La situación inició con una renuncia. El fiscal Juan Luis Florido, nombrado en 2006 por el en ese entonces presidente Oscar Berger presentó su renuncia el 29 de julio de 2008. Había estado en el cargo casi cuatro años, dos del periodo anterior en el que llegó en lugar de Carlos David De León Argueta.
Su renuncia se debió a que existían fuertes críticas por el poco avance de casos emblemáticos como el asesinato de tres diputados salvadoreños y una mala relación con la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), que en aquel momento dirigía Carlos Castresana.
Su renuncia ocurrió durante el gobierno de Álvaro Colom, quien nombró en su lugar a Amílcar Velásquez Zarate el 30 de julio de 2008 para que terminara el periodo.
En 2010, inicia el proceso de la comisión de postulación para elegir a un nuevo fiscal general, pero este estuvo lleno de tropiezos. El 19 de abril de ese año se seleccionó la lista final de seis candidatos, pero dos días después la en ese entonces diputada, Nineth Montenegro, impugnó el proceso.
La jueza Reyna Yes Marcos dejó sin efecto la elección y ordenó repetir el proceso. La comisión de postulación impugnó esta decisión y finalmente la Corte de Constitucionalidad resolvió que se repitiera el proceso de la selección de la nómina, pero la postuladora únicamente confirmó a los mismos seis candidatos.
Entre esa lista, formada por Conrado Reyes, Édgar Lemus Orellana, María Eugenia Morales, Julio César Rivera Clavería, Leopoldo Liu González y Byron Renato Durán; Colom eligió al primero y el 25 de mayo lo nombró Fiscal General.
Sin embargo, casi de inmediato iniciaron señalamientos en contra del nuevo funcionario. Los más fuertes provenían de la Cicig, cuyo titular, Carlos Castresana, lo señaló de tener récord de corrupción en su historial personal y de una presunta vinculación con grupos paralelos. A partir de ahí se desató un enfrentamiento entre Castresana y Reyes, quien exigió al jefe de la Cicig entregar las pruebas que hubiera en su contra. Castresana también le pidió evidencias sobre las afirmaciones que hizo Reyes sobre su vida privada.
El 11 de junio, la CC anuló la elección de Conrado Reyes y ordenó repetir el proceso desde la convocatoria que efectuó el Congreso para integrar la Comisión Postuladora.
Castresana renunció a la CICIG dos días antes de que Reyes fuera destituido.
Debido a esto, María Mejía García fue nombrada como fiscal interina por segunda vez, mientras el proceso se volvía a realizar, hasta que en diciembre de 2010, Colom nombró como Fiscal General a Claudia Paz y Paz.
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