El equipo de Prensa Libre tuvo acercamiento con algunos jueces y magistrados sobre aspectos de seguridad, independencia judicial y el respaldo que podrían sentir en la actualidad, y la mayoría coincidió en que temen por su vida y perciben que no existe independencia judicial.
Con un escritorio que contienen algunos documentos por firmar, expedientes por revisar, memoriales por leer, a un lado una agenda 2022, una librera llena de leyes y códigos vigentes, entre los que sobresale la Constitución Política de la República, una silla aparentemente cómoda y de fondo una vista del Centro Cívico son los elementos que rodean algunos de los despachos de varios juzgadores, los cuales no parecen ser suficientes para ejercer con confianza su trabajo.
Un magistrado de una Sala de Apelaciones expresó que a su despacho le han llegado a buscar personas que no se identifican y argumentan que necesitan hablarle de aspectos personales “seguramente alguien los manda con un mensaje por entregarme” a lo que me he negado a atender.
Otro juez hizo referencia a que en su oficina no se siente cómodo debido a que “he pensado que en mi escritorio pueden estar instalados micrófonos o cámaras” para seguir de cerca mi actuar, lo que no le hace sentirse respaldado por el OJ y agregó que también cuida de sus alimentos “porque hasta he pensado que algo le pueden echar a mi comida”.
Una jueza confió a Prensa Libre que en algunas ocasiones cuando se comunica por vía telefónica escucha algunos sonidos extraños lo que le hace pensar que “mi celular está intervenido y alguien escucha mis platicas” y menciona que esto despierta bastante desconfianza y “no porque yo este haciendo algo malo, sino que violenta mi intimidad” acotó.
Grave preocupación
Patricia Gámez, Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, con sede en la Antigua Guatemala, refiere que la independencia judicial es “una garantía del derecho de los ciudadanos a ser juzgados por jueces independientes e imparciales” y agregó que el hecho de que un juez sea perseguido por su actuación jurisdiccional “genera grave preocupación por su libertad e integridad” y al no recibir el respaldo necesario, es razonable que se sienta inquietado.
Gámez considera que los jueces deben ser protegidos y protegerse de cualquier ataque o amenaza que ponga en riesgo el efectivo ejercicio de ese derecho y en especial a las autoridades internas del Organismo Judicial “deben tomar todas las medidas posibles para resguardar la independencia de los jueces” indicó.
Debilitamiento y desgate
María del Carmen Peláez, analista de Diálogos refiere que desde el 2014 algunos operadores de justicia han abandonado el país y en los últimos meses se ha reflejado un aumento, lo que evidencia “un debilitamiento y desgaste desmesurado al sistema de justicia” a pesar de que algunos operadores de justicia contaban con medidas por parte del sistema interamericano y buscó el exilio “eso implica que le Estado de Guatemala está incumpliendo obligaciones internacionales y eso es bastante grave” dijo.
Peláez resaltó que hay un debilitamiento del sistema de justicia y que “repercute en la confianza de los ciudadanos en acudir a denunciar y buscar justicia” y el margen del acceso a la justicia ha sido bajo y podría reducirse más y esto pinta un escenario poco favorable para Guatemala, tomando en cuenta las experiencias vecinas en donde “el autoritarismo y corrupción” afecta a la población en lo social, cultural e incluso en lo económico.
La profesional considera que uno de los retos que tendrá el próximo Jefe del Ministerio Público es recobrar la confianza tanto en la ciudadanía, como en los operadores de justicia y para ello será necesaria una “restructuración del Ministerio público y fortalecer las fiscalías que se han visto debilitadas” y también es importante elegir la Corte Suprema de Justicia porque esto “ha sido un detonante para la situación en la que nos encontramos, porque no es sano que por más de 2 años este una Corte que no responde al mandato Constitucional” dijo.
Vulnera a los jueces
El ambiente actual que enfrentan los jueces es lleno de temor a las represarías, amenazas y en algunos casos se anticipa lo que pasará con algunos juzgadores por medio de las redes sociales y como se llega a consumar en acciones “esto deja más vulnerable al juez en su función” dijo Carlos Ruano, juez y presidente en funciones temporalmente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.
Ruano resalta que se está criminalizando la función judicial a tal punto que algunos operadores de justicia se ven obligados a abandonar el país y esto lo que genera es “perturbar, intimidar al juez en su función y un juez con temor no aplica la ley como debe ser por temor” y esto provoca que la ciudadanía quede desprotegida.
El Juzgador reconoce dichas acciones envía un mal mensaje a los operadores de justicia y refiere que le mensaje “sistema de justicia es débil y que fácilmente se puede presionar a un juez” lo que podría traducirse en que las personas cometan delitos y sientan la seguridad que no va haber castigo y esto provoca un incumplimiento de las leyes vigentes.
OJ insta a denunciar
Prensa Libre buscó la postura del OJ respecto al irrespeto a la independencia judicial e insta a los operadores de justicia a que “hagan las denuncias respectivas de que forma se ha sentido violentada su independencia judicial para proceder por los canales legales correspondientes, en atención a la investidura que tienen” dijo Freddy Calderón vocero del OJ.
Calderón detalló que con relación a la seguridad que tienen los jueces, si está se ve vulnerada lo que corresponde es plantear el requerimiento a la Dirección de Seguridad Institucional, o bien, a la presidencia del OJ “si se sienten inseguros lo deben hacer de conocimiento a las autoridades correspondientes, para evaluar el esquema de la seguridad” y agregó que “hay casos específicos en donde se han tomado acciones para garantizar la seguridad, porque se han atendido algunos requerimientos”.
El comunicador social detalló que las solicitudes más frecuentes por parte de los juzgadores es por seguridad y explicó que el proceso de la petición es que “se realiza un análisis de riesgo” el cual permite determinar si es necesario reforzar el esquema de seguridad. Hasta el 31 de marzo de 2022, el OJ suma 1 mil 245 jueces que están distribuidos en 731 órganos jurisdiccionales a nivel nacional.
Respecto a la falta de respaldo por parte del OJ que han manifestado algunos juzgadores, el portavoz de la institución judicial refirió que “se les ha brindado el apoyo a quienes lo han solicitado” y puntualizó que la seguridad se ha reforzado “a la medida de la disponibilidad de la Dirección de Seguridad del OJ” dijo Calderón.
Diversos pronunciamientos
El Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala, integrado por varias organizaciones, emitió un pronunciamiento el 21 de marzo de 2022 en las redes sociales de las mencionadas entidades, en las que respaldan a la jueza Erika Aifán, quien permanece en el exilio desde el pasado 9 de marzo.
“Desde el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala respaldamos a la jueza Erika Aifán, hoy en el exilio a consecuencia de los ataques en contra de su persona y su labor, en la lucha por una justicia independiente en Guatemala. Su valentía en la tramitación de los más graves casos de corrupción es un ejemplo para toda la judicatura independiente en la región”, refiere el pronunciamiento.
El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp el pasado 24 de marzo se pronunció con respecto a la renuncia de Aifán “estamos preocupados por lo que ha pasado con el caso de ella -Erika Aifán- y con algunos otros. Esperamos que haya un fortalecimiento del estado de derecho aquí en Guatemala…Es muy importante para la inversión, la justicia y muy importante para el futuro de los guatemaltecos”, dijo el diplomático.
El pasado 23 de marzo Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea emitió un comunicado en el que menciona“la proliferación de procesos judiciales emprendidos por las autoridades de Guatemala contra varios jueces, fiscales y abogados independientes que han estado involucrados en la investigación de casos anticorrupción, sigue un patrón profundamente preocupante” y agrega que más de 20 jueces, abogados y fiscales guatemaltecos ya abandonaron el país por temor a su seguridad.
