Decenas de agentes explican a los migrantes, con más de 500 km de caminata encima, que el documento les permitirá residir en el país al menos un año por razones humanitarias.
Si aceptan, deben subir a un autobús e ir a un albergue para recibir la credencial, tras lo cual podrían incluso viajar por su cuenta hasta la frontera con Estados Unidos, detallan los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Unas 1.500 personas han accedido, según el organismo, con lo cual la caravana se redujo considerablemente desde que partió de Tapachula (frontera sur con Guatemala) el 23 de octubre.
Aún siguen la travesía unas 800 personas, en su mayoría centroamericanos que aseguran huir de la violencia y la pobreza en sus países.
La labor de convencimiento de los agentes llega al extremo de vincular su oferta con la reunión que sostendrá este jueves en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con sus pares de México, Andrés Manuel López Obrador, y Canadá, Justin Trudeau.
“Será más fácil tener la residencia permanente ahora que se pongan de acuerdo los presidentes de México y Estados Unidos”, le garantiza un funcionario a un migrante en un retén en Nuevo Morelos (Veracruz).
Acto de fe
En ese punto, algunos funcionarios bajan el tono al notar la cercanía de la prensa; en Suchilapan, la respuesta es tajante.
“¡Mentiras, nos van a deportar!”, gritan enfurecidos hombres y mujeres. Algunos aseguran que compañeros que aceptaron esa opción terminaron detenidos en estaciones migratorias.
La hondureña Elena Raudales muestra a la AFP la “tarjeta de visitante por razones humanitarias” con su nombre y fotografía. “Vence en abril del próximo año y aún así me detuvieron hace dos meses y me regresaron pa’bajo (más cerca de la frontera con Guatemala). No les vamos a creer nada nunca más”, sostiene en Nuevo Morelos.
El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Biden a la Casa Blanca con la promesa de darles un trato más humano.
Más de 190.000 de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, tres veces más que en 2020. Unos 74.300 han sido deportados.
Estados Unidos, a su vez, registró que 1,7 millones de personas ingresaron ilegalmente desde México entre octubre de 2020 y septiembre pasado, un récord histórico.
Pero, sin fuerzas, algunos aceptan ir a un refugio a esperar su documento.
“Vamos a probar(…). Ya avanzamos bastante y el cansancio es mucho”, dice el salvadoreño Walter Cerón, de unos 30 años, mientras camina hacia el autobús.
Forcejeo
La oferta es tentadora para la guatemalteca Vilma Escobar, de 26 años, quien se alista para otra jornada en la que tendrá que empujar la carriola de su hijo de dos años por una vía ondulada y bajo altas temperaturas.
A “veces yo sí quisiera esa tarjeta, pero es arriesgarnos de si nos mandan para adelante (más cerca de Estados Unidos) o nos mandan para atrás”, comenta la mujer, que salió de su país hace cuatro meses.
Un conocido suyo que recibió el documento está por viajar a la fronteriza Tijuana (norte), cuenta.
Con el paso de los días, las condiciones se tornan más difíciles, pues las autoridades prohíben a los conductores de vehículos de carga dar aventones a los migrantes.
“No tengo la intención” de detenerlos. “El único requisito es que avancen a pie”, zanja con frialdad un agente, destacando que los migrantes pueden usar el documento para “tramitar su estancia permanente”.
Pero Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos Unidos Migrantes, que acompaña la caravana, desaconseja esa opción.
“Está pensada no para ayudar al migrante, sino para disolver la caravana”, asevera el activista de 50 años, un mexicano que emigró a Estados Unidos muy joven y ahora tiene la doble nacionalidad.
Mujica, quien señala que la tarjeta no es válida para trabajar, ha sido descalificado por el INM y por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien acusó a los líderes de la movilización de complicidad con traficantes de personas.
“Me da igual. No me molesta porque sé que no voy para la política. Yo regreso a mi trabajo (una empresa de transporte) y no me afecta, no tengo ningún cargo, tengo una responsabilidad moral. No más”, se defiende.
