“8. En la búsqueda de crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan proceso de exclusión socioeconómica, como el desempeño y empobrecimiento y a optimizar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. La elevación del nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para acceder al desarrollo sostenible de Guatemala”.

“9. El Estado y los sectores de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales”.

Transcribí dos de los conceptos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado justo hoy hace 25 años entre el gobierno y la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Aquel 29 de diciembre de 1996, frente a una Plaza de la Constitución abarrotada se tuvo la esperanza de una Guatemala distinta, se concibió un régimen democrático maduro para el juego electoral de todas las ideologías políticas y así fortalecer una siempre incipiente institucionalidad en beneficio de todos.

Los Acuerdos de Paz constituyen, a la fecha, el último y único intento por establecer una agenda a mediano y largo plazo, pero es evidente como distintos gobiernos han conseguido minar los compromisos y dejar de cumplir con sus obligaciones.

¿Los efectos del crecimiento económico son distintos de 1996 a 2021?, de hecho, la cantidad de guatemaltecos que no consigue horizonte laboral y de desarrollo se ha multiplicado y gente es nuestro principal producto de exportación. Datos conservadores calculan un 20% de los guatemaltecos residiendo en los Estados Unidos, algo estamos haciendo muy mal.

¿Qué modificaciones sustantivas han existido en salud, educación y seguridad social de 1996 a 2021? Me animaría a decir que casi nada sustantivo, parece chiste, pero tanto la Universidad de San Carlos como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se siguen rigiendo por Decretos emanados bajo la presidencia del doctor Juan José Arévalo, por supuesto con modificaciones, pero sin cambios fundamentales.

Se señalaba la problemática agraria como un tema fundamental para atajar los grandes problemas estructurales y por ello haberse comprometido el Estado de Guatemala para la creación de un catastro eficiente, moderno y certero constituía un aspecto de primer orden en la nueva Guatemala tras la firma de este último acuerdo, sin embargo lo conseguido es una oficina llamada Registro de Información Catastral donde la corrupción aflora, su incapacidad operativa es manifiesta, pero sobre todo, se encuentra muy por debajo de sus expectativas porque acá en nuestro país es una gran mentira que se protege la propiedad privada cuando cualquiera puede ser víctima de alteración de linderos o hasta de perder su derecho porque las falsificaciones abundan sin que el sistema registral se modernice.

Menospreciar la agenda establecida en los Acuerdos de Paz nos conduce a polarizaciones que creíamos superadas, de hecho, vemos cada vez más abiertamente como apologistas de la represión de los años 70 y 80 se encumbran en órganos de poder y nuestro sistema de justicia que si bien ha dado pasos importantes, se encuentra bajo ataque permanente de quienes buscan una República de papel y sin contenido.

Son las nuevas generaciones quienes deben exigir agendas para el desarrollo, pero más que agendas concreciones de acciones, porque al paso que vamos el retroceso será nuestra única meta.