Conforme avanzan las semanas y se acerca la fecha para escoger al próximo fiscal general, arrecia la persecución contra las y los operadores de justicia que trabajaron y conocieron los procesos judiciales por casos de gran corrupción.

A partir de denuncias espurias que aunque carecen de sustento legal se tramitan en tiempo récord, el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras lleva adelante una estrategia de criminalización mediante el uso indebido y malicioso del Derecho Penal. A tal grado de perversión se ha llegado, que ahora la Fiscalía pretende obstaculizar la defensa de las personas acusadas y por eso también la ha emprendido en contra de las y los abogados que les representan.

Retorciendo principios legales y constitucionales, se busca procesar por delitos de criminalidad organizada a quienes están ejerciendo el legítimo derecho de defensa. Las acusaciones sin sustento pretenden equiparar con una organización criminal a un abogado/a y a su cliente, por presentar recursos o solicitudes ante los juzgados competentes. Al hacerlo, según la lógica siniestra de este MP, la persona acusada y su defensor estarían conformando una “estructura criminal”.

Esta fue la acusación que dio pie a la captura de Leily Santizo Rodas, quien fungió por nueve años como mandataria de la Cicig, y a la de su defendida, la fiscal Siomara Sosa López, quien durante 13 años trabajó en el MP y formó parte del equipo de la Feci. Esta es también la base de la denuncia penal espuria contra el abogado Carlos Paz Archila, defensor del periodista Juan Luis Font. Misma táctica maliciosa, un vergonzoso “copy-paste”.

Esta estrategia entraña, además, una amenaza. Es un mensaje para inhibir a abogados y abogadas de asumir la defensa de operadores de justicia, periodistas o líderes sociales perseguidos por las redes corruptas y la maquinaria de la impunidad. Lo más grave es que un MP y un sistema de justicia al servicio de las y los corruptos y corruptores tiene el poder de atentar contra la integridad y la libertad de las personas a quienes se les considera “enemigas”. La connivencia entre fiscales y jueces que operan para las mafias y responden a los intereses de los poderes fácticos se traduce hoy en cárcel, exilio, hostigamiento y persecución.

El caso de Virginia Laparra, agente fiscal de la Feci en Quetzaltenango y trabajadora del MP desde 2006, es un claro ejemplo de la criminalización que lleva adelante Porras Argueta. Una denuncia espuria la tiene en prisión desde el 23 de febrero. Se le acusa de no tener facultades para haber denunciado administrativamente al entonces titular del juzgado de Mayor Riesgo en ese departamento, Lesther Castellanos Rodas, quien, para colmo, hace pocos días fue electo Relator contra la Tortura por la aplanadora del Pacto de Corruptos en el Congreso.

En una resolución sin sustento, a la fiscal Laparra se le negó el arresto domiciliario. Está recluida en la cárcel de Matamoros, en una celda minúscula de la que solo se le permite salir una hora al día e, incluso, se ordenó que se le envíe de manera ambulatoria al Hospital Federico Mora, sin tomar en cuenta los riesgos que eso entraña.

Todos los recursos que su abogada defensora interpone a su favor han sido rechazados sin siquiera entrar a conocerlos, y así podríamos seguir enumerando las violaciones y atropellos de los que es objeto. Lo cierto es que Virginia Laparra está encarcelada injustamente y la persecución penal en su contra obedece a su trabajo contra las mafias y las redes de corrupción. Ante la gravedad de estos hechos, que no son aislados sino parte de una estrategia para desmantelar la estructura institucional de lucha contra la impunidad y asfixiar cualquier disidencia, el silencio no es opción.