La detenida es Leily Santizo, quien formó parte de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y es señalada de obstaculización a la justicia.
La aprehensión se ejecutó un día antes de que la Comisión de Postulación para nuevo fiscal general abra la recepción de expedientes para los aspirantes, que está vigente a partir de hoy y hasta el 21 de febrero.
La jornada de diligencias judiciales inició a las 6 horas con una serie de allanamientos. Hasta el mediodía no había información sobre los resultados de los operativos, y el equipo de comunicación del Ministerio Público tampoco respondía a las solicitudes.
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¿Quién es Santizo?
La detención confirmada es la de Leyli Santizo, que fue mandataria de la Cicig en procesos por corrupción en juzgados y tribunales de alto impacto.
La defensa de Santizo dijo que la abogada abandonó bajo custodia policial su residencia, situada en la zona 11 capitalina, a eso de las 9 horas, pero no fue sino hasta después de las 11 que fue trasladada a la Torre de Tribunales.
Entre algunos de los procesos que tuvo a su cargo destacan el caso Génesis, sobre la apropiación de tierras por parte de la familia Mendoza Mata; Manipulación de Justicia, contra Érick Melgar Padilla, y Fénix, de un desfalco millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Capturas por Odebrecht
A las 12.30 Santizo fue fichada por la Policía Nacional Civil (PNC) y los agentes captores elevaron la consignación al Juzgado Tercero Penal.
Esta judicatura está a cargo de Geisler Smaille Pérez Domínguez, quien había sido denunciado por la Feci en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, una trama de presunta manipulación en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.
Pérez Domínguez fue señalado de haberse reunido con Gustavo Alejos, presunto operador en la elección de cortes —proceso que sigue pendiente de ir a debate. Sin embargo, la solicitud de antejuicio fue rechazada.
Dicha judicatura había sido ocupada por Mynor Moto, prófugo de la justicia, quien recibió una denuncia contra Sandoval por supuesta negligencia en el caso Odebrecht. La misma fue promovida por Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo.
En este proceso Sandoval recusó a Moto y su caso se trasladó al Juzgado Cuarto Penal, donde la jueza Mayra de León autorizó una orden de aprehensión en su contra.
Feci y Cicig
El expediente que condujo a los allanamientos de ayer fue declarado bajo reserva judicial, por lo que no se puede tener acceso directo al caso. No obstante, Méndez Ruiz escribió a las 9.10 horas, en su cuenta de Twiter, que los cateos de la Feci “podrían” estar relacionados con la denuncia que presentaron por el caso Odebrecht.
El fundamento de la misma fue que la intervención de los abogados involucrados en el caso Odebrecht impidió a Guatemala exigir costas procesales millonarias por el incumplimiento de la empresa, que tenía acuerdos comerciales con el país.
En el expediente judicial por el pago de sobornos de la empresa brasileña en mención a funcionarios guatemaltecos a cambio de ganar la adjudicación de contratos estatales, Santizo participó como querellante adhesiva en algunas audiencias, en representación de la Cicig y acompañando a la Feci.
Ahí también figura Xiomara Sosa, también señalada y quien se puso a disposición del Juzgado Tercero Penal.
En la actualidad Sosa se desempeña en la Fiscalía Liquidadora del MP, y luego de conocerse la orden de aprehensión presentó un memorial para “lo que en Derecho corresponda”.
Su defensa explicó que Sosa no se encuentra detenida y fue citada para que se presente a la audiencia de primera declaración el 15 de febrero.
Asimismo, Sosa acompañó a Sandoval a diligencias fuera de Guatemala para acordar convenios de colaboración eficaz con empresarios extranjeros vinculados a la compañía brasileña.
Mayor Riesgo D
Después de que el Juzgado Cuarto Penal emitiera una orden de aprehensión contra Sandoval, su defensa solicitó conexar el expediente con la pieza original del caso Odebrecht.
Dicho expediente se encuentra a cargo de la jueza Erika Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, quien accedió a adjuntar las piezas judiciales.
El trámite fue autorizado por Aifán y respaldado por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, pero la Fundación contra el Terrorismo presentó un amparo por no compartir la decisión.
La citada entidad también presentó una acción de amparo que busca impedir que jueces como Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes conocen procesos por posible corrupción, participen como candidatos a fiscal general, al señalar que tienen menos de 10 años de ejercicio profesional al frente de las judicaturas, uno de los requisitos que se exige para optar al máximo cargo en el MP.
