Hace unos días el articulista de La Hora Luis Fernando Bermejo presentó una síntesis bien documentada y al punto sobre los principales modelos para desarrollar infraestructuras públicas, y sus pros y contras más importantes. Bermejo ha puesto de relieve, entre otras cosas, que sobre este tema existen estudios que sopesan los resultados que pueden esperarse de las diversas modalidades que cabe implementar.

Y ante tantas experiencias estudiadas y perfectamente documentadas se impone la pregunta de por qué las infraestructuras de este país están en ruinas. Y en relación con esto es importante comentar para los menores de 40 años que, en términos relativos, las infraestructuras públicas de Guatemala de, digamos, la mitad del siglo XX al año 2000, no eran, en general, tan insuficientes u obsoletas como lo son hoy en día. ¿Qué ha pasado?

Evidentemente, se trata de un problema complejo y, por tanto, no hay un solo factor causante del estado tan lamentable de las infraestructuras públicas del Estado. Sin embargo, en mi opinión, el más importante de todos es que ciertos líderes políticos han descubierto que, al constituirse en los controladores del monopolio de las infraestructuras públicas, su poder crecía exponencialmente. ¿A qué me refiero?

Me refiero a que, si bien las disposiciones de la Constitución sobre estos temas dan lugar a interpretar que toda concesión o contrato administrativo, sea a nivel nacional, departamental o municipal, deba pasar por el Congreso de la República, también existe la posibilidad de entender que los gobiernos municipales tienen, en ese ámbito, las potestades constitucionales necesarias para hacerse cargo de gestionar estos asuntos. Además, pueden hacerlo, de acuerdo con el Código Municipal, en coordinación con una o más municipalidades, formando mancomunidades. No obstante, desde los partidos políticos, pasando por el gobierno central, hasta algunos contratistas de obras públicas “afines” al oficialismo, a lo largo de tres décadas han conseguido distorsionar figuras como las de los consejos de desarrollo para “monopolizar” todo este ámbito tan importante de la vida nacional.

Así, por ejemplo, se ha convertido en vox populi que una buena parte de los pactos políticos se sellan entre los diversos partidos por medio de la repartición del “pastel” en eso que ha dado en llamarse “el listado geográfico de obras”. Tampoco ayuda la circunstancia de que las facultades para decretar una situación de necesidad pública y utilidad colectiva, de cara a una expropiación, corresponda en exclusiva al Congreso. Esto no está previsto así por la Constitución, sino por una ley.

Es comprensible que existan dudas o reservas sobre la conveniencia de extender las facultades de expropiación a los gobiernos municipales; sin embargo, bien acotadas y reguladas permitirían un desarrollo mucho más ordenado y beneficioso para los vecinos. El punto es que, sin esas facultades o bajo el monopolio del Congreso, los gobiernos municipales y las mancomunidades de municipios no pueden, siquiera, sentarse a pensar en proyectos de infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de su circunscripción. Esto nunca pudiera ser un “cheque en blanco” porque la indemnización previa y a valor actual está mandada por la Constitución. ¿Por qué no entregarle a las municipalidades de Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán y de Chinautla las facultades que necesitan para desarrollar ese tren de cercanías o para concesionar túneles, puentes, pasos a desnivel, aeródromos municipales, etcétera? ¿Por qué un monopolio para los diputados al Congreso que tantas veces se manifiesta en pura corrupción?