La tercera orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa fue girada en torno al caso Amperios, donde la Fiscalía contra la Corrupción efectúo 13 allanamientos en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa. En total capturaron a nueve personas.
“La Fiscalía contra la Corrupción -Feci- realizó 13 diligencias de allanamiento en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa con el objeto de ejecutar 13 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, vinculados con el exministro Érick Estuardo Archila Dehesa, en virtud de que en el periodo comprendido del año 2014 a 2016, mediante un proceso de adquisición pública con ocasión de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, se realizaron artificios para defraudar en el patrimonio del Estado”, señala un comunicado del MP.
Agrega que, “en ese sentido, mediante acciones fraudulentas convirtieron una licitación a corto plazo (2 años) en una de largo plazo (17 años), favoreciendo de forma directa a la empresa La Libertad S.A., por intervención y autorización del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, empresa que, en virtud de dicho contrato, al mes de septiembre de 2021, ha sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826 millones 843 mil 822.38”.
De acuerdo con la Fiscalía, también se giró otra orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa por la posible comisión de los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, con lo que el exfuncionario prófugo de la justicia suma tres órdenes de aprehensión.
“Cabe destacar que el señor Archila Dehesa se encuentra sindicado en dos casos por la Fiscalía Especial contra la impunidad, con orden de aprehensión vigente”, señala la misiva del MP.
Postura del Inde
En tanto el Inde señaló que respeta los procedimientos del MP y que las autoridades colaborarán con la Fiscalía.
“En relación a las acciones realizadas por el Ministerio Público, en las que se involucra a exfuncionarios y extrabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la administración actual reafirma su total respeto a la ley y la disposición a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario”, señala un comunicado de esa institución.
Añade que “el Instituto, con la convicción de realizar un trabajo transparente, acata todo proceso jurídico y respeta la presunción de inocencia, así como las investigaciones que se realizan. Además, mantiene firme su compromiso ante la justicia guatemalteca y el marco legal que rige”.
Señala hostigamiento político
Por su parte Archila hizo llegar un comunicado por medio de su sobrino Diego Solares, en el que señala que desde 2012 ha sido víctima de hostigamiento político y señaló al sistema de justicia de Guatemala de corrupto y cooptado.
“Desde 2012, en el cual inicia un largo camino de hostigamiento político por un sistema de justicia cooptado y corrupto en el cual he sido víctima de una violación sistemática a mis derechos humanos, hostigamiento familiar, presión editorial en mis medios, faltas al debido proceso y acusaciones sistemáticas falsas en mi contra en la que han atentado a mi honorabilidad”, dice el comunicado.
Agrega que “he tomado acciones legales en Estados Unidos, país donde públicamente resido, denunciando el actuar corrupto del Ministerio Público las cuales incluyen intentos de extorsión por parte de sus fiscales, la revelación de documentos de carácter confidencial para usos perversos y la intimidación para someter a la prensa a sus intereses entre muchos otros”.
Además, dice que “el caso que hoy judicializa el Ministerio Publico no hace más que reforzar su actuar, político y careciente de veracidad. Es evidente que los fiscales actúan en total desconocimiento de gestión pública y energética.
Por ello, aclaro lo siguiente:
- La licitación fue aprobada por el Consejo Directivo del INDE, toda vez que la institución necesitaba garantizar y respaldar los compromisos de venta de potencia y energía que adquirió en las licitaciones PEG.
- La licitación siempre tuvo como objeto buscar un oferente de largo plazo y no de dos años como equivocadamente señala el MP en su comunicado, esto está claramente documentado en las bases públicas del evento en Guatecompras.
- Los compromisos adquiridos por el INDE en ese entonces no podían ser cubiertos con las plantas existentes, ya que su energía hidráulica no era suficiente para cubrirlos en época de verano. Sin este proceso el país se hubiera visto afectado con serias faltas de capacidad de energía y por eso el ECOE solicito a la Junta Directiva del INDE la creación del evento.
- La contratación de la Generadora La Libertad es producto de una licitación pública, cuyas bases fueron aprobadas de forma unánime por el Consejo Directivo del INDE y el proceso es llevado por una junta licitadora. La oferta estuvo abierta durante tres meses para recibir oferentes, sin embargo, llego un único oferente el cual presento un precio de mercado.
- El Consejo Directivo únicamente recibe la resolución de una junta de licitación, de la cual ningún miembro de la Junta Directiva formó parte. Dicha licitación fue un evento público que cumplió con todas las condiciones de ley y reglamentos.
- Niego enfáticamente algún vínculo empresarial o personal con algún miembro del sector energético y rechazo las acusaciones burdas e infundadas que hoy hace el Ministerio Público. Lamento mucho por quienes han sido colaterales de esta persecución y sus familias, confió en la justicia de Dios, que la verdad siempre saldrá a relucir y que su inocencia será probada.
Detalles
La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.
La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.
El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.
Beneficios económicos ilícitos
El fin primordial de esa estructura, según la Feci, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.
Esa posición, según MP, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.
Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.
Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.
