Guterres, a través de su portavoz, destacó “la importante contribución” que los funcionarios judiciales nacionales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad, una labor que durante varios años se vio reforzada por la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Esta contribución ha sido constantemente reconocida por las autoridades guatemaltecas, los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, señaló el portavoz, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
“El secretario general toma nota con preocupación de recientes informaciones sobre acciones legales contra fiscales y jueces guatemaltecos que tuvieron un papel prominente en los esfuerzos contra la impunidad”, añadió.
La ONU dijo que, en medio de informes que “cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento penal en Guatemala”, da la bienvenida a la solicitud hecha por la fiscal general, Consuelo Porras, para que haya una visita del relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
Al menos 15 funcionarios de la Justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a salir al exilio debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido “criminalización” en su contra por parte de la fiscal general.
La mayoría de los salidos al exilio son fiscales que tomaron parte en la lucha anticorrupción en Guatemala que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la Cicig por parte del Gobierno guatemalteco.
La última figura que anunció su renuncia al cargo y su marcha del país fue esta semana la reconocida jueza Erika Aifán Dávila, que denunció tener información de posibles ataques contra su vida y aseguró ser víctima de una “persecución” por parte del Ministerio Público.
La jueza llevaba 19 años en el Organismo Judicial, incluidos 6 en una corte de alto riesgo, y durante ellos tuvo a su cargo varios casos de alto perfil, incluida la imputación de cinco miembros de la élite empresarial de Guatemala en 2018 por financiar ilícitamente la campaña política y llegada a la Presidencia del comediante Jimmy Morales (2016-2020).
Además, hasta ahora tenía el expediente de una investigación en curso donde se involucra al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien según la juez solicitó información del caso.
