De poco o nada sirve que el Tribunal Supremo Electoral dictamine y ejecute la supresión de partidos políticos como máxima sanción por graves delitos electorales, si a la vuelta de la esquina ya hay más de 20 caparazones vacíos que podrían ser el traje nuevo de figuras viejas e incluso señaladas de actos ilícitos cometidos en las organizaciones eliminadas: es como sacar de circulación un vehículo involucrado en graves accidentes pero dejar que el mismo piloto siga conduciendo otro, nuevo. La responsabilidad de la cual se origina la medida de borrar a una organización política conlleva también la inhabilitación, temporal o total, de quienes lo conducían al momento de las faltas cometidas.

Después de múltiples, notorios y oficiosos atrasos, el Registro de Ciudadanos, dependencia del Tribunal Supremo Electoral, dictaminó ayer la eliminación definitiva del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), por delitos electorales consistentes en aportes económicos no reportados. Sin embargo, ese proceso ya había sido anunciado en diciembre del 2019 por las anteriores autoridades de esa instancia. Tuvieron que pasar dos años para confirmar lo obvio respecto de la agrupación fundada por Mario Estrada, preso en EE. UU., confeso de narcotráfico y quien aquel 2019 competía de nuevo como presidenciable. Luego, en 2020 y 2021, UCN ha sido aliado clave del oficialismo, el cual no hizo mohín al proceso en curso.

También se hizo oficial ayer el inicio del proceso de cancelación de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Prosperidad Ciudadana. Dados los antecedentes, habrá que sentarse a esperar hasta dónde llega la laxitud del TSE para alargarles la condición de zombis electoreros.

Desgraciadamente, la miseria conceptual de las agrupaciones políticas, los caudillismos sigloveinteros y la permisividad de la Ley Electoral hacen posible que los dirigentes tácitamente defenestrados puedan con excesiva facilidad trasladarse o incluso comprarse otro partido, cambiarse de color, ponerse otro símbolo en la frente y promocionarse como opciones renovadas e incluso como falsas víctimas de la intolerancia, con lo cual hasta resulta que el TSE les hace un gran favor al borrar la sombra de su anterior vehículo proselitista.

La depuración del sistema político guatemalteco, a través de la aplicación estricta de la ley, es la misión más importante que tiene el actual Tribunal Supremo Electoral. Esto va más allá de armar las elecciones de 2023, algo para lo cual no hay que inventar el agua azucarada. Pero sí se necesita expulsar a los fariseos del templo, castigar a los partidos que entreguen informes imprecisos, incompletos o incluso falsos de sus ingresos, gastos, donantes y afiliados. Si se siguen tolerando entregas fraudulentas, dolosas y legalistas de datos estipulados en la ley, las autoridades del TSE equivaldrán a cómplices accesorios.

Existe una cifra que revela el nivel de inmadurez, fragmentación y anomia política en el país. Hasta el 30 de octubre había al menos 37 grupos en busca de convertirse en partidos políticos. Algunos de los dirigentes son exfuncionarios, exdiputados o cabecillas expulsados de otros partidos. Es posible que también haya agrupaciones de ciudadanos convencidos de la necesidad de transformación, con ideales y cuadros limpios, pero ello solo redobla la necesidad de que el TSE sea exigente y deje de lado cualquier pacto, nexo o filiación que haya tenido con quienes eligieron a sus integrantes en el 2020.