses documentan que muchos de los restos presentan señales de tortura, contusiones en la cabeza y la garganta; señales de tiro de gracia, vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos. De acuerdo con la documentación, 128 de las osamentas corresponden a personas que fueron desaparecidas entre 1981 y 1988.

En enero del 2016, 14 oficiales militares retirados fueron capturados por los delitos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad en base a las pruebas halladas en la antigua zona militar. La Asociación de Vecinos de Chicoyogüito se constituyó como querellante adhesiva en el proceso, dado que muchos de sus pobladores fueron desaparecidos y otros obligados a realizar trabajos forzados, convirtiéndose en mozos colonos militarizados. La jueza Claudette Domínguez determinó que ocho de los acusados deben enfrentar juicio, pero año y medio después el caso sigue estancado por varias apelaciones que aún no han sido resueltas.

Los atropellos y violaciones a los derechos de la comunidad de Chicoyogüito iniciaron mucho antes de la guerra interna. Durante la reforma liberal fueron despojados de sus territorios comunitarios que se convirtieron en fincas cafetaleras alemanas. Aunque en la década de 1940 esas tierras se nacionalizaron, nunca regresaron a sus legítimos dueños. Entre 1984 y 1986, el Ministerio de la Defensa creó la colonia 30 de Junio y otorgó lotes a especialistas de la Zona Militar No. 21; situación que se repitió entre los años 2002 y 2008 cuando el ejército les dio terrenos a especialistas y oficiales en retiro voluntario.

Por todo esto, cada año, los sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito hacen una caminata pacífica hacia el antiguo destacamento militar de Cobán, Alta Verapaz, en la que denuncian el desalojo y despojo sufridos; las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra población civil y exigen el retorno a su territorio.

La lucha por la verdad, la memoria y la justicia de estas comunidades de los pueblos q’eqchi’, poqomchi’ y achi no puede resultarnos ajena. Sus voces se alzan con valentía para honrar a quienes ya no están y para exigir su derecho a la justicia y a la reparación digna.

@MarielosMonzon

Lizardo Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, señaló que el descontrol de los reclusorios es un secreto a voces, y es urgente que las autoridades del SP los recuperen para poder detener las acciones de esas redes, que son lideradas por los mismos reos.

Acuña agregó que en la actualidad, el control de las cárceles lo tienen los guardias del SP, pero quienes realmente dirigen son la Mara Salvatrucha, Barrio 18, los paisas y la red vinculada con Byron Lima, en Pavoncito.

Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, refirió que dentro del grupo de paisas hay diferentes organizaciones que controlan los presidios, lo cual demuestra que los delitos no solo son cometidos por pandilleros.

Agregó que en ese grupo se encuentra Byron Lima, quien guarda prisión en la cárcel de Fraijanes 1, por la muerte del obispo Juan Gerardi, ocurrida en abril de 1998.

“Por ejemplo, en Fraijanes 1 están los de la pandilla 18, separados del resto de población. Allí se manejan grupos de poder. En Fraijanes 2 están los de la Mara Salvatrucha, entonces no tienen contacto directo con el resto, pero a lo interno de su sector tienen ese tipo de control, pero no trascienden más allá, excepto lo que se ha comprobado y las investigaciones que han sido claras del Ministerio Público, de que también extorsionan”, dijo Franco.

Agregó: “No son solo ellos. Hay que romper el mito porque eso no permite hacer la investigación de que solo los pandilleros extorsionan; también los narcotraficantes lo hacen, porque les permiten tener el control de determinado territorio”.

De acuerdo con Franco, esta separación de grupos en los reclusorios no permite que se den choques internos, pero fortalece a esas organizaciones.

“Una de las estructuras más fuertes que se han mencionado y que se conoce es la de Byron Lima, que no solo tiene poder adentro sino también ha demostrado, según las investigaciones que lo señalan, de que tiene vínculos afuera, que tiene contacto a lo interno en las mismas instituciones del Estado, Sistema Penitenciario, de la Policía Nacional Civil; tiene grupos de exterminio, de sicariato”, aseveró.

El analista añadió que “el famoso plan Pavo Real” que se llevó a cabo en la Granja Penal de Pavón el 25 de septiembre del 2006, para quitarles el poder a privados de libertad como narcotraficantes, solo fue una transición, donde se buscaba dejar al de Byron Lima como el grupo con más poder y control en el Sistema Penitenciario.

Aseguró que existen otros privados de libertad vinculados con secuestros, que manejan cierta estructura de poder, o grupos del narcotráfico y de militares privados de libertad.

Acuña refirió que en estas estructuras están involucrados los mismos guardias del SP, debido a un sistema corrupto que ha pasado a un enriquecimiento ilícito.

Resaltó que esas redes que tienen el control y un modo económico de vivir en el sistema carcelario se enriquecen a través del abuso y la limitación de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a los privados de libertad.

La esperanza de muchos

La CIDH, es el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección, y tendrá que despedir al 40 % de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio los alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.
 
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron esta semana a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.
 
La Unión Europea y sus socios se han visto obligadas a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de derechos humanos para centrar sus recursos en una crisis que les es más próxima: la llegada de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria y de la violencia o la pobreza en otros países asiáticos y africanos. 

Países violan Derechos Humanos

Los responsables de la CIDH tienen claro cuál es la causa de estas anomalías: la Comisión se ha convertido en un elemento incómodo para los Estados miembros porque ha señalado a casi todos por violaciones de los derechos humanos.
 
Las críticas a la Comisión por una supuesta parcialidad o politización habían procedido hasta ahora de países de la Alianza Bolivariana, sobre todo de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en los que los comisionados han denunciado repetidamente violaciones de derechos y falta de libertades fundamentales, como la de expresión o reunión.
 
Pero esta semana la CIDH asistió a un escenario nuevo: los países del Alba callaron en la sesión de la OEA sobre su crisis.

Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, “conocía de estos abusos durante o después de los hechos, y a través de tanto su interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no llevó a los perpetradores a la justicia”, según el dictamen de 22 páginas de la BIA.

De esta manera, la Junta de Apelaciones del Departamento de Justicia, el máximo órgano administrativo en materia de inmigración, ratifica la decisión de un juez migratorio que ordenó en 2012 la deportación de Vides Casanova.

El exgeneral, de 78 años, apeló el fallo argumentando que “no podía impedir que sus subordinados cometieran torturas y asesinatos extrajudiciales” cuando era jefe de la Guardia Nacional.

Pero la Junta de Apelaciones se mostró de acuerdo con el dictamen del juez y “desechó” la apelación.

Vides Casanova ocupó la jefatura de la Guardia Nacional salvadoreña desde 1979, y fue promovido ministro de Defensa en 1983, ocupando ambas dos posiciones en lo álgido del sangriento conflicto armado (1980-1992) que dejó en El Salvador 75 mil muertos y al menos siete mil desaparecidos.

En una América Central sumida en guerras civiles en plena Guerra Fría, Estados Unidos veía el conflicto salvadoreño como una lucha contra la influencia comunista, y dio asistencia militar y financiera a la dictadura del presidente José Napoleón Duarte.

En 1992 el gobierno y la oposición del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se había levantado en armas contra el régimen militar, firmaron la paz.

Aunque Vides Casanova vivía desde 1989 en Estados Unidos con una “visa de inmigrante”, en 2009 el Departamento de Seguridad Interior inició un proceso de deportación en su contra tomando los casos de Pedro Alvarado y Juan Romagoza, dos víctimas de torturas salvadoreñas.

El exmilitar vivía en el estado de Florida, donde también tenía residencia José Guillermo García, otro exministro de Defensa salvadoreño acusado en su país de participar en violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil.

A García, de 79 años, se le acusa de haber mantenido una conducta permisiva, sin castigar ni despedir a militares que bajo su comandancia participaron en secuestros, masacres y asesinatos extrajudiciales, e igualmente enfrenta un juicio para ser deportado a El Salvador.

Pero Vides Casanova y García no son los únicos exintegrantes del gobierno dictatorial salvadoreño imputados en Estados Unidos.