Durante los primeros meses del 2020, la pandemia dio paso a una reducción histórica en las prisiones más pobladas del mundo, para evitar que se registraran brotes de contagios mortales e incontrolables.
En Guatemala eso no ocurrió, aunque sí se agilizó el trámite de expedientes de solicitudes de libertad anticipada.
Según los registros del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), personas condenadas por robo agravado, extorsión y portación ilegal de armas de fuego son las más beneficiadas con esa medida en los últimos dos años.
De enero del 2018 al pasado 31 de octubre, al menos 913 personas han recobrado su libertad de forma anticipada, después de haber sido condenados por robo agravado. Las salidas tuvieron un leve incremento entre el 2020 y los 10 meses del 2021, porque han salido 71 personas más, comparado con los dos años anteriores.
En el caso de personas condenadas por extorsión, han salido 806 de las cárceles, mientras que por portación ilegal de arma de fuego 452 personas han recuperado su libertad de manera anticipada.
Alma Martínez, coordinadora nacional de Ejecución del IDPP, explica que la Ley del Régimen contempla beneficios penitenciarios a los que se puede optar a partir de la mitad de la condena y teniendo buena conducta. Los delitos con beneficio son los que más se cometen, pero también los que tienen las penas mínimas más bajas.
Pandemia
Aunque durante el tiempo que ha durado la pandemia se nota un incremento en el trámite de los expedientes, las prisiones no se vacían a un ritmo que permita eliminar el hacinamiento.
El Sistema Penitenciario reporta que la población reclusa en el 2019 era de 25 mil 324 privados de libertad, el año pasado fueron eran 25 mil 219 y a la fecha tienen 24 mil 844, de los cuales el 52 por ciento es población condenada y el 48 por ciento en prisión preventiva.
Las cárceles siguen hacinadas en más del 300 por ciento, según estimaciones de organizaciones que estudian el tema.
El Sistema Penitenciario reconoce que esa baja disminución de reclusos se debe a que fortalecieron los equipos multidisciplinarios para que los privados de libertad apliquen a programas de libertad condicionada o redenciones de penas, con el objetivo de liberar espacios y enfrentar de mejor manera el covid-19.
Martínez señala que durante el 2020 llegó nuevo personal a los departamentos del Sistema Penitenciario que se encargan de realizar los trámites para las libertades condicionadas, lo cual ayudó a agilizar los expedientes. Además, a finales de marzo del 2020, después de haber confirmado que el virus circulaba en el país, las autoridades del Sector Justicia acordaron privilegiar las audiencias para estos beneficios con el fin de evitar los contagios en las cárceles.
Fortalecer mecanismos
Lizandro Acuña, analista e investigador en temas de seguridad y justicia, ve con preocupación que personas condenadas por delitos como las extorsiones y violaciones obtengan estos beneficios penitenciarios, por el daño que puede generar en las víctimas, por lo que es importante, antes de juzgar, conocer el análisis por parte del personal de las prisiones y el juez de
Ejecución para conocer si esta persona tiene sentimientos de rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Para Acuña, el Sistema Penitenciario todavía no cumple programas de rehabilitación y reinserción social, por lo que es necesario que se fortalezcan los mecanismos para comprobar que sí exista un compromiso por parte de los beneficiarios para no volver a cometer delitos o ejecutar represalias en contra de las víctimas.
“Se debe trabajar en políticas de inversión de tecnología e infraestructura para garantizar que las personas que tengan derechos a estas medidas hayan tenido un proceso de rehabilitación”, afirmó Acuña.
Para Raúl Robles, director de la división de coordinaciones técnico-profesionales del IDPP, en la Ley del Régimen Penitenciario se establece que se debe analizar el perfil y los delitos de la persona que busca alguna medida de libertad para establecer en dónde la deben ubicar.
Robles explicó que los mecanismos para reinsertar a las personas a la sociedad existen, pero deben ser fortalecidos por el Sistema Penitenciario para que todos los reos puedan optar a estas oportunidades que van desde educación, trabajo, entre otros. Añade que muchas de las personas que salen bajo estos beneficios tienen oportunidades limitadas al buscar trabajo, porque cuando les piden sus antecedentes penales aparecen como condenados y están bajo libertad anticipada.
“No podemos etiquetar a una persona que saldrá con libertad anticipada si está preparada o no para hacerle frente a una sociedad, porque sabemos la calidad de sociedad que tenemos y también que podemos cometer alguna u otra cuestión que nos pueda limitar la libertad. Debemos valorar a la persona como humano, sin etiquetarla y sin limitarle las oportunidades”, reflexionó.
