Todo a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por Silvia Patricia Valdés, presidenta de la CSJ, quien señaló en el documento aparentes vicios en la Ley de la Carrera Judicial.
Esta normativa que apenas había sido reformada por el pleno del Congreso en 2016. Los cambios habían sido promovidos por Iván Velásquez, extitular de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El fin de las reformas era diferenciar las funciones jurisdiccionales que desempeñaban los magistrados de las administrativas. La idea era que el Consejo de la Carrera Judicial se hiciera cargo de las segundas y así evitar sobrecargas de trabajo en la administración de justicia.
Actualmente la CSJ está integrada por magistrados que ya cumplieron su periodo de vida Constitucional, pero debido a que el Congreso ha omitido su responsabilidad de renovar Cortes no han podido cesar del cargo.
El Consejo de la Carrera Judicial es un órgano independiente, ajeno a la CSJ que hasta antes de esta resolución tenía la potestad de decidir sobre los cambios en las sedes judiciales.
A criterio de expertos dejar todo el poder en manos de la CSJ podría ser contraproducente, ya que existiría peligro sobre los jueces independientes ya que podrían ser removidos de manera arbitraria.
“Fallo es correcto, pero conlleva riesgos”
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, considera que la Constitución otorga a la CSJ la facultad en el nombramiento de jueces y de esa cuenta el fallo de la CC es acertado.
Sin embargo, existe el riesgo de que la CSJ concentre más poder en el nombramiento y traslado de jueces, lo cual puede hacer que se politice.
“La CC puso las cosas en su lugar, pero como resultado de elo hay un riesgo de mayor control por parte de la CSJ. Ahora va a ser más apetecible controlar la CSJ ya que esta se va a retomar el control de todas las funciones judiciales. Yo sí creo que representa un riesgo y habría que desligar a la CSJ de las funciones administrativas”, dijo el exmagistrado.
El profesional del derecho considera que estos fallos son producto de que las leyes están mal redactadas y son contradictorias.
“Inconstitucionalidad implica un retroceso”
Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, considera que el hecho que la CSJ retome el poder absoluto en el nombramiento y traslado de jueces implica un retroceso en la administración de justicia.
Recuerda que, en el 2016, cuando se aprueba la Ley de la Carrera Judicial, se buscó que la CSJ se dedicara a tareas jurisdiccionales y se separara de las administrativas, como lo es el nombrar jueces. Esto evitaba la polarización, pero el hecho que ahora la CC le devuelva estas facultades parece ser una estrategia para anular la lucha contra la corrupción, dice.
“Se da un paso atrás. En lugar de ir mejorando, la CC hace retroceder a la independencia judicial. Un pequeño avance que se había logrado era crear una separación de funciones entre la CSJ y el CCJ. Se fortalecía la institucionalidad porque no era solo un órgano -la CSJ- el que resolvía y encima veía el tema de traslados”, dijo Montenegro.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, comenta que con esta resolución todo el poder lo concentra la CSJ. “Tiene la rectoría en cuanto al ingreso de jueces, traslados, suplencias y vacantes y toda decisión relativa a la carrera. Es un retroceso tremendo”, afirma.
Además, se le regresa a quien presida la CSJ y el OJ un poder discrecional. COn esto pierde sentido la existencia del CCJ.
“El CCJ ha tenido decisiones muy cuestionadas y algunos de sus integrantes tienen tacha. Pero la idea de un consejo rector de la carrera judicial promovía un abordaje técnico para el día a día de los jueces. Ahora se retorna al terreno político de la CSJ”, dijo Ibarra.
Se intentó contactar al juez Carlos Ruano, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, pero comentó que estaba informándose de la resolución.
