La Constitución incorpora a los decanos de las facultades de Derecho en los procesos de selección de funcionarios judiciales, al darles el mandato de integrar las comisiones de postulación. En el nombramiento de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones también participan los rectores de las universidades.

Este modelo nace con el ánimo de que los nombramientos de magistrados y fiscales no sean decididos únicamente por los entes de carácter político. En principio, las facultades de Derecho eran pocas y los profesionales se conocían entre sí, por lo que era relativamente fácil distinguir a los abogados notables que deberían acceder a estos altos cargos. Esos tiempos pasaron.

Algunos “operadores” desarrollaron mecanismos para cooptar las instituciones de justicia. Se fortaleció una maraña donde las redes de abogados actúan en universidades, Colegio de Abogados, cortes, juzgados, fiscalías, y esto devino en que la justicia se mercantilizara. Quienes controlan estos procesos responden a diferentes intereses: políticos, económicos, criminales. Quien cuente con los fondos suficientes, puede acceder a los “operadores”, y ellos lograrán detener casos, hacer avanzar otros, obtener sentencias favorables.

Hay facultades de Derecho que han sido parte de esta cooptación. Se han creado universidades para obtener sillas en las postuladoras, y algunas tienen claros vínculos con partidos políticos o estructuras criminales. Lo bueno es que existe un grupo de decanos que tradicionalmente ha luchado por filtrar a los peores candidatos. En el proceso para elegir al próximo fiscal general del Ministerio Público (MP), sus acciones serán fundamentales para evitar el descalabro de la institucionalidad democrática.

La actual fiscal general y personas con intereses similares —como el PGN, José Luis Donado— avanzan con el fin de llegar al listado de seis personas que debe seleccionar la Comisión para trasladarle al presidente, para que este elija. Sin embargo, las trayectorias de estos personajes y otros similares —que forman parte de las redes de impunidad— los hacen carecer de idoneidad para dirigir el MP.

Los decanos, entonces, tienen una gran responsabilidad. Frente a la debacle regresiva que vivimos, en la que el MP se ha convertido en un ente de criminalización y protección de corruptos, las universidades resultan de las pocas luces que pueden arrojar un poco de esperanza al excluir a las candidaturas cuestionables. Aspirantes con fuertes señalamientos, como plagios de tesis, ser abogados del crimen organizado o que hayan promovido la destrucción del estado de Derecho, deberían quedar fuera de la lista corta, porque si uno de ellos pasa, es seguro que el presidente Giammattei se decantará por esta persona.

Los decanos representan a sus universidades —estudiantes, catedráticos, egresados— y, por tanto, se juegan el prestigio y la credibilidad de su casa de estudios. En estos momentos, el oficialismo y sus aliados quieren presionar de distintas formas. Se dio con la Universidad Da Vinci, cuando sin fundamento aceleraron un caso penal contra el exdecano por una falta a los estatutos internos. También se ha citado a un juzgado en un momento conveniente al decano de la San Carlos vinculado a un proceso penal.

Si los decanos lideran la Comisión para lograr una lista de seis aspirantes intachables, existe oportunidad para rescatar la justicia. En estos momentos, honrar los principios del derecho es lo único que permitiría un mejor futuro. Estarán sometidos a las presiones de los poderes espurios, pero la ciudadanía y la historia les reconocerán.

*Integrante de Alianza por Reformas