La misión del FMI estuvo encabezada por Emilio Fernández-Corugedo, quien fue nombrado en noviembre último como nuevo jefe de misión por el organismo que tiene su sede en Washington D.C., y puso su sello personal a esta primera misión de evaluación, las cuales se caracterizan por manejarse a un nivel “muy diplomático” y “entre líneas”.
Entre lo más destacable está que el FMI reconoció que la economía guatemalteca creció 8% en 2021 y fue una de las que tuvo una recuperación inmediata, en comparación con otros países, y que las perspectivas para este ejercicio también son positivas con una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 4%.
Subsidiar con transparencia
La posición del FMI respecto a los subsidios y otras medidas de apoyo está en sintonía con lo que expresó el pasado 8 de marzo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone, cuando instó a los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana a implementar programas de apoyo social enfocados en los grupos más vulnerables.
El funcionario reconoció que existe preocupación por los efectos que los precios pueden causar en una región que depende de la importación de petróleo, maíz y trigo, productos que registran alzas en el mercado internacional.
Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, ve que en cada una de las recomendaciones hay retos que el gobierno debe superar con voluntad política.
Respecto a las subvenciones, citó, por ejemplo, que en la coyuntura actual se necesitan los apoyos a la población más pobre, pero el desafío es ¿cómo lograr la mayor transparencia posible?, ya que la política social del país siempre ha estado ensombrecida por la politización (emplea estos mecanismos para fines político-electorales), que es lo que se ha demostrado desde que se implementaron por primera vez. O en el peor de los casos, ejecutados de manera tardía.
Por otro lado, señaló que es improcedente subsidiar cada uno de los incrementos que se van a dar en la economía porque eso se convertiría en algo “inmanejable”. “En su mejor versión, si se van a ejecutar políticas de subsidios, tendrían que estar enfocados en el consumidor y no directamente en el productor”.
Recordó que los esquemas de ayudas temporales pueden funcionar, como sucedió con las transferencias directas a la población, ya que con ese dinero se puedan afrontar los aumentos de precios. En todo caso, el gran reto es operarlo de manera transparente.
Mejorar la recaudación
En la declaración del FMI, así como de otros organismos internacionales y de las mismas agencias de calificación de riesgo-país, incrementar la recaudación tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público es una de las recomendaciones constantes.
Boteo es de la opinión que el incremento de la recaudación se puede lograr por dos vías: la primera sería por un incremento en las tasas impositivas, lo que sería muy poco popular, ya que la población percibe que la corrupción es alta, por lo que la moral tributaria está muy baja y las personas no quieren pagar impuestos.
“Pretender aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) en un contexto inflacionario sería liquidar a una gran parte de la población”. Así que esta no sería la vía.
El segundo aspecto, y lo que demostró la autoridad tributaria, es que hay un gran espacio de mejora en términos administrativos y mejorando los mecanismos de control para incrementar la cobranza, a efecto de cumplir los objetivos, tal como se observó el año pasado cuando se alcanzó una carga tributaria de 11% del PIB, lo que no se observaba desde hace años.
“Eso significa que cuando se hacen mejoras administrativas, la recaudación se incrementa. Impulsar ahora una reforma fiscal, sería un suicidio político y una medida inviable”.
Por el lado del gasto, el directivo enfatizó que se debe buscar el mecanismo para que sea más transparente; que las políticas públicas sean técnicas y que ayuden a las poblaciones más necesitadas, sin estar sujetas a criterios políticos.
“Para ello se necesitan reformas a la Ley de Contrataciones, Servicio Civil y al sector justicia, que garanticen independencia y que cualquier funcionario público que cometa actos de corrupción, enfrentará consecuencias legales”.
Asignatura pendiente
Las recomendaciones del FMI se deben ver desde una óptica más integral, para lo que es importante apuntalar algunos aspectos que deben iniciar con la revisión y actualización de las políticas monetaria y fiscal del país, opinó Miguel Ángel Moir, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
“Los desafíos que enfrentamos en torno al desarrollo social y económico sieguen siendo la asignatura pendiente. Desde una perspectiva global y geopolítica, para Latinoamérica se esperan tiempos difíciles por el aumento de precios, falta de productos y escasez de empleo, derivados del impacto de la pandemia y de las implicaciones de la invasión rusa a Ucrania”.
A su juicio, se deben tomar medidas serias para evitar que se acentúe más la desigualdad en el país, dado que la población ya es víctima de la especulación de precios, pues no se ha determinado hasta qué grado los incrementos se pueden atribuir al conflicto mencionado.
“Esta especulación obliga al gobierno a tomar cartas en el asunto e ir más allá de las apariencias, esperando un crecimiento alrededor del 4%, manteniendo el tipo de cambio y los niveles de inflación. Se ha demostrado que la estabilidad macroeconómica de los últimos 25 años no se refleja en las condiciones de pobreza que vive la mayoría de los guatemaltecos”.
E indicó que las recomendaciones del FMI no son tan distintas a las de años anteriores, pues los últimos cuatro gobiernos han estado analizando y evaluando reformas tributarias que no han prosperado, dándole la espalda a una verdadera reforma fiscal integral que oxigene las finanzas públicas y genere los recursos necesarios para financiar el desarrollo.
“La inversión pública debe ser la prioridad, no se debe ser ilusos con que habrá inversión extranjera y privada, si no aumenta la formación bruta de capital; la segunda prioridad debe ser aumentar el gasto público, pero visto desde la inversión social. El gobierno actual no se ha preocupado por eso el plan de reactivación económica, en realidad no ha tenido resultados, los recursos producto de la deuda adquirida por la crisis sanitaria en el 2020, fueron colocados en los bancos del sistema, pero se vio poco materializada en el plan de reactivación, en vez de ponerlos en programas de emprendimiento y apoyo a los microempresarios para mejorar la economía familiar”.
Y remarcó que la calidad del gasto es otra variable importante, pues los niveles de ejecución no solo son bajos, sino que, además, en los cierres fiscales los ministerios y secretarias ceden espacios presupuestarios y terminan dando “bonos” para subir su nivel de ejecución, en lugar de ser eficientes en programas de apoyo a la economía y agricultura familiar, reducción de la desnutrición, salud, educación.
Por lo tanto, sugirió planificar y desarrollar otros programas de corte social y elevar el nivel protagónico de los ministerios de desarrollo social, agricultura y economía, pero con apoyo a los pequeños y no a los grandes empresarios.
“Se debe dinamizar la economía local en coordinación con los gobiernos de cada lugar y tomar decisiones serias en materia de descentralización. No es suficiente paliar la situación como la reciente modificación al subsidio de la energía eléctrica y el gas propano. Se necesitan políticas e intervenciones más drásticas para frenar la especulación, aumentar la inversión pública a niveles mayores del 7%, elevar el gasto social por lo menos al 15%, controlar la corrupción e iniciar el diálogo para una Reforma Fiscal Integral”, sentenció.
“De lo contrario, se visualiza una posible escalada de la conflictividad social, que afectará la gobernabilidad del país y le abrirá las puertas a una crisis de la que tenemos poca o ninguna culpa”.
Es un tema estructural
Edwin Matul, exgerente general del Banco de Guatemala (Banguat), expuso que uno de los aspectos relevantes del informe del FMI, es cómo ven la economía a corto y mediano plazos, aunque en el corto plazo, sugiere medidas relacionadas con la coyuntura, postpandemia, recuperación y la exacerbación que se pudo dar en algunos indicadores por la crisis en Europa del Este.
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A mediano plazo, comentó que es un tema recurrente y estructural del país, ya que reiteran la existencia de brechas sociales y la falta de infraestructura, pero también habla de temas como institucionalidad, transparencia y gobernanza, que es el gran enfoque de las recomendaciones.
“Las recomendaciones estructurales son bastante similares a lo que han señalado anteriormente, pues hablan de un crecimiento inclusivo, transparencia, infraestructura, educación, pero no son aspectos nuevos. Lo novedoso es lo que se puede estar generando ahora con los choques externos, sobre todo en aumentos de precios y los efectos que pueden tener en la población más necesitada”.
Y comentó que para darle seguimiento a estos temas y lograr que se concreten, falta un verdadero plan de país, pues no hay una agenda única hacia donde se debería apuntar para atender los rezagos en los temas indicados. “Mientras no se haga este tipo de reformas y se fortalezca la institucionalidad, esto se seguirá postergando”.
