La convocatoria a criterio de analistas y observadores del proceso ha tenido poca asistencia, atribuyendo la poca participación a dos temas: estrategia política y miedo a la criminalización.
Hasta el pasado viernes 18 de febrero, en el penúltimo día, la postuladora había recibido el perfil de apenas siete profesionales, una cantidad reducida a criterio de algunos a comparación de otros procesos.
Hasta ahora los candidatos son Mynor Francisco Hernández Castillo, Francisco Javier Puac Choz, Eduviges Manuel Cortez, Brenda Dery Muñoz Sánchez, Henry Alejandro Elías Wilson, Frank Armando Martínez Ruiz y Mynor Eduardo González Méndez.
Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), las pocas candidaturas que se han visto no significa que habrá pocas opciones.
Él estima que este lunes 21 de febrero la mesa receptora de expedientes tendrá una tarea ardua ya que muchos esperan presentar su expediente de último, todo para evitar un desgaste que les pueda llevar a obtener críticas de la opinión pública.
“Probablemente ya detrás de todo esto ya hay un juego sucio de política en el sentido de no exhibir lo mejor de un candidato sino lo peor, o incluso levantar falsos contra uno de ellos. Entre más tiempo ganen mejor para no exponerse y presentar así sus candidaturas”, señaló.
Quien considera existen otros factores de fondo para la poca participación de candidatos es Álvaro Montenegro, integrante del movimiento Alianza por las Reformas, quien identifica la reciente coyuntura jurídica como la responsable.
Montenegro estima que las últimas resoluciones constitucionales, junto a los procesos penales revelados por el MP están frenando a una buena parte de abogados para optar como candidatos.
El pasado 9 de febrero, la Corte Superama de Justicia, a solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), le retiró la inmunidad al juez de Mayor Riesgo D Pablo Xitumul de Paz, quien condenó a 15 años de prisión a la expresidenta Roxana Baldetti por un caso de corrupción y a 80 años de cárcel al expresidente José Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad, entre otros.
Además, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el jueves 10 de febrero a la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un caso que se encuentra “bajo reserva”.
Además de la exmandataria de la Cicig también ha sido capturada la abogada guatemalteca Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien añadió que considera que su captura es en represalia por su labor al frente de la Cicig, un ente que entre 2014 y 2019, de la mano del Ministerio Público, emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala en la que imputaron a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.
🚨La situación de Leily Santizo es grave. Hoy es su audiencia de primera declaración junto a Eva Siomara Sosa, exfiscal de FECI. @UDEFEGUA @Oacnudh_GT y @PDHgt certifican que se respete la seguridad de la abogada. #LibertadParaLeily 📺@jodyreporta pic.twitter.com/E6xLbJobEO
— Ricigt (@Ricigt1) February 18, 2022
“Se ha inhibido la participación, algunos por los casos que han salido contra abogados y fiscales, se está creando un clima de zozobra por todos esos casos espurios. También vemos que el último amparo deja fuera a los jueces que podían ser candidatos fuertes, en general hay un clima de terror por la criminalización”, explicó Montenegro.
Primera depuración
Tras la recepción de expedientes que finaliza este 21 de febrero la Comisión de Postulación hará una primera “limpieza” en los expedientes, programando la revisión de los mismos del martes 22 al viernes 25 de febrero.
Este proceso es clave para el proceso de elección que cae a las manos del presidente Alejandro Giammattei, ya que la mesa de trabajo debe de ser objetiva y analítica al momento de aceptar o rechazar un expediente.
“Se va a revisar que -el candidato- cumpla con lo formal, entonces esto va a ser un ‘descreme’ de quienes no lograron reunir los documentos o de quienes cometieron una omisión”, comenta Quezada.
Para Montenegro, este primer filtro representa un reto para el sector académico, ya que los decanos de las universidades que integran la Comisión de Postulación deben de hacer un trabajo a la altura.
“Es importante porque se va a empezar a delimitar la lista, se van a excluir a algunos candidatos para el listado final, acá es donde será crucial la labor de los decanos para velar que se cumplan los requisitos”, precisó.
Semanas judiciales
Previo a la recepción de expedientes para Fiscal General que comenzó el 11 de febrero, la nueva Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), bajo el mando del fiscal José Curruchiche, operativizo una investigación contra exfiscales de la Feci y una mandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
También durante la semana para la recepción de expedientes el Pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo a favor de la Fundación Contra el Terrorismo.
La resolución impide a los jueces participar para el puesto de Fiscal General, argumentando que desde la judicatura no cumplen con la experiencia profesional requerida, extremo que ha sido ampliamente rechazado por las gremiales de juristas.
El amparo otorgado por la @CC_Guatemala al licenciado @RaulFalla31, implica que los jueces de primera instancia (como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Patricia Gámez), quedan fuera de la postulación para Fiscal General, por no llenar los requisitos constitucionales. pic.twitter.com/MiVamWttdk
— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) February 18, 2022
