La actividad estuvo organizada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) y participaron funcionarios de esa institución, funcionarios en el tema de justicia de Guatemala y representantes del Estado guatemalteco.
La CIDH manifestó que le preocupa el contexto de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala. También resaltó la estrategia de antejuicios contra jueces como una forma de persecución.
La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que el Estado ha señalado que hay efectividad en las medidas cautelares para jueces y magistrados, pero la otra parte dice lo contrario.
“51 antejuicios, el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto, de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces”, agregó.
Mostró el interés en buscar el diálogo que construya una situación de confianza en el sistema de justicia para la independencia judicial.
El comisionado Joel Hernández expresó que le preocupa el alto número de antejuicios. También señaló que resulta inusitado que un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son en función por su trabajo.
La jueza Erika Aifán en su intervención manifestó su preocupación por los jueces de mayor riesgo Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de parte de la CIDH.
“Diariamente enfrentamos ataques sistemáticos por parte de grupos que se consideran agraviados por nuestra labor de impartir justicia, recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y la de nuestras familias”, manifestó Aifán.
Añadió que también son víctimas de mensajes de odio y hostigamiento; además, son sujetos de vigilancia y seguimiento “con vehículos sin placas, atacan nuestra condición de juezas y de mujeres”.
A decir de Aifán, también se ven sometidos a procesos de criminalización sin fundamento alguno, como ataques por medio de redes sociales transmitidos desde cuenta de netcenters “a fines al gobierno que usan referencias a épocas del conflicto armado interno en el que las desapariciones forzadas, secuestro, tortura y muerte eran realizadas impunemente”.
Afirmó que en los mensajes se les tilda de guerrilleros y amenazan con venganza por la lucha contra la corrupción.
Señaló que es usual que los netcenters cuenten con información reservada y se anuncien actos que luego son ejecutados por parte del Estado, como la emisión de órdenes de aprehensión, el despojo de inmunidad o condenas al exilio.
Infiltración de personal
Aifán afirmó que otra forma de atacarlos es por medio de la infiltración de personal en los juzgados para que filtren información, espían, graban y sustraen actuaciones y expedientes.
Señaló que también son objeto de denuncias penales y administrativas infundadas.
Más de 40 denuncias penales
Dijo que actualmente hay más de 40 denuncias penales en contra de cuatro jueces de mayor riesgo, algunas datan del 2021. Indicó que junto a otros tres jueces, han acudido a la fiscal general para solicitar la resolución definitiva de estos casos sin fundamento, pero han pasado más de tres meses y siguen sin respuesta.
Estrategias de antejuicios
La juzgadora señaló que la estrategia de presentación de antejuicios “es la más utilizada” para intentar despojarlos de su inmunidad y dictarles prisión preventiva o para obligarlos al exilio.
Afirmó que en este tema de antejuicios se conforma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin seguir el procedimiento establecido en la ley, “integrándose con magistrados con interés directo en el asunto, quienes dan trámite sin que existan pruebas en contra nuestra”.
Afirmó que el Ministerio Público (MP) y las altas Cortes han sido ineficaces para garantizarles la vida, integridad física y emocional, como el respeto a la independencia judicial.
Dijo que las denuncias interpuestas por violaciones a sus derechos han sido desestimadas y archivadas. Recordó que después de varios años no se ha individualizado a los actores de los delitos cometidos en contra de jueces.
Enfatizó que las denuncias no son investigadas. Indicó que las acciones que promueven ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar sus derechos, están siendo manipuladas para revisar su competencia ordinaria en los casos de alto impacto.
Externó que el patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin con denuncias con apariencia de legalidad. Dijo que estas acciones vulneran el derechos de las personas a una justicia independiente.
“Manifiesto mi profunda preocupación y les solicito que hagan un llamado contundente al Estado de Guatemala a que cese la criminalización en contra de los jueces y juezas para que podamos cumplir con nuestra labor de impartir justicia”, expresó.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló cooptación del Estado y según él, se quiere seguir igual o peor. Añadió que el sistema de justicia en Guatemala atraviesa una crisis preocupante porque los grupos de poder han coaptado el sistema de justicia y hay ataque sistemático a funcionarios independientes.
Enfatizó que el sistema de justicia está en crisis con el objeto de obstaculizar la investigación y las sanciones en casos de corrupción.
Mencionó la no elección de las Cortes, lo que debilita más el sistema de justicia y se ha desatado una persecución contra funcionarios de este sector.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval señaló que desde la llegada de la actual fiscal Consuelo Porras al MP, se han implementado estrategias para obstaculizar las labores de investigación, sobre todo de los casos a cargo de la Feci.
Añadió que ejemplo de esto es la orden de la fiscal sujetando el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) a una autorización directa de ella.
Indicó que el movimiento y traslado de personal y la incorporación de fiscales con impedimentos legales para liderar investigaciones, “es utilizado por la fiscal general para entorpecer las labores de investigación, una de las acciones más graves es el traslado conveniente de investigaciones de la Feci hacia otras fiscalías cuando el investigado podría ser el presidente de la República o personas allegadas a él”.
Sandoval documentó 24 ocasiones en las que la fiscal general buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus adversarios y detener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado, actos por lo que en su momento hará las acciones correspondientes.
Al menos 10 en el exilio
Señaló que por su trabajo lo forzaron al exilio y suman en esta condición ocho fiscales y dos magistrados.
Afirmó que las denuncias que pone personal de la Feci por acciones en su contra son ignoradas por el MP. Informó que una Fundación tiene acceso a información confidencial del MP lo que evidencia una estrategia articulada.
Añadió que preocupa la desprotección del personal activo de la Feci en casos de alto impacto y la seguridad les ha sido retirada.
Jorge Santos, defensor de los Derechos Humanos, señaló que la situación se agrava en Guatemala y la escalada de agresiones contra personas defensora es más visible.
Dijo que el registro de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala reporta 755 casos de agresiones en 2021, de las cuales 189 fueron contra operadores de justicia, entre las que se incluye hostigamiento y amenazas en redes sociales.
Entre los grupos más agredidos son los funcionarios de justicia, defensores de acceso a la justicia y periodistas.
Peticiones al Estado
Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en la que están jueces, magistrados y fiscales. Que el Estado cese el hostigamiento y acoso judicial.
“Solicitamos que inste al MP a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia, incluyendo quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados”, manifestó.
Pidió que el Estado reitere a la fiscal general su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación e imparcialidad judicial.
También que la CIDH inste al Estado a dejar de utilizar los procesos de antejuicio como una herramienta de hostigamiento para levantar inmunidad de los funcionarios de justicia, como en los casos de Aifán y Pablo Xitumul.
También pidieron se inste al Congreso a la elección de las altas Cortes. Solicitaron termine la represión contra las comunidades indígenas y campesinas.
El Estado responde
Por parte del Estado participó una delegación presidida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También la Procuraduría General de la Nación, y representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la CSJ.
En respuesta, funcionarios respondieron que el Estado está organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades.
En el tema de la lucha conta la corrupción, recordaron que la Cicig era temporal y luego se generó un traslado de capacidad al MP de Guatemala.
Resaltaron que la Feci fue introducida a la estructura general del MP y la han fortalecido. Afirmaron que el trabajo de esta ha dado como resultado condenas y estructuras criminales desarticuladas.
Aseguraron que posee esquema para mantener la seguridad del personal que integra la Feci.
Añadieron que actualmente Sandoval, aunque no se encuentra en Guatemala, tiene a sus disposición agentes de seguridad y vehículos institucionales y un chaleco de protección balística. También les dan seguridad a los padres del exfiscal.
Indicaron que el Estado realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las medidas cautelares para operadores de justicia.
Resaltaron la creación de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para conocer los delitos contra este sector. También el Ministerio de Gobernación implementa estudios de análisis de riesgo contra magistrados y jueces.
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De enero a octubre 2021, se reportan 54 análisis de riesgo, de estos para 11 se recomendó medidas de seguridad personalizadas y 43 medidas de seguridad perimetral.
Dijeron que algunos funcionarios con medidas cautelares no asisten a las reuniones para el seguimiento de las medidas.
Informaron que entre 2016 y 2021 la CSJ conoció 51 solicitudes de retiro de antejuicio contra magistrados de la CC y 41 fueron rechazados.
Afirmaron que el Estado afirma su compromiso de mantener el diálogo y lo que pueden negociar es trasgredir los procesos que nos rigen.
Dijeron que en materia de antejuicio se constituye como garantía a personas a servicio del Estado y garantizar la función pública.
Señalaron que anteponer o limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda manifestar su inconformidad con acciones judiciales, no es negociable de ninguna forma, pues el Estado se debe al ciudadano.
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