Las elecciones en Venezuela no fueron ni libres ni transparentes, no tuvieron las garantías mínimas de pulcritud normales en una democracia, como bien lo manifestó el informe preliminar de la misión de observación de la Unión Europea (MOE). Buena parte de los dirigentes democráticos están presos, exiliados o inhabilitados, los símbolos y los bienes de los principales partidos de oposición han sido robados y entregados, por el Tribunal Supremo madurista, a unos “opositores” que se vendieron al régimen por un “puñado de dólares”.

Los medios de comunicación están bajo control del régimen. El árbitro electoral fue nombrado por la Asamblea ilegítima del 2020, con una mayoría de miembros del régimen y la presencia minoritaria de dos personalidades respetables de la oposición, pero en el marco de una organización burocrática ampliamente controlada por el régimen, como también lo está el Poder Judicial. En efecto la MOE certificó que en Venezuela no hay un estado de Derecho y que el régimen utilizó el presupuesto del Estado y en general todo el aparato estatal para movilizar y presionar a sus votantes e intimidar a sus oponentes.

El régimen tenía dos objetivos relevantes: mantener y profundizar la división de la oposición, entre otras cosas fomentando la abstención, y proyectar una imagen “aperturista” frente a la comunidad internacional. El primero lo logró, pero en el segundo fracasó. En cuanto a los resultados, es relevante notar que, aun con la división entre participacionistas y abstencionistas, la oposición logró el 54% del voto nacional y que de 27 alcaldías pasó a controlar 117.

La falta de unidad en las candidaturas provocó la pérdida de la mayoría de las gobernaciones. El régimen, con todas sus ventajas, presiones y amenazas, obtuvo apenas el 46% del voto y su más bajo resultado histórico; solo logró movilizar el 18% del electorado. Una porción muy minoritaria del voto oposicionista votó por los partidos tradicionales usurpados por los vendidos al régimen; sin embargo, ese voto hay que contarlo en la oposición. Muy probablemente buena parte de esos electores creyeron estar sufragando por su viejo partido y en todo caso no quisieron votar por el régimen.

Entre los abstencionistas militantes hay quienes asumen la abstención (60% nacional y 75% en las zonas de tradicional mayoría opositora) como un voto a su favor. Parecen olvidar la inmensa diáspora venezolana, la abstención tradicional en elecciones locales, la llamada abstención estructural y la desconfianza en el árbitro electoral, entre otras cosas. Por cierto, uno de los alegatos más utilizados por los abstencionistas militantes fue que votando se legitimaba al régimen. La crítica contundente de la comunidad democrática internacional frente al “evento” electoral demuestra que a este régimen no lo legitima nada.

Más bien la presencia de la MOE, muy criticada en los círculos abstencionistas, fue decisiva para impedir el objetivo fundamental del régimen de mejorar su imagen. El resultado electoral y la falta de unidad en la oposición, aun entre los participacionistas, está alentando una saludable renovación de la dirigencia opositora. Sin embargo, el llamado de que “se vayan todos” es inviable, irreal e injusto.

Los años de prisión, exilio, asilo, inhabilitaciones, intimidaciones y amenazas, sufridos por muchos, no deben olvidarse. Los líderes surgen no se inventan ni se producen. La renovación debe venir naturalmente en cada organización y las que no lo logren tenderán a extinguirse. El apoyo de la comunidad internacional es absolutamente indispensable para la oposición, aunque no suficiente, y la comunidad internacional respalda a Guaidó y la AN del 2015.