Entre los jueces, que son los que imparten justicia, están divididas las opiniones y percepciones sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que devolvió, de forma temporal, a la CSJ el poder de hacer traslados, nombramientos o movimientos administrativos sobre los juzgadores y magistrados.
La resolución responde a la acción que presentó Valdés, por la ausencia de los nombramientos de los nuevos magistrados, y en donde fueron suspendidos varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial y otras normas que le otorgan al Consejo la potestad de administrar los nombramientos, traslados y vacancias, entre otros movimientos.
El juez séptimo Penal, Fredy Orellana, que preside la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), opina que la resolución emitida por el máximo tribunal constitucional del país es provisional y al suspender artículos de la Ley de la Carrera Judicial no debería afectar el trabajo de los juzgadores, porque se trata de un proceso administrativo. “Lo que se espera en este caso es que pueda existir a la brevedad posible una resolución definitiva; es decir, una sentencia que indique si los artículos se expulsan del ordenamiento jurídico o continúan vigentes. Se espera que se resuelva a la brevedad posible esta acción de inconstitucionalidad para que exista certeza y seguridad jurídica”, señaló Orellana.
Agregó que, después de esta resolución, los jueces y magistrados trabajan de manera normal y permanente, apegándose a la Ley y la Constitución, y con independencia, porque la justicia es un servicio esencial para la población. La resolución de la CC no afecta el trabajo.
Separación de atribuciones
Para el juez contra el femicidio Mario Alberto Taracena, expresidente de la Ajmoj, la CC resolvió de manera provisional los vacíos legales que existían en la Ley de la Carrera Judicial, que era confusa en cuanto a definir las funciones de los magistrados de la CSJ y los consejeros.
Para Taracena, los estándares internacionales indican que debería existir separación de funciones, porque la CSJ es un ente eminentemente jurista y colegiado y debe tener el tiempo necesario para resolver asuntos legales o judiciales, y se requiere la asistencia de otro organismo, como sucede en otros países, que se encargue de las actividades administrativas como licencias, vacaciones o traslados de jueces, entre otras.
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“Le devuelve —la CC—, porque así estaba anteriormente, las facultades a la Corte Suprema de Justicia. Se concentra el poder de juzgar y el administrativo, en lo relativo a cuestiones laborales”, señaló.
El juez contra el Femicidio reconoce que es necesaria la separación de funciones, pero advirtió de que la Ley de la Carrera Judicial no resolvía el problema y creaba confusiones que afectaban finalmente a los jueces y magistrados, ya que, por ejemplo, había dos nombramientos, uno emitido por los magistrados y otro por los consejeros para laborar en diferentes sedes judiciales.
“Si bien es cierto que le atribuye más poder —a la CSJ—, lo importante para los jueces es que se define, de una vez por todas, quién tendrá la batuta, el control y la decisión en cuanto a la designación, y lo que esperamos es que ya no exista ese tipo de problemas en una pugna que se dio entre la Corte Suprema y el Consejo de la Carrera Judicial. Los jueces lo que quieren es estabilidad y seguridad jurídica laboral”, explicó.
Cercanía con el CCJ
Existe otro grupo de jueces, alejados de la Ajmoj, que no opina igual.
Verónica Galicia, jueza de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, afirmó que hasta ahora se sentían cómodos con la implementación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), porque es un órgano que se integra de forma imparcial, existe representación para los magistrados, los jueces de Primera Instancia, de Paz, y con expertos en administración pública y otras profesiones, lo cual mejora el desempeño de la carrera judicial.
Galicia también considera que la integración de la Corte Suprema de Justicia tiene debilidades para ejercer labores administrativas, porque solo está formada por abogados.
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“Es una gran frontera que tenemos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son inaccesibles. Ningún juez de Paz o Instancia Penal tiene relación directa con los magistrados, y estos no se enteran de nuestras necesidades, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial, sí, por cómo está integrado”, expresó Galicia.
La jueza agregó que la implementación de este consejo fue una conquista para todos los jueces del Organismo Judicial y señaló que se debe trabajar en las reformas para la Constitución y así retornar las funciones administrativas a los consejeros.
Galicia, por su parte, habló de la necesidad de que se fortalezca la carrera judicial, de manera que se regule de esta forma la propia elección de los magistrados, tanto de salas de Apelaciones como de la misma CSJ, de manera que se garantice que se elegirá a profesionales sin intereses políticos o de cualquier otra índole, garantizando así órganos independientes para que se ponga como prioridad el mérito y la capacidad.
La Asociación de Jueces por la Integridad, presidida por Carlos Ruano e integrada, entre otros jueces, por Haroldo Vásquez, Miguel Ángel Gálvez y Éricka Aifán, aún analiza los alcances de la resolución constitucional y su posición al respecto.
Sin embargo, Ruano dijo la semana pasada a Prensa Libre que buscaban querellarse en un amparo que presentaría el Consejo de la Carrera Judicial para frenar la intención de la CSJ de recuperar el control de los jueces.
