Otras naciones, como Costa Rica, estableció esta semana la obligatoriedad de vacunarse para todos los empleados públicos y además facultó a los patronos privados a exigírselo a sus trabajadores.
En Guatemala ha habido ciertos intentos. La Municipalidad de San José Chacayá publicó un acuerdo mediante el cual establecí la obligación de vacunarse para empleados del transporte y de negocios, aunque después dio marcha atrás. Mientras que, en Mazatenango, Suchitepéquez, una gremial de bares y restaurante también anunció medidas similares.
¿Debería legalizarse esta obligación?
A favor
El presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, Jorge Luis Ranero, expuso que la obligatoriedad de aplicarse la vacuna anticovid-19 es uno de los recursos disponibles para lograr “el tan ansiado porcentaje de personas vacunadas para alcanzar la inmunidad colectiva”, ya que solo la vacunación evitará la propagación esta enfermedad, que a la fecha se ha cobrado la vida de más de 13 mil 500 personas en el país.
Además, como ha sido ampliamente comprobado, reduciría la cantidad de casos graves y hospitalizaciones, lo cual, sería un alivio para el sistema de salud guatemalteco.
Ranero reconoce que una posible obligatoriedad de la vacuna en Guatemala sería un tanto controversial “si pensamos en la población en general”, pero sí se podría sopesar la posibilidad de establecerla para determinados sectores, como al personal de salud o los empleados de servicios como hoteles y restaurantes, quienes usualmente son quienes tienen más contacto con personas.
También considera que no debería descartarse el requerimiento de contar con el esquema completo de vacunación “si asistimos a lugares públicos, como iglesias, cines o restaurantes”.
“Es una opción. Si yo como ciudadano quiero asistir a un determinado lugar, en dónde exigen este requisito, pues tengo la opción y yo decido”, apuntó el presidente del Colegio de Médicos.
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Más información
En la provincia, especialmente en las áreas rurales, es donde más problemas se han encontrado para vacunar a las personas. Personal de Salud afirma que la gente rechaza acceder a la vacunación, principalmente por creencias, rumores o falsas noticias de supuestos efectos secundarios. En algunos casos se ha llegado a amenazas.
En ese sentido, Ranero dijo que el Colegio ha insistido en la necesidad de crear un sistema nacional de información ya que “la población, increíblemente, está a casi dos años de la pandemia —y continúa— totalmente desinformada”.
“La información debe de ser de forma oficial, en los idiomas que corresponda, diferenciada por sectores. Una población informada, ampliamente puede tomar decisiones correctas y basadas en la evidencia”, dijo Ranero, quien destacó que la desinformación se remarca más en las áreas rurales donde históricamente ha existido una menor presencia del Estado.
El presidente del Colegio de Médicos también se refirió a ciertos intentos que ha habido para normar esta obligación, como el de la Municipalidad de San José Chacayá que el pasado 16 de septiembre publicó un acuerdo mediante el cual se establecía la obligación de vacunarse para empleados del transporte y de negocios, aunque después dio marcha atrás y en vez de exigir pasó a recomendar la vacunación.
Al respecto, Ranero considera que la responsabilidad de los gobiernos municipales es velar por el beneficio de la mayoría de su población tomando en cuenta los beneficios que conlleva la administración de la vacuna.
“Toda acción orientada con este fin será aplaudida”, aseveró.
En contra
El director del Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES), Ramón Parellada, opina que la vacuna contra el covid-19 no debe ser obligatoria “bajo ningún concepto ni justificación” y más bien debe ser un derecho, libertad y potestad de la persona elegir la forma cómo se va a proteger de la enfermedad.
Para Parellada con una obligatoriedad dictada por un gobierno para vacunarse se restringen las libertades fundamentales porque cada uno es responsable de sus actos. “Si yo no creo en la vacuna me voy a aislar, voy a utilizar mascarilla y no voy a acudir a grupos o lugares concurridos para no contagiarme ni contagiar a los demás”, señala.
“El problema”, subraya, es que “cuando te obligar a ponerte la vacuna el Gobierno te está quitando tu responsabilidad individual y con ello tu libertad y dignidad. El gobierno me está diciendo ese método tuyo no sirve”.
Dudas, parte del problema
El director del CEES, quien aclara que sí cree en la vacuna como método para luchar contra la pandemia, añade que parte del problema por el cual mucha gente está reacia a la vacunación son las dudas que han surgido a raíz de las negociaciones de los gobiernos.
En primer lugar, ni los gobernantes ni las casas fabricantes se hacen responsables de posibles efectos de los fármacos. Y en segundo, el que la vacuna Sputnik V ha levantado dudas por el hecho de que no ha recibido una aprobación final de la Organización Mundial de la Salud y que no es aceptada para ingresar a EE. UU. ni a la Unión Europea.
En el caso de Guatemala, Parellada considera que el Gobierno también tiene responsabilidad porque tomó una decisión “precipitada” al comprar millones de vacunas rusas, las cuales se pagaron por anticipado supuestamente porque era la única que había disponible, aunque “igual, no vino y fue un engaño total”. Entonces, agrega, están intentando poner vacunas que la gente no quiere.
“Con tantas dudas y cuestionamientos, las personas deben tener la responsabilidad de decidir qué van a hacer con su vida… Cada uno tiene el derecho de saber qué se pone en su organismo”, apuntó el director del CEES.
Respecto a la dificultad para vacunar a las personas en la provincia, Parellada opina que “por persuasión todo funciona mejor”, y que las personas accederán a vacunarse en la medida que sepan que aquellos que lo hacen no se agravan ni hospitalizan y que se publiquen las estadísticas del país que lo sustenten.
El problema es que en Guatemala se empezó demasiado tarde con la vacunación, con un proceso muy complicado y una compra “no transparente”, dijo Parellada, quien también se opone a que las empresas tengan que exigir a un trabajador aplicarse la vacuna para permitirle laborar porque eso sería discriminación.
Tener a la mayor parte de la gente vacunada ayudará a alcanzar la inmunidad de rebaño, “pero no puedes obligar a alguien, porque puede ir en contra de sus creencias y sus principios, tenga razón o no”, concluye.
