Benito, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, tenía vigentes dos ordenes de captura, una por los Q122 millones que fueron encontrados en maletas en Antigua Guatemala y otra por el caso Libramiento de Chimaltenango.
La orden de captura por la posible vinculación de Benito en con los Q122 millones, estaba activa desde el 20 de octubre de 2020 y es por lavado de dinero.
El MP informó que Benito se presentó al Juzgado de Turno de Mixco, en donde la Policía Nacional Civil lo capturó y le hizo saber el motivo.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, vincula a Benito con el hallazgo de más de Q122 millones que estaban en maletas incautadas en una vivienda en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 16 de octubre de 2020.
El exministro de Comunicaciones fue trasladado de los juzgados de Mixco, donde fue detenido, a la cárcel de Mariscal Zavala a la espera de la audiencia de primera declaración.
Según la investigación de la Feci, la vivienda en Antigua Guatemala en la que se localizaron los Q122 millones fue arrendada por el exministro aproximadamente un mes después de haber dejado el cargo en la cartera de comunicaciones.
El Organismo Judicial publicó el martes 12 de enero un edicto en el Diario de Centro América en relación con el dinero incautado en un condominio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en octubre del 2020.
El edicto detallaba que el juez del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio notificaba a José Luis Benito Ruiz y cualquier persona interesada o que pudiera resultar afectada, que en resolución del 8 de enero se dio tramite a la acción de extinción de dominio solicitada por el Ministerio Público (MP).
La solicitud de extinción es sobre Q85 millones 86 mil 185. También sobre 4 millones 738 mil 45 dólares (Q36.9 millones) y 5 mil 950 euros, todo este dinero incautado el 14 de octubre del 2020 en Residenciales Doña Beatriz, sobre la calle de los Duelos, Antigua Guatemala.
El 21 de junio de 2021, la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio repartió los Q122 millones 351 mil 456.60 incautados en la vivienda de Antigua Guatemala y los repartió entre las dependencias del Estado, con bases a la Ley de Extinción de Dominio.
La cartera que más fondos recibió fue el Organismo Judicial, con casi Q30.5 millones.
Detalles
- Organismo Judicial Q30,407,577.03
- Ministerio Público Q32,434,748.84
- Ministerio de Gobernación Q30,002,142.57
- Ministerio de la Defensa Q8,108,687.21
- Procuraduría General de la Nación Q 2,432,606.16
- Senabed Q18,244,546.22
La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) procedió a entregar a la Senabed, el 13 de agosto de 2021, el inmueble ubicado en Residenciales Doña Beatriz, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, luego de que el Juzgado de Extinción de Dominio decretara medida cautelar de inmovilización.
Segunda orden de captura
El MP informó el sábado 6 de febrero de 2021 que ejecutaron 13 allanamientos y varias capturas relacionadas con el caso Libramiento de Chimaltenango.
Entre las órdenes emitidas está la captura del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz.
Se giró orden de captura además contra de siete personas que en su momento fueron beneficiadas por el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, al decretar auto de falta de mérito, el pasado 16 de octubre de 2020, informó la Fiscalía.
Se indicó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por la juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo Grupo C, Silvia Violeta De León Santos, a requerimiento de la Feci.
La Fiscalía lleva un proceso de investigación por varias irregularidades que presentó la Contraloría sobre la megaobra del Libramiento.
Beneficiados por Moto
En octubre del 2020, el juez Mynor Moto exoneró a exfuncionarios y exmiembros de la Junta de Calificación del Ministerio de Comunicaciones que estuvieron relacionados con la última fase del controversial proyecto.
Dictó falta de mérito para 15 de 28 personas detenidas por ese caso, y días atrás había demandado pruebas de que fuera inservible el proyecto.
Entonces, Moto cuestionó la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó.
En diciembre de 2020, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que Moto, entonces titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, ya no conociera el caso del Libramiento y que fuera resuelto por el Juzgado C de Mayor Riesgo, cargo de la juzgadora Silvia de León.
Moto también había rechazado girar orden de captura contra Benito, quien ya se encontraba prófugo por estar vinculado con los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en la ciudad colonial.
Sobre Moto hay dos órdenes de captura vigentes, por lo que ahora se encuentra prófugo de la Justicia.
