Lo temores comenzaron a tomar forma conforme pasaban las horas. Once migrantes habían sido asesinados, aparentemente por policías federales, en un crimen que no termina de esclarecerse, los cuerpos habían sido quemados y abandonados en una camioneta a escasos kilómetros de la línea fronteriza con EE. UU.
Un total de 16 guatemaltecos fueron masacrados. Los otros cinco eran de Concepción Tutuapa, Catarina y Sipacapa; también municipios de San Marcos, y dos hermanos de Granados, Baja Verapaz.
Lejos de lo que pudo haber sido un punto de inflexión para pensar en el desarrollo del área rural del país que cada vez fuerza más a sus ciudadanos a migrar, con el pasar de los meses, la tragedia de Tamaulipas parece que va quedando en el olvido y los gobiernos de Guatemala y México no han cumplido o solo han intentado cumplir con sus ofrecimientos.
Caso no avanza
Una de las muestras de ese olvido es que la justicia mexicana no avanza en el proceso judicial en el que están señalados 12 policías estatales, sostienen las familias, según representantes de la Red Jesuita con Migrantes, que los ha acompañado durante estos 12 meses.
Las audiencias se han aplazado a solicitud de la defensa, mientras la Fiscalía, al parecer, cuenta con contundentes pruebas que implicarían a los señalados.
Además, medios mexicanos han recogido contradicciones en los testimonios de los agentes, a pesar de que el 25 de febrero del año pasado, les fue revelado a un grupo de diputados guatemaltecos que viajó a México que los 12 policías estatales habrían confesado el crimen.
“La Fiscalía de México dijo a mitad de año que había información de que las familias habían renunciado al proceso legal. Nosotros nos sorprendimos y nos dimos cuenta de que no era cierto, que los familiares no han renunciado a pedir justicia”, afirmó el sacerdote José Luis González, integrante de la Red Jesuita con Migrantes.
El abogado Ángel Escalante, también parte de la Red, y que es el enlace entre los abogados de México y las familias en Guatemala, expuso que el proceso se encuentra en una especie de etapa intermedia, en donde la Fiscalía no termina de presentar una acusación formal lo que para él es un tiempo “demasiado extenso”.
Prueba del letargo judicial es que la persona designada en México para representar a las familias en el proceso ni siquiera se ha comunicado con ellas, ni para pedirles una declaración o para contarles cómo marcha el caso, y fue hasta septiembre pasado que la Fiscalía de Tamaulipas tuvo un acercamiento para consultar cuál era el estado emocional de los familiares.
Si no hubiera una organización que velara porque el caso avanzara “probablemente ya se hubiera olvidado”, sostiene Escalante. “parece que el Estado —de Tamaulipas— no tiene ningún interés en resolver esto”, señaló.
¿Y el resarcimiento?
Mientras tanto, aún no hay información oficial de que se haya hecho efectiva la indemnización que el 23 de febrero del año pasado ofreció el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas.
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Ni la embajada de ese país en Guatemala ni el Ministerio de Relaciones Exteriores respondieron a una solicitud de información de Prensa Libre.
“De México no se sabe nada”, añadió González, al mismo tiempo que dijo, cualquier ayuda que se proporcione sin una sentencia firme de la justicia mexicana en contra de los 12 policías estatales “será de buena voluntad” ya que el resarcimiento debería ser por la particularidad de que el Estado tuvo participación en el crimen.
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El sacerdote teme que si no hay una sentencia judicial que responsabilice a los agentes estatales la indemnización ofrecida quede en el limbo porque el Gobierno puede cuestionar por qué tiene que pagar si fue un grupo criminal el responsable de la masacre.
¿Hubo ayuda de Guatemala?
La ayuda que también ofreció el Gobierno de Guatemala apenas llegó. Si las familias recibieron muestras de solidaridad fue por parte de vecinos y por personas que viven en EE. UU., de ahí que algunas recibieron apoyo para una vivienda o para tratamientos de salud, una de las causas por las que migraron parte de las víctimas.
Margarita Tomás, concejal cuarta de la Municipalidad de Comitancillo, indicó que los delegados del Ministerio de Agricultura (Maga) ayudaron a las familias, aunque “no a gran escala” con herramientas e insumos agrícolas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social aún está en el proceso de hacer los estudios socioeconómicos.
El padre González tiene información de que la asistencia del Maga se limitó a una bolsa de semillas “que cabía en la palma de la mano” para cada familia.
Incluso, contó que el joven a quién el presidente Alejandro Giammattei ofreció buscar trabajo el día que arribaron los cadáveres a suelo guatemalteco, “todavía está a la espera de que lo contrate el Gobierno”. La Presidencia tampoco respondió a un requerimiento de información de este caso.
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El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), asegura que, aparte de la ayuda del Maga, a los familiares se les ha incluido en programas de los ministerios de Trabajo y de Educación, este segundo otorgó becas.
Tomás cuenta que las familias han tenido que lidiar este año con el empeoramiento de la economía puesto que los productos de la canasta básica han subido de precio, igual que el valor del pasaje que prestan los microbuses. “Esto por el aumento de los combustibles”, asegura.
Los menos afortunados todavía luchan por pagar el dinero que les prestaron para que sus seres queridos, que murieron, hicieran el viaje a EE. UU. o que recibieron tras hipotecar sus bienes inmuebles.
Municipio sigue igual
González subraya que un año después de la masacre “las causas que provocan la migración siguen intactas” en Comitancillo y que, por lo tanto “la gente sigue saliendo porque no hay otra alternativa ni de educación, trabajo o emprendimiento”.
“Comitancillo sigue pensando en la migración como su principal punto de salvación”. El mismo día que estaban arribando los cuerpos de las víctimas, la hermana de uno de ellos partía rumbo al norte, narra.
En ese sentido, el sacerdote lamenta que la masacre no haya significado un punto y aparte en la historia del municipio o de la ruralidad en el país para hacer cambios estructurales y teme que “la situación de Comitancillo y las familias pronto vaya a caer en el olvido”.
El Estado, enfatiza González, “pudo haber hecho un plan piloto, por ejemplo, para hacer leyes de exención de impuestos, o lo que sea, para que las empresas inviertan más en estos municipios y para que haya mejor infraestructura, no solo en carreteras, sino en salud y escuelas, porque por esas razones es que la gente sale”.
“Pudo haber sido la ocasión para que el Gobierno hiciera un plan piloto en varios municipios e invirtiera para ver si se lograba detener la migración”, subrayó, pero es algo que no se ha visto.
“La migración sigue por la necesidad de no dejar a las familias morir de hambre”, añadió Tomás.
Rezago
Con una extensión de 113 kilómetros cuadrados y a una distancia de 284 de la capital guatemalteca, Comitancillo es uno de los 29 municipios de San Marcos donde el 98 por ciento de su población es maya mam, y el 85 por ciento vive en las áreas rurales.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló en 2011 que el municipio contaba con el índice de desarrollo humano más bajo de todo San Marcos, con 0.398 de una escala de 0 a 1. El promedio del departamento se situaba en 0.66
Además, de acuerdo con el Mapa de Pobreza Rural del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el 89.9 por ciento de esta población de este municipio vivía en pobreza y el 26.6% en pobreza extrema. Mientras que, según el Cuarto Censo Nacional de Talla de escolares del 2015, el 70.5% de niños padecía desnutrición crónica.
Informe
Con motivo del primer aniversario de la masacre de Tamaulipas, la Red Jesuita con Migrantes publicó un informe al que llamó El vuelo del colibrí en el que hace un repaso del acompañamiento legal, psicosocial y pastoral que ha hecho de las familias durante los últimos 12 meses.
El grueso del informe, no obstante, lo dedica a la semblanza de las 16 víctimas, la mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años, las cuales cuentas sus vidas y sueños.
Este viernes en Comitancillo, lugar de donde eran originarias 11 de las 16 víctima, se llevó a cabo una misa en la cual se pidió por el alma de los fallecidos. El homenaje se celebró un día antes del aniversario porque este sábado las familias esperan recibir visitas, hacer comida y visitar el cementerio.
