La primera orden de captura en su contra se giró en octubre de 2020, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entonces a cargo del exfiscal Juan Francisco Sandoval, localizara Q122 millones en una vivienda en Antigua Guatemala que estaba vinculada al exministro de comunicaciones.
El dinero fue incautado y el 21 de junio de 2021 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio repartió el dinero entre el Organismo Judicial, al que le asignó Q30.4 millones; Ministerio Público, Q32.4 millones; Ministerio de Gobernación, Q30 millones; Ministerio de la Defensa, Q8.1 millones; Procuraduría General de la Nación, Q2.4 millones y Senabed, Q18.3 millones.
De igual forma, el inmueble donde se halló el efectivo, ubicado en Residenciales Doña Beatriz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, fue entregado por el MP a la Senabed con medida cautelar de inmovilización decretada por un juzgado.
Libramiento de Chimaltenango
El 6 de febrero de 2021 el Juzgado de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Silvia de León, giró la segunda orden de captura contra Benito por el presunto fraude en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
Según la Fiscalía contra la Corrupción, Benito aprovechó su cargo para que la empresa Renova Ingenieros S.A. sirviera como fachada y así la constructora Conasa S.A. siguiera a cargo de la construcción del libramiento a pesar de tener impedimentos de ley por vínculos a otros casos de corrupción.
Las pesquisas dan cuenta que el contrato con Conasa incrementó en 17 oportunidades el valor de la obra, que alcanzó una cifra de Q451 millones 737 mil, sobrepasando el 40 por ciento el valor original.
En los próximos días, el exministro deberá presentarse a los juzgados para enfrentar su primera declaración.
