El ingreso fue autorizado con carácter urgente gracias a 73 votos de la mayoría oficialista del Parlamento y sus aliados, de un total de 90, ante una petición del reelegido presidente Daniel Ortega.
Los legisladores también autorizaron el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero procedentes de esos 10 países, según el decreto del Ejecutivo, que fue enviado al Parlamento el martes y aprobado de forma expedita un día después.
Todas las fuerzas armadas ingresarán a Nicaragua en el primer semestre de 2022, como parte de un ejercicio anual “de adiestramiento e intercambio de experiencias”, según el Poder Legislativo.
En su exposición de motivos, Ortega explicó que el Ejército de Nicaragua “mantiene actualmente magníficas relaciones de amistad y de cooperación internacional con otras Fuerzas Armadas y Ejércitos” de otros países, “lo que ha devenido en el fortalecimiento de las medidas de fomento de la confianza, de la paz, el desarrollo y la cooperación”.
Aunque el ingreso de tropas extranjeras a territorio nicaragüense es aprobado cada seis meses por el Parlamento, independientemente del contexto político, esto causa controversia desde la revuelta popular de abril de 2018 que comenzaron por unas controvertidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario debido al saldo mortal en las manifestaciones.
Actualmente, Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones y acusaciones de más de 40 dirigentes opositores y profesionales independientes, críticos o adversarios políticos de Ortega, incluyendo a siete que aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre pasado, que no han logrado el reconocimiento del grueso de la comunidad internacional.
La 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que esos comicios, en los que Ortega se impuso para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Como respuesta, Nicaragua denunció la Carta de la OEA y anunció su salida del organismo, un proceso que tardará dos años en ser efectiva.
