Guatemala ocupa el puesto 132 de 141 países respecto a calidad de carreteras en extensión y condición en el Índice de Competitividad Global 2019, y el 134 respecto a conectividad de infraestructura vial.
Para el país, el aumento del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión pública en 5 años, representaría un aumento del 1.2% PIB del país y disminuiría la pobreza extrema del 23% al 18%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), comentó Juan Carlos Paiz, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Según los datos de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) del Banco de Guatemala (Banguat), la inversión en infraestructura en el 2020 fue de 13.58% del PIB. De esa cifra, 1.45% corresponde a inversión pública y 12.48% a privada. El promedio en Latinoamérica es de 17.31% y del mundo, 23.76%.
Faltan carreteras
El país mantiene niveles menores al 1% del PIB en inversión pública en carreteras, mientras que el Banco Mundial (BM) recomienda una inversión del 3%, según la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
Actualmente, el país cuenta con 17 mil 833.44 kilómetros de red vial; sin embargo, sería necesario llegar a 37 mil 951.89 kilómetros, por lo que se necesita invertir en proyectos como el anillo metropolitano, una red de autopistas por 899 kilómetros, así como incrementar las redes primaria, secundaria y otras, refiere un estudio de Fundesa.
“En Guatemala, la inversión llegó a ser de 0.67% del PIB en el 2019 y el promedio en Latinoamérica es un poco mayor con 0.99%, aunque en algunos países es más alta, expuso Érick Uribio, director ejecutivo de Anadie, al citar datos de Infralatam. De 1995 al 2020, la red vial del país ha crecido a un promedio de 214.34 kilómetros por año, según Paiz.
Puertos y APP
En el sistema portuario, Guatemala solo invirtió US$198 millones entre el 2009 y el 2019, cifra que lo deja por debajo de muchos países de Latinoamérica, según los datos de Infralatam, mencionados por Uribio.
En este monto no se incluye la inversión de APM Terminals por US$180 millones efectuada en el 2017, ya que por ser privada, no la reporta el informe mencionado, pero tampoco se agregó en el comparativo porque no es una Alianza Público-Privada (APP), indicó el ejecutivo.
Hace este comentario porque en el comparativo se observa que Colombia invirtió US$2 mil 900.3 millones entre el 2010 y el 2018, de los cuales 88% fueron bajo la figura de APP. Con esto se logró el aumento de 55% en su capacidad instalada, pasando de 286 millones de toneladas de carga al año a 444 millones, y se prevé que para el 2021 llegue a 514 millones.
La misma tendencia muestra Perú, ya que de US$1 mil 897.8 millones, el 91% se invirtió por medio de una APP), agregó Uribio. Mientras que en Honduras, de US$334 millones en el plazo analizado, el 85% es APP. Con la instalación de la compañía OPC se redujo en casi el 67% el tiempo de espera y pasó de 19 movimientos por hora (promedio) a 46.
De los países analizados por Anadie, solo Costa Rica reporta un monto menor que Guatemala y tampoco usa la figura de APP.
Casi nada para aeropuertos
En los aeropuertos también hay una brecha para Guatemala, ya que solo ha invertido US$23.4 millones en el último año, mientras que Colombia y Perú pasan de los US$1 mil millones cada uno; Costa Rica destinó US$214.6 millones; y Honduras US$89.7 millones. El 100% de inversión se ha efectuado por APP según el mismo estudio. El funcionario dijo que en estos casos, sus aeropuertos han mejorado en los ranking regionales.
En Guatemala en los últimos años se han discutido tres estudios y propuestas preliminares para modernizar el Aeropuerto Internacional La Aurora. No obstante, ninguno se ha concretado. Anadie mantiene en su portafolio siete proyectos, incluido la modernización de dicho aeropuerto, pero se necesita invertir por lo menos US$158 millones.
Reformas necesarias
En un foro realizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Paiz y Uribio coincidieron en la necesidad de reformar leyes relacionadas con la contratación en el país ya que la falta de recursos es la mayor dificultad para concretar estas inversiones.
Paíz menciona que para que los mecanismos de inversión en infraestructura prosperen se debe lograr confianza en las instituciones y una agenda ambiciosa de reformas que incluyan planes maestros de largo plazo, mejorar la gestión de proyectos y agilidad en trámites, permisos y derechos de vía, así como habilitar mecanismos de financiamiento, presupuestos multianuales y generar certeza de pago.
Uribio comentó que evaluaciones internacionales califican a Guatemala en la casilla 5 de 21 países de Latinoamérica respecto a las condiciones para inversiones de tipo APP ya que cuenta con figuras como arbitraje, plan nacional de infraestructura y una agencia para la estructuración de proyectos con esta modalidad, entre otros.
Pero entre las desventajas está que Anadie no puede hacer estudios de propuestas no solicitadas por el Estado, aparte de que el país no tiene proyectos ejecutados bajo esta modalidad, por lo que espera la aprobación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que se encuentra en el Congreso desde el 2018.
Ante esto, la segunda acción necesaria que se propone es una reforma al Decreto 16-2010 (ley que le da vida a las APP), para reducir los tiempos de estudios de los proyectos y crear un nuevo mecanismo para que Anadie pueda apoyar a municipalidades, ministerios y otras entidades para concretar proyectos y definir si son viables como APP.
Se requieren más de US$5 mil millones
Por medio de la iniciativa Guatemala No se Detiene, se identificaron 41 proyectos prioritarios que se encuentran alrededor de 3 áreas de competitividad, explicó el directivo de Fundesa:
- La primera área es cubrir la conectividad de frontera a frontera, con nueve proyectos por 283 kilómetros y una inversión por alrededor de US$900 millones.
- La segunda es puerto a puerto, para la que se identificaron veinticinco proyectos con 688 kilómetros y requerimiento de inversión de US$4 mil 400 millones.
- Y siete proyectos para mejorar la movilidad en el área metropolitana del país, con 19 kilómetros y una inversión estimada de US$140 millones.
A mediano y largo plazo se requiere invertir US$2 mil 500 millones anuales, que representa multiplicar por ocho la inversión actual, y construir más de dos mil kilómetros anuales de carreteras o 10 veces más de lo que existe.
