También el Ministerio Público –MP-, que ejecuta la persecución penal pública; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-, a cargo de realizar la investigación científica forense y emitir dictámenes periciales.
Además, el Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP- que lleva a cabo la defensa pública gratuita en el ramo penal a las personas que lo requieran; y el Organismo Judicial –OJ– responsable de impartir justicia.
En este análisis se considerará el presupuesto propuesto para la PNC y el SP en el caso del MINGOB y la transferencia propuesta de parte de la administración central al resto de instituciones autónomas (MP, INACIF, IDPP y OJ).
Recursos Trasladados
La participación que tienen las instituciones analizadas en el Flujograma sobre los presupuestos devengados entre 2014 y 2020 ha oscilado entre el 9% y 11% y en términos nominales, ha experimentado un crecimiento interanual promedio de 7.6%. En el presupuesto propuesto para 2022, la asignación de estas instituciones crecería en 20.7% en comparación con el presupuesto de 2021.
A nivel individual, todas las instituciones experimentarían un aumento en el presupuesto propuesto para el próximo año y el MP es la institución que más crecería (63.3%), con el aumento propuesto de Q1,326.1 millones. Es decir que, por primera vez en la historia, tendría una transferencia de parte de la Administración Central, superior en Q750.9 millones a la del OJ (Q2,669.2 millones).
A pesar de la tendencia hacia el alza en los recursos trasladados y propuestos para las instituciones analizadas en el Flujograma en su conjunto, a nivel individual se observa un ritmo de crecimiento dispar.
Comparando únicamente la transferencia de la Administración Central devengada en 2014 con la de 2020 se encuentra que los recursos del MP experimentaron un crecimiento acumulado de 105.5% (pasando de Q885 millones en 2014 a Q1,818.6 millones en 2020). Si se llegara a aprobar la transferencia propuesta en 2022, el presupuesto de esa institución tendría un crecimiento acumulado de 286.5%.
Por otro lado, instituciones que prestan servicios de apoyo dentro del proceso de impartición de justicia en la rama penal como el INACIF y el IDPP, son las que históricamente han recibido una transferencia menor de parte de la Administración Central: entre 2014 y 2020 experimentaron un crecimiento acumulado de 72.6% y 68.5% respectivamente.
De aprobarse la transferencia propuesta para 2022 llegarían a un crecimiento acumulado de 151.5% y 141.2% respectivamente.
Mejoras sin más fondos
Dada la prioridad que ha tomado la recuperación económica, el fortalecimiento del sistema de salud y a la necesidad de seguir reduciendo el déficit fiscal, es difícil esperar que en los próximos años sigan creciendo los recursos que reciben las Instituciones analizadas en el Flujograma.
Por lo tanto, se necesita explorar estrategias para seguir mejorando el desempeño de las instituciones del sistema de justicia criminal a nivel individual y en conjunto, sin depender exclusivamente de mayores asignaciones financieras.
El uso de la tecnología podría convertirse en una fuente relevante para mejorar el desempeño, sin requerir un aumento sustancial en los recursos financieros trasladados.
La revisión y automatización de procesos, la digitalización de procedimientos, la celebración de audiencias y notificaciones utilizando medios electrónicos, el uso del control telemático para liberar espacios en el SP, entre otros, son algunos ejemplos del uso de la tecnología para mejorar el desempeño.
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El autor es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). jdcasasola@cien.org.gt
