El documento señaló que la pandemia del covid-19 fue utilizada como una constante “excusa” para frenar demandas sociales, ya que bajo el pretexto de privilegiar la salud se bloquearon manifestaciones ciudadanas.
Otra de las debilidades globales que cita el informe es la desigualdad para acceder a vacunas contra el covid-19, señalando que los países más ricos del mundo acumularon en septiembre de 2021 hasta 500 millones de dosis.
“Cuando la tasa de vacunación superaba el 70% en la Unión Europea, muchos países del sur global aún estaban esperando el acceso a una primera dosis. Al final del año, menos del 8% de la población total africana tenía la pauta de vacunación completa”, señaló el documento.
La pandemia, violencia y la falta de oportunidades también fue causa de migración en 2021, “a mediados del año había 26.6 millones de personas refugiadas y 4.4 millones solicitantes de asilo en todo el mundo”, cita el informe.
Estos problemas se agudizan y desglosan con mayor fuerza en países pobres como Guatemala, en donde el estudio de AI señala que en nuestro país existen áreas específicas donde se han estado violando los Derechos Humanos.
Érika Guevara-Rosas: “La situación de Guatemala continúa siendo crítica”
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó cuáles son los riesgos que detectaron en la región y las principales violaciones a Derechos Humanos cometidas en Guatemala.
¿Cuál es la situación de Derechos Humanos en la región de las Américas?
Lamentablemente en este análisis la evaluación continua siendo muy preocupante. Una evaluación que refleja los enormes desafíos en materia de Derechos Humanos que se viven en el continente, en donde la defensa de los Derechos Humanos desde diferentes puntos de vista ha estado bajo ataque en una región que sigue afectada desproporcionalmente por la pandemia del covid-19 y por la respuesta de los Estados.
¿Quiénes se han visto más vulnerables en el respeto de los Derechos Humanos?
La pandemia no es que ha terminado y ante las promesas de gobiernos en el continente de abordar la recuperación de manera justa y atender las desigualdades, pues vemos un total fracaso en donde las poblaciones históricamente marginalizadas como nuestros pueblos indígenas, afro descendientes, las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza, las comunidades rurales se han visto mayormente afectadas.
Esto no solo por la pandemia en términos del impacto en el número de personas muertas o en el número de personas contagiadas, sobre todo por las respuestas fallidas de los Estados para atender sus necesidades más primordiales de acceso básico a la salud, a la educación y al trabajo.
La crisis en materia de Derechos Humanos es en todo el continente, las personas se movilizan, se organizan para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y lo que han recibido, lamentablemente, es una respuesta represiva por parte de la mayoría de los gobiernos de nuestro continente, con en un intento de silenciar en un intento de acallar las voces que reclaman la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos.
Lo vimos claramente en países como Cuba en dónde, en unas protestas históricas, en julio del año pasado, el resultado fue la detención arbitraria masiva de cientos de personas que ejercían sus derechos, o en Colombia, en donde una brutal represión policial dejó un saldo de más de 80 personas muertas, miles de personas heridas, cientos de personas detenidas arbitrariamente e inclusive casos de violencia sexual.
¿Los gobiernos se han aprovechado de la pandemia para reprimir las protestas?
La pandemia vino a exacerbar una situación crítica que enfrentaba ya la región, no podemos dejar de mencionar que sigue siendo la región más desigual, la región más violenta en términos del número de personas que pierden la vida cada año y que esta pandemia viene a poner en descubierto las falencias sistémicas estructurales de la falta de atención.
En muchos casos pareciera que la pandemia ha servido para como una justificación para que los gobiernos sigan cerrando el espacio democrático de participación ciudadana y en donde a pesar de que la gente se toma las calles de manera pacífica pues lamentablemente termina en estas situaciones de represión, una tendencia que hemos visto claramente en los últimos dos años.
Desde el inicio de la pandemia los ataques son casi que generalizados en todo el continente a la libertad de expresión y a la defensa de Derechos Humanos, nuestro continente sigue siendo el continente más peligroso para la defensa de los Derechos Humanos con más de 130 personas que han sido asesinadas.
En el año 2021 en donde países de nuestro continente son los más letales para el ejercicio de los derechos humanos como Colombia, México, Brasil, Guatemala que están entre los primeros 10 países en todo el mundo, en donde más se asesina personas defensoras y también todos los ataques que hemos visto a las organizaciones de la sociedad civil con nuevas legislaciones y políticas que restringen su labor de defensa.
Vimos nuevas leyes o leyes que se implementaron en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Chile, Colombia, entre otros países, precisamente para ir limitando el ejercicio de la defensa de Derechos Humanos y también los ataques a la institucionalidad y sobre todo la independencia del sistema de Justicia.
Guatemala, siendo uno de los países de mayor preocupación por todos los ataques que hemos visto en contra de fiscales, magistradas que han puesto la justicia y los derechos humanos en el centro de su labor.
¿Cómo está Guatemala en el respeto de los Derechos Humanos?
La situación de Guatemala continúa siendo crítica, vemos la profundización de una crisis en materia de Derechos Humanos en donde la impunidad y la corrupción siguen siendo flagelos que afectan el ejercicio fundamental de derechos y esta persecución que se ha hecho en contra de personas impartidores de justicia, de personas encargadas de investigaciones, tanto a nivel masivo sobre temas de corrupción que involucran a altos funcionarios del actual Gobierno, incluido el propio presidente.
También hay fiscales, jueces y magistrados que han llevado a cabo investigaciones sobre casos emblemáticos en materia de graves violaciones a los Derechos Humanos, es decir, no es casual.
Están usando indebidamente el sistema de justicia para intentar acallar sus voces y que a esto pues la respuesta estatal ha sido forzarles al exilio, como un mecanismo que además vemos en repetidas ocasiones en otras partes del continente.
Forzar a las personas al exilio es también parte de esta política represiva y es sumamente preocupante lo que ocurre en una Guatemala que sigue atravesada por las grandes desigualdades, por la violencia generalizada en muchos territorios, es el séptimo país más letal para el ejercicio fundamental de Derechos Humanos.
Analistas temen que grupos a favor de impunidad coopten los procesos de elección que se desarrollan en Guatemala, como el de Fiscal General y Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la perspectiva si este temor se concreta?
Evidentemente estos son intentos de atacar la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala, lamentablemente no es sorpresivo que ciertos grupos con intereses, tanto económicos como políticos, intenten incidir en esos procesos de elección.
Particularmente preocupa la elección de la Fiscalía General porque sabemos el rol que ha jugado la actual Fiscal General para la persecución, el acoso en contra de fiscales que investigan corrupción, impunidad, etcétera.
Sabemos el poder y la fuerza que puede tener esa posición para seguir haciendo esta persecución y lo mismo con la Procuraduría de Derechos Humanos, que en su momento fue una victoria de los propios movimientos sociales y de Derechos Humanos.
