La denuncia de inconstitucionalidad fue interpuesta por Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en representación de un grupo de pequeños caficultores, y cuenta con el apoyo de otros productores del aromático.

Según la argumentación del abogado de Conic, Abraham Girón, los artículos 4, 6 y 15 violan el derecho de libre asociación.

“Ahí se explica que todos los caficultores deben ser parte de Anacafé y a nadie pueden obligarlo a ser parte de algo que no se quiera pertenecer”, indicó Girón. Además, los productores de café deben aportar el 1% del precio de venta por quintal, lo cual les resta competitividad.

“En el artículo 7 de la Ley se dice que ellos —Anacafé— pueden regular los precios de venta y la producción, y eso viola el principio de libertad de comercio, por lo que formulamos la solicitud de inconstitucionalidad”, indicó Girón a los magistrados de la CC.

Italo Antoniotti, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café, explicó al final de la audiencia que como terceros interesados en el proceso apoyan la solicitud de inconstitucionalidad.

“Nos resta competitividad tener que dar el 1% de las ventas de forma obligatoria para que funcione Anacafé. Debería ser optativo ser parte o no”, aseguró Antoniotti.

no están obligadosEl presidente de Anacafé, Miguel Medina, negó que se viole el principio de asociación porque aunque se representa a todos los caficultores, cada quien puede abandonar esa agrupación.

“El que no quiera estar en Anacafé lo puede pedir; así de sencillo. En 54 años que existe Anacafé ninguno de los agremiados ha pedido retirarse”, insistió Medina, en declaraciones al final de la audiencia.

En cuanto al argumento de que viola el principio de libre mercado al regular precios de venta, exportación y cantidades de producción, explicó que no es así. “Anacafé lo único que hace es emitir certificado de origen del café y es por tratados internacionales, y eso se le emite a cualquier persona que lo solicite, siempre que cumpla con los reglamentos que el país requiere”, explicó Medina.

Agregó que la normativa da la potestad de regulación, pero que se hizo porque la dinámica de los mercados cuando se redactó la Ley era diferente y era un recurso que podía utilizarse en determinado momento, pero hasta ahora no lo han utilizado y no piensan hacerlo.