En una citación en el Congreso el pasado 21 de julio, el titular del CIV Javier Maldonado anunció la suspensión definitiva del proyecto porque el diseño de la obra no era funcional y no resolvería los problemas de tráfico en el sector. Además, dijo que se analizaría posibles denuncias en el Ministerio Público (MP).
Sin embargo, en la oficina de Comunicación del CIV desconocen si se va a plantear alguna demanda. Recientemente informó que el ministro no estaba llegado a la oficina por cuestiones de salud y semanas después dijo que había tenido una recaída y no respondió a la consulta de si forzosamente tiene que ser el ministro y no otro funcionario el que decida presentar una denuncia.
Diseños
La obra, cuyo objetivo era reducir el tráfico vehicular por San Lucas Sacatepéquez, que puede tardar hasta dos horas en horas pico, se comenzó a gestionar en noviembre del 2017, pero por problemas de derechos de vía ya que abarcaba una pequeña parte del área protegida del Cerro Alux, se retrasó la construcción hasta abril del 2021.
Pese a que la maquinaria comenzó a hacer los trabajos de excavación estos se suspendieron porque no había rutas alternas a utilizar, ya que la principal, por la aldea El Manzanillo, justo en esos días fue cerrada por la municipalidad de Mixco ya que le harían reparaciones.
Como la situación sin esa ruta alterna era caótica, el CIV no tuvo más remedio de rellenar los agujeros y posponer la obra.
Fue hasta el 21 de julio cuando en una citación en el Congreso, Maldonado, quien tenían tres semanas de haber asumido el cargo, indicó que la obras sería suspendida definitivamente y el contrato sería rescindido porque los diseños no servían y el viaducto no cumpliría con el objetivo de desfogar el tráfico vehicular.
El paso por el centro de San Lucas se ha complicado con el pasar de los años. El crecimiento poblacional y la expansión comercial ha causado una ocupación de negocios y centros comerciales a la orilla de la carretera lo que ha repercutido en largos embotellamientos que desincentivan al turismo hacia el occidente del país y representan costos adicionales al comercio.
Pagos
El diseño estuvo a cargo de la empresa Hidraes Ingenieros Consultores, S. A. que fue la única oferente en el proceso y tuvo un costo de Q872 mil 842. Prensa Libre intentó comunicarse con a la firma al número de teléfono que aparece en Guatecompras, pero no entraron las llamadas y su sitio en internet no está disponible. Además, una página en Facebook no tiene publicaciones desde agosto del 2014.
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Por aparte, el contrato para la construcción de la obra fue adjudicado a la firma Grupo Muratori, S. A. por Q19.1 millones. Entre 2020 y 2021 esta empresa ha recibido otras dos adjudicaciones por mantenimiento vial que suman casi Q60 millones.
El contrato para la construcción del viaducto de San Lucas especificaba que el CIV debía pagar a la constructora un anticipo del 20% de valor del contrato, que equivale a Q3.84 millones, en el momento en que la empresa fuera notificada de la publicación del acuerdo ministerial de aprobación del proyecto.
Según documentos publicados en el portal Guatecompras existe una constancia de pago de anticipo de fecha 26 de marzo de 2020. Se intentó conocer la versión de la empresa, pero una persona que respondió una llamada telefónica dijo que el responsable no se encontraba y que devolverían la llamada. El CIV tampoco respondió a la consulta de cuánto se había erogado por el proyecto.
El contrato fue rescindido el pasado 10 de septiembre, y dentro de las razones para darlo por terminado se cita un informe geotécnico que señala “muchas dudas” en los diseños para la elaboración de los taludes que arrojan un factor de seguridad inferior a 1.5 en condiciones estáticas y 1.10 en condiciones dinámicas o sísmicas.
Asimismo, se señala que la empresa supervisora hizo una evaluación del proyecto producto de la cual tendrían que hacerse ciertas correcciones que incrementaría el valor del contrato en 84.1 por ciento lo cual duplicaría el máximo que permite la Ley de Contrataciones del Estado.
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En la resolución del CIV se indica que la empresa, Grupo Moratori, S. A. está de acuerdo con la terminación del contrato, toda vez que ya no le es conveniente a sus intereses por diferentes motivos, entre estos, que no se puede acceder a las áreas laterales del área donde se construiría el viaducto, reclamos de automovilistas en los días en lo que se cerró la ruta y los pocos avances alcanzados después de más de un año de adjudicada la obra.
Finalmente, también se especifica que el contratista deberá presentar un informe pormenorizado que se utilizará para establecer el importe de los pagos o cobros que se deban realizar.
Responsabilidades
El diputado Luis Fernando Pineda, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso, expuso que hace pocos días citaron al viceministro de Infraestructura Carlos Quiñonez, pero no supo responder por qué se suspendió la obra ni cuánto se desembolsó en anticipos.
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Aunque considera que la situación “es grave” porque se han afectado los intereses del estado y al erario por una “mala ejecución y planificación del presupuesto del CIV”, cree que antes de que el MP intervenga debe hacerlo la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación, quienes deben hacer un “examen especial” y ver si se el dinero desembolsado puede regresar al Estado, y luego determinar si procede una denuncia penal.
“A nadie le queda duda de la necesidad de esta obra —el viaducto—, es lamentable el atraso porque esto afecta la vida de las personas y el comercio”, cuestionó el legislador.
