El proyecto de ley fue presentado al pleno del Congreso la semana pasada por los diputados oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso, Mynor Mejía y Carlos Roberto Calderón y casi de inmediato fue enviado a la comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.
Al recibir dictamen favorable ya podría empezar su discusión con miras a ser aprobada.
Una de las voces que cuestiona la iniciativa es la del ingeniero civil Julio Galicia, integrante de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, quien señala varias inconsistencias, entre estas el que el CIV ya cuenta con un presupuesto que, en teoría, debería contener ya las inversiones a hacerse este año.
Critica, por ejemplo, que el Ministerio no fue capaz de ejecutar la totalidad de su presupuesto destinado para la inversión el año pasado —la ejecución llegó al 86%— y que la mayoría de este se gastó de prisa ya en los últimos meses del año.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), de los Q3 mil 392 millones que gastó el CIV el año pasado, el 41% se ejecutó en el último cuatrimestre del 2021.
Otra inconsistencia que Galicia observa es que del total que se pretende ampliar al CIV —Q3 mil 191 millones— el 80% se piensa destinar para el funcionamiento y del restante 20% que sería para inversión y apenas Q459 millones irían destinados a proyectos de construcción o inversión.
El proyecto incluye Q1 mil 748 millones para incrementar el presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), considerados funcionamiento porque esta dependencia del CIV es la encargada de la reparación de carreteras.
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Sin embargo, Galicia dice que esta unidad ya cuenta con un presupuesto destinado para la reparación de rutas y que este año asciende a Q1 mil 296 millones, de acuerdo con el Sicoin.
Cost y tiempos
Asimismo, dentro del artículo 9 de la iniciativa dice que todos los proyectos ya sea de diseño, estudios, supervisión, mantenimiento o construcción deberán contar “sin excepción” con la iniciativa internacional de Transparencia en el Sector de la Construcción (Cost, en inglés), pero “todo es eso es una obligación que desde hace ratos tiene el CIV y que no cumple”, añade Galicia.
Además, desacreditó la justificación que para la premura de la aprobación de la ley argumentan algunos diputados, de que debe entrar en vigor antes de que empiece el invierno
Según el experto, si los proyectos tienen que incluir estudios o diseños, como mínimo se tardarán seis meses para que se comience su construcción, si no es que llegarán a fin de año todavía en trámites burocráticos.
“Ejecutar un proyecto, los estudios, la licitación y todo eso lleva mucho más tiempo, además para el invierno ya tienen presupuesto y, aparte, no se ve que estén trabajando en reparar las carreteras cuando ya se va a terminar la época seca”, puntualizó Galicia.
En Guatecompras hay varios concursos de proyectos de inversión que ha publicado la Dirección General de Caminos (DGC) en los cuales el tiempo que ha transcurrido de proyecto, entre la publicación de las bases y la aprobación de la adjudicación del contrato, ha sido de tres meses.
En otros proyectos, como la contratación de diversos estudios para el mejoramiento de varias carreteras en Escuintla y Santa Roca, el proceso de licitación tardó cinco meses, desde que se publicaron las bases hasta que se aprobó la adjudicación por el despacho ministerial.
Después de esto habrá que hacer de nuevo un proceso de licitación para adjudicar los contratos de mejoramiento de dichas rutas. En otros proyectos, como viaductos o carreteras nuevas, los procesos se pueden atrasar aún más, incluso años cuando hay de por medio el pago de derechos de vía.
La infraestructura es importante
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expuso que la iniciativa puede ser un primer paso en el camino para la recuperación de las carreteras centroamericanas, nacionales y departamentales.
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Fundesa cree que es importante, para alcanzar el desarrollo de la infraestructura del país, impulsar al menos 41 proyectos de infraestructura que incluyen pasos a desnivel, libramientos en rutas internacionales y la construcción o ampliación de varias rutas a nivel nacional, entre otros.
Dentro de la iniciativa de ley que pretende aprobar el Congreso se incluye uno de esos 41 proyectos, que es la construcción del puente Belice II y sus conexiones. No está el detalle de los trabajos a ejecutar en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, el CIV pidió tiempo para facilitar los proyectos en los que se utilizarían estos recursos.
Zapata afirma que “se debe seguir avanzando en reformas profundas que permitan fortalecer la capacidad del CIV y que ayude a que se tengan mecanismos más avanzados”, como reformas a la ley de Ley de Alianzas para el desarrollo de Infraestructura Económica o la aprobación de la ley general de infraestructura vial.
“Recuperar la red vial existente es prioritario, especialmente los tramos que conecten ambos puertos y las fronteras del país”, añadió el director ejecutivo de Fundesa.
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“Esta inversión en la red vial viene en un momento crítico, especialmente por el aumento de los costos logísticos que se avecinan por el aumento del precio del combustible, por lo que un incremento en la inversión de las carreteras es clave”, dijo.
Galicia añade que algunos de los proyectos priorizados en la iniciativa de ley pareciera que son pequeños y que, incluso, podrían ser desarrollados por las municipalidades. En ese sentido teme que estén “dedicados a algunos de los diputados” y que se buscará correr con ellos para tratar de sacarle réditos políticos.
