El objetivo de la investigación ordenada es determinar si la funcionaria pudo haber cometido alguna falta administrativa que amerite un procedimiento disciplinario.
“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, señala la resolución, que agrega que estos deben comparecer a la audiencia respectiva o bien a una cabina de teleconferencias.
Se resolvió que, si se hallan elementos suficientes para establecer que la conducta de Valdés se enmarca en una falta administrativa, se debe iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente.
La investigación administrativa contra Valdés se originó de una queja promovida por el diputado Aldo Dávila y el Comité Campesino del Altiplano, en la solicitan que se investiguen varios hechos irregulares que pudo haber cometido la funcionaria.
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Se informó que entre los hechos denunciados están el aporte de Q20 mil que fue aprobado por Valdés al Instituto de Magistrados, entidad que denunció a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
“La Ley de la Carrera Judicial establece en su artículo 29 inciso d), celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen. Dicho inciso se violenta al autorizarse con fecha del 6 de abril de 2021, un apoyo financiero al Instituto de Magistrados de Apelaciones de Q20 mil mediante resolución de la presidencia (de la CSJ)”, dice la queja.
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