En cuanto al tema del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (el Presupuesto) hay diferentes niveles de enfoque. Al más general, la cuestión fundamental, debatida en la teoría política durante los últimos ciento cincuenta años, es cuáles son los fines del Estado. Eso, por ahora, ya está definido en la Constitución, si bien a un nivel de generalidad bastante amplio. Así, por ejemplo, ¿qué quiere decir en la práctica que el Estado velará por la salud de todos los habitantes? (Arto. 94)

Descendiendo a un nivel más concreto, debido a dos factores bastante discutibles, entre la Constitución y algunas leyes de diversa índole, el Presupuesto se ha preasignado a diversos fines. Dos casos bastante notorios son los de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el deporte. A la primera se le asigna el cinco por cien del presupuesto, y al segundo, el tres. Cada uno de los dos destinos goza de una asignación mayor, por ejemplo, que la que corresponde al Poder Judicial.

Después de cubrir todas esas asignaciones constitucionales y legales, de hacer frente al servicio de la deuda del Estado y los llamados “gastos de funcionamiento”, solo alrededor del quince por ciento restante del Presupuesto se destina a lo que se ha denominado “inversión” (una porción menor que la dedicada a cubrir la deuda pública).

Ahora bien, al lado del problema de la partición del “pastel” está ese otro de la “calidad del gasto”. Siendo el caso, por ejemplo, que más de la mitad del Presupuesto se gasta en remuneraciones a los funcionarios y empleados públicos, en la medida en que su desempeño sea improductivo o que responda a negociaciones entre políticos y líderes sindicales, en esa medida los tributos pagados por los contribuyentes se dedican a financiar actividades que operan en contra del desarrollo del país.

La circunstancia de que la mayor parte de los ingresos del Estado se desaprovechen de esa forma es una de las características de un régimen político disfuncional. En síntesis, es un régimen que cuenta con pocos recursos que, además, se gastan mal y se asignan en un orden de prioridades que carece de racionalidad económica.

Apenas pueden mencionarse de paso dos ejemplos para ilustrar este aserto, a saber: las primeras letras y la seguridad y la justicia. En un país en que la calidad de la educación primaria es tan baja y, sobre todo, en las regiones predominantemente rurales, tan precaria, ¿qué sector de la población debiera ocupar un orden de prioridad más alto? ¿Los niños integrantes de familias en situación de pobreza o de extrema pobreza o los jóvenes de clase media que aspiran a ser profesionales liberales? ¿Qué tipo de inversión suscita mayores probabilidades de desarrollo: una formación educativa primaria más extensa y de mejor calidad o la subvención estatal de las profesiones liberales?

De otra parte, ¿qué merece una mayor asignación de recursos, las federaciones deportivas o las fuerzas de seguridad civil y los órganos de la justicia? ¿Qué puede incidir más en una sociedad más productiva? ¿De qué necesitan las pymes, de más deportistas o de más agentes del orden que repriman las extorsiones y otros delitos? Y, estando claro que las oportunidades económicas requieren de más y mejores inversiones, ¿qué buscan los inversores para traer sus capitales a este país, más deportistas o más certeza jurídica? ¿De quién depende principalmente la certeza jurídica en un estado de Derecho? ¿No es de los jueces? ¿Por qué no se invierte en financiar una carrera judicial que garantice su independencia?