Durante esta administración, el Fondo Social de Solidaridad (FSS), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC), unidades ejecutoras del CIV encargadas de la red vial, han erogado Q5 mil 405 millones 013 mil 809 en inversión física.
Actualmente, las tres dependencias suman un presupuesto de Q2 mil 342 millones 876 mil 443, según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).
Dichos recursos podrían aumentarse en más del 100 por ciento, puesto que una iniciativa de ley (6043) propuesta por la alianza oficialista en el Congreso de la República busca aumentar este presupuesto en Q3 mil millones con la justificación que es necesario construir, rehabilitar y dar mantenimiento a infraestructura estratégica del Estado.
Dicho incremento también alcanza a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), encargada de programar y planificar proyectos que los ministerios soliciten.
Sin embargo, fallas en la iniciativa, escasas competencias y riesgos de corrupción no dan garantía de que dichos recursos significarán mejoras en la vida de la población, advierten expertos en la materia.
Fallas
Pese a los miles de millones que Guatemala destina anualmente para construcción y mantenimiento de carreteras, estas permanecen en mal estado. Ello provocó que Guatemala ocupara el puesto 132 de 141 países evaluados respecto a la calidad de carreteras en extensión y condición, según el Índice de Competitividad Global 2019.
Edgar Balsells, analista económico independiente, explica que hay procesos sumamente opacos en la DGC, Covial y consejos de desarrollo. “Hay un listado geográfico de obras en el presupuesto, pero no se conocen los avances de estos proyectos y no se tiene claridad de las preinversiones”, dijo Balsells.
Explica que en muchos proyectos de infraestructura son las mismas empresas las que cumplen con las etapas de la preinversión, supervisión y ejecución.
A ello hay que añadirle el factor de la corrupción, puesto que la construcción de infraestructura es una de las vías por medio de las cuales los partidos políticos afianzan financiamiento electoral, como quedó evidenciado en el caso del exministro de comunicaciones, José Luis Benito.
El economista considera que los diputados deben verificar cuáles son los proyectos que se quieren priorizar en la iniciativa que plantea la ampliación de Q3 mil millones, puesto que estos no están detallados.
“Si se va a autorizar algo, se debe tener la cartera de proyectos. Hay deudas atrasadas desde hace diez años en Covial. No sabemos cómo va cada proyecto, qué porcentaje de ejecución física y financiera tiene”, comenta Balsells.
Enrique Maldonado, economista de Laboratorio de Datos, considera que la iniciativa 6043 evidencia los pésimos sistemas de planificación de estas dependencias, puesto que recién se acaba de culminar el proceso de elaboración del presupuesto y no se consideró que era necesario incluir esta infraestructura.
“¿Cómo es posible que pasamos proceso de aprobación de presupuesto hace 3 meses y ahora se dan cuenta que tenían que incluir presupuesto para reconstrucción de infraestructura dañada por Eta e Iota? Es un oportunismo nada más. La infraestructura de carreteras está en malas condiciones, pero los mecanismos de justificación que utilizan no son los adecuados. Es como que fuero médico y no me diera cuenta de que voy a necesitar jeringas”, dice Maldonado.
Debate
El diputado Aníbal Rojas, de la bancada Viva, uno de los ponentes de la iniciativa 6043, asegura que lo Q3 mil millones se planean destinar a las unidades del CIV, pese antecedentes de corrupción en esta cartera, puesto que son las competentes para ejecutar la infraestructura vial.
“Son las que están constituidas para hacerlo. ¿A quién más se lo podemos dar? No se lo podemos dar a otro ministerio que no corresponda o a otro sector. Tiene que ir a instituciones que están designadas para eso, que son el CIV, y sus diferentes unidades ejecutoras”, defendió.
No obstante, para el diputado Rodolfo Neutze, de Creo, considera que aunque es importante invertir en infraestructura vial, debe evitar lanzarse la señal de que los fondos se utilizarán como un botín político.
“Se han visto algunos cambios en la infraestructura del país. Pero de alguna manera es claro que no se ha hecho lo suficiente. Tres mil millones de quetzales sería increíblemente positivo para nuestra economía, pero si no se hace de manera transparente los efectos negativos van a ser mayores que los positivos
Mientras que Carlos Barreda, diputado el Grupo Parlamentario de Oposición, cree que esta propuesta se debe debatir a profundidad, ya que no se justifica en este período de crisis.
“¿Por qué una ampliación de Q3 mil millones en el Civ cuando estamos arrancando el año y hay otros problemas más urgentes, cómo los hospitales o la crisis energética? Si hay bastante dinero usémoslo para que las familias no se vean tan golpeadas económicamente por el incremento de la energía eléctrica y el combustible”, dijo Barreda.
