Medios informativos de Izabal publicaron que se trata de un desalojo debido a que la PNC debe cuatro años de renta al propietario de inmueble, quien decidió expulsar a los uniformados.
Héctor Alarcón, gobernador departamental de Izabal, explicó que se tergiversó la información, porque no se trató de un desalojo, sino que los agentes desocuparon la sede policial debido a que el contrato de arrendamiento concluyó.
“La propietaria de la casa donde funcionaba la subestación heredó el inmueble y falleció”, detalló el funcionario, y “los nuevos propietarios deben de cumplir con varios requisitos para gestionar un nuevo contrato”, reiteró.
Alarcón confirmó que los uniformados llevaron sus enseres, mobiliario y equipo a la cancha polideportiva, pero negó que allí hayan pasado la noche como lo dieron a conocer medios locales.
“Andaba en diligencias en la capital cuando ocurrió el traslado. Un vecino que tiene un inmueble –hotel – que no utiliza por el tema de la pandemia lo puso a disposición de la Policía y tiene la intensión de efectuar los trámites respectivos para que sea ese lugar sea la nueva sede policial”, manifestó el gobernador.
Respecto al tema, la PNC informó que desocuparon la sede de la subestación 61-51 en el barrio La Loma, Livingston, porque el propietario no cuenta con la documentación necesaria para un nuevo contrato.
Con relación a una posible deuda, la Policía señaló que, “el contrato de arrendamiento de las anteriores instalaciones se dio por terminado”.
Se informó que la Sección de Apoyo y Logística de la Comisaria 61 autorizó el traslado de la subestación y del personal de forma temporal al Hotel Las Palmas, en el barrio Campo Amor.
El gobernador expresó que la presencia de la Policía en Lívingston en necesaria para preservar la calma y seguridad de los pobladores.
