Según se informó, Zepeda no continuará a cargo del juicio que se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo “B” contra exfuncionarios señalados de actos de corrupción e implicados en el caso La Línea.
Zepeda renunció a su puesto en la Feci por temor a “ser criminalizado”, como ocurrió con sus excompañeros que investigaron casos de corrupción y que vincularon a exfuncionarios de Estado.
La información señala que Zepeda laboró en la institución durante 13 años y su trabajo fue clave en la investigación que desarrolló la Feci para develar la presunta estructura criminal que vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Se agregó que el ahora exfiscal auxiliar acompañó a la fiscal Lesly Rosales en las audiencias del juicio, que inició el pasado 17 de enero y estuvo a cargo de ese expediente judicial desde 2015, cuando fue expuesta la pesquisa.
Otros procesos en los que participó
Además, Zepeda tuvo los procesos iniciados contra el expresidente Alfonso Portillo, el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, corrupción en el Sistema Penitenciario (SP), que vinculó al fallecido Byron Lima, Cooptación del Estado, entre otros.
Según se informó, desde de la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Feci, el 23 de julio de 2021, 18 fiscales y fiscales auxiliares de esa unidad han dejado de laborar en el MP o han sido trasladaos a otras secciones en el MP.
Varios han renunciado a sus cargos y han salido del país porque aducen que desde el MP existe un plan para criminalizar a los fiscales que trabajaron para combatir la corrupción en el país.
Los casos más recientes son los de las auxiliares fiscales de Feci, Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como Traficantes de Influencias y Financiamiento UNE, quienes renunciaron a sus cargos el pasado lunes 21 de febrero, y quienes adujeron persecución penal en contra de administradores de justicia independientes por parte del MP, a cargo de Consuelo Porras.
El exfiscal de Feci Carlos Antonio Videz Navas renunció a su cargo y salió del país el 17 de febrero previniendo que se atente contra su vida y para evitar ser “una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”.
“Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes. Las investigaciones no avanzan contra ciertas personas; y se agilizan en contra de defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, como se vio reflejado en las últimas semanas, con la aprehensión de varios excompañeros, quienes lucharon con la única finalidad de investigar y conocer la verdad en casos de corrupción en el país”, se lee en el comunicado que publicó el propio fiscal Videz.
Vídez Navas fue el fiscal que participó en el interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de financiar su campaña con sobornos de empresas constructoras y de haber negociado con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito el pago de Q20 millones a cambio de mantenerlo en el cargo.
Ese 17 de febrero también renunció Kevin Montes, quien actualmente estaba en el Fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci. El MP informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.
El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.
Herrera había investigado también a la familia rusa Bitkov, había dejado de laborar en la Feci desde el 3 de febrero y luego de denunciar persecución penal por parte del MP anunció que decidió exilarse en EE. UU.
“La fiscal general Consuelo Porras llegó al cargo con la misión de garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar. Esto hizo las cosas difíciles para los fiscales comprometidos con nuestro trabajo desde el primer día, pero en los últimos meses ha sido cada vez más claro: las investigaciones solo avanzan si son contra actores incómodos”, refiere un documento firmado por Herrera.
Captura de exmandataria de Cicig
Estas renuncias de fiscales se da luego que el pasado 10 de febrero las autoridades guatemaltecas detuvieron a la abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.
El pasado 15 de febrero, la abogada Eva Siomara Sosa, quien también trabajó en Cicig y fue parte de la Feci se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel.
La exfiscal está bajo investigación por “cooptación y corrupción judicial, un caso que está bajo reserva”, según el MP.
La detención de Santizo y Sosa generó que Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.
EE. UU. sanciona a la fiscal general
A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.
Estados Unidos, dijo entonces que le perdió la “confianza” a Porras.
El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
