Ella tiene 23 años y un hijo de 10, producto de una violación en su entorno cercano. Antes de la pandemia estaba a un año de graduarse de diversificado, esfuerzo que le requería trabajar en un local de comida durante toda la semana para pagarse los estudios de los días sábados y mantener a su hijo, a quien veía solo los domingos. Le pagaban Q75 diarios, de los cuales le descontaban el producto que no vendía durante el día. Además pagaba Q20 diarios de transporte. Cuando llegó el encierro dejó de trabajar y, por lo tanto, de estudiar. Hoy solo consigue trabajos temporales mal pagados y sin prestaciones de ningún tipo, debido a que le exigen el título, algún “conecte” o un mínimo de años de experiencia.

Historias como la de ella hay millones en Guatemala. ¿Desde cuándo creyó la clase gobernante que se podía levantar un país sin invertir en la niñez, adolescencia y juventud? La deuda del Estado de Guatemala con estos sectores de la población es histórica. ¿Algunas cifras del censo 2018 que podrían ilustrar más esta afirmación? Entre las y los jóvenes de 13 a 30 años, el promedio de escolaridad es de 7.3 años, y generalmente no se termina el nivel de Educación Básica. De las y los jóvenes de 25-30 años, solo el 15.8% termina la Educación Media Diversificada y un 10.1% tiene algún nivel de Educación Superior. Estos niveles son inferiores para mujeres respecto de hombres y muy inferiores para población indígena respecto del resto de población.

Del total de jóvenes jefes o jefas de hogar, el 2% reportó tener entre 13 y 18 años. Un 95.2% de la población económicamente activa corresponde a hombres jóvenes de entre 25 y 30 años; solo un 44.5% corresponde a mujeres jóvenes. Ni hablamos de si la mayoría de ellos trabaja en la formalidad o informalidad, porque desde el punto de vista del empleo, el sector informal rebasa el 70%. Esto quiere decir que la mayoría tiene pocos o ningunos derechos laborales y se confirma con el dato de la Encuesta Nacional de Empleo 2019, donde se dice que de la población ocupada, solo siete de cada 10 reciben un salario. De la juventud asalariada, tres de cada cuatro trabajan sin contrato, prestaciones o seguridad social.

Hablemos sobre los embarazos adolescentes (según censo 2018): el 44.1% de las mujeres jóvenes entrevistadas que hoy tienen entre 25 y 30 años fue madre entre los 15 y los 19 años, y un 1.9% entre los 10 y los 14 años. Casi la mitad de una generación de mujeres jóvenes embarazadas tempranamente, con proyectos de vida cancelados o demorados. Será interesante contar con datos pospandemia, ya que vimos una reducción en las edades de embarazos tempranos forzados. A pesar de esto, la educación integral en sexualidad y el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrados y de alta calidad siguen sin llegar a millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no aprenden una sexualidad responsable, sino morbosa y prejuiciosa. El 27% de los hombres y el 10% de las mujeres entrevistadas creen aún que decir no al sexo realmente quiere decir sí. Y siguen siendo las mujeres jóvenes las más afectadas por delitos de violencia sexual o violencia física.

Según las proyecciones nacionales de población del INE para el año 2022, el total de hombres y mujeres en Guatemala entre las edades de 13 a 30 años es de más de seis millones de personas. Este grupo representa el 31% de la población nacional y casi la mitad de ellos y ellas se identifican como indígenas.
Esto nos vuelve a encender el “sospechómetro”, porque seguimos siendo el país que menos invertimos en niñez, adolescencia y juventud de América Latina y uno de los que aún no ha sido capaz de ofrecerles entornos seguros, pacíficos y protectores para su desarrollo. Por ello coincido con lo que dice el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa): hay más de seis millones de razones para invertir en juventud. Y no hablamos solo de dinero.