Jorge García Silvia y Josué Edmundo Lemus, ambos diputados del Congreso de la República, han sido señalados por la Fiscalía contra la Corrupción ante el Juzgado Quinto Penal como personajes vitales que fraguaron y permitieron adjudicaciones millonarias, amañadas en el Insivumeh.
En la audiencia se encuentran Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo, respectivamente, del diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, aliado al oficialismo.
Además, otras siete personas, entre ellas exfuncionarios del Insivumeh sindicados de haber participado en procesos irregulares para compras y contrataciones por casi Q30 millones.
Durante la actividad, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público indicó que el diputado Jorge García Silva sería el líder de la estructura responsable del caso.
Añadió que, desde la Comisión de Finanzas, García Silva logró la ampliación presupuestaria de Q30 millones para el Insivumeh y luego intervino en el plan de compras de la entidad.
La Fiscalía señaló que se planificaron nueve eventos públicos de los que se benefició “el líder de la organización criminal”, en referencia al diputado García Silva.
El martes último, la Corte Suprema de Justicia decidió no conocer la solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra el diputado García Silva, solicitada por el Juzgado Quinto Penal, que lleva el caso de corrupción.
El diputado aún conserva su inmunidad por lo que no es investigado en este caso.
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 27, 2022
Antecedente
Las personas capturadas se suman a otras 16 que ya fueron ligadas a proceso por el Juzgado Quinto Penal, entre ellas Yeison Bróderson Samayoa Velásquez, exdirector del Insivumeh.
Según la investigación del Ministerio Público, una denuncia interpuesta el 21 de noviembre de 2020 alertó de que “posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado”.
Un cable de la agencia de noticias EFE hizo referencia a una investigación del diario “La Hora”, en la que se detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El 5 de noviembre, el Ministerio Público coordinó las primeras capturas del caso. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, luego dijo que “la Fiscalía estaba trabajando en ello de momento”.
El Ministerio Público agregó que, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Agregó que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
Además, el MP refirió que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
