Dicha propuesta de ley impulsada por diputados de la alianza oficialista ingresó a Dirección Legislativa el pasado 1 de marzo, mismo día en que se tramitó y envío a comisión.
La base de la propuesta es aumentar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), para dar cumplimiento a una serie de proyectos de infraestructura vial.
Los recursos serían distribuidos en cuatro dependencias del ministerio, que a los primeros días de marzo no han ejecutado ni el 20% de su presupuesto según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
La Dirección General de Caminos mantiene un presupuesto vigente de Q2 mil 180 millones 918 mil 823 habiendo ejecutado un 11.91%; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) reporta Q1 mil 296 millones 369 mil, ejecutando un 3.62%.
En la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) se mantienen Q441 millones 557 mil 784, teniendo de ejecución un 16.26%; por último el Fondo Social de Solidaridad tiene Q665 millones 339 mil 944 reportando una ejecución de 3.76%.
Táctica política
Para Karin Slowing, experta en gestión pública, esta iniciativa se tiene que leer como una estrategia política de cara a los comicios generales del 2023, ya que es poco justificable que tras la aprobación de un presupuesto anual dichas dependencias ya necesiten de más fondos.
“Esto hay que leerlo en el contexto de que necesitan preparar los recursos para la campaña político electoral que viene, el mecanismo ya conocido para ese tipo de posibilidades es la inversión pública en territorios, hay que entender de esta manera esa iniciativa como una anticipación al escenario electoral”.
Slowing es clara que si se necesitan mejorar las carreteras, pero la forma como se presenta la iniciativa le genera suspicacia. “Lo que alarma no es el tema de las carreteras porque sabemos que hace falta infraestructura sino que acaban de aprobar presupuesto, no han ejecutado el actual, entonces no hay nada, ni siquiera una discusión técnico – política en la necesidad de impulsar algún determinado proyecto”.
¿Faltó planificación?
El año pasado el Pleno del Congreso consiguió una aprobación presupuestaria para el 2022 por lo que estos proyectos contemplados en la iniciativa 6043 tuvieron que ser tomados en cuenta, según la lectura de Irene Flores, experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Comparamos la cantidad de contratos adjudicados en la Dirección General de Caminos y Covial donde vemos una tendencia clara en que suben las adjudicaciones, cantidad de contratos y modificaciones suben cerca de periodos electorales y de periodos de desastres naturales, comparando los dados hay un correlación lo que no le puedo decir es que sea causal pero despierta dudas”, refirió.
Por su parte Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) considera que los antecedentes del Micivi no son los mejores, por lo que pretender una ampliación de este tipo en año preelectoral tan solo le genera dudas.
“No hay mejoras en las carreteras, simplemente hemos visto escándalos muy fuertes que involucran a constructoras que son las favoritas de este gobierno, creo que cualquier argumento que puedan dar es tratar de justificar un cambio que tan solo va a venir a beneficiar a la clase política”.
Sin respuesta
Se trató de consultar con el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, las dudas que presentó el grupo de expertos pero no fue posible enlazar una comunicación con el funcionario.
Vía mensaje Ricci explicó que se encontraba de viaje en Nuevo York y que estaría retornando a Guatemala hasta la noche de este lunes 7 de marzo.
La fuente de financiamiento para la iniciativa será mediante el saldo de caja que mantiene Finanzas, es decir los fondos que no se utilizaron el año pasado.
Según algunas de las fuentes al haber un remanente tan amplio sería prudente que en vez de solicitar una ampliación para las carreteras, porque el Micivi tiene recursos a la presente fecha, los esfuerzos tendrían que ir encaminados a mitigar el alza de la gasolina y el gas.