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La tierra está cansada: Cómo el sobreuso de suelo y la narcoactividad ponen en peligro los ecosistemas
Relación entre la salud humana, animal y del entorno es interdependiente y de esta depende la vida de nuestro hábitat.
El ecosistema guatemalteco requiere de cuidado para evitar deterioro. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Aunque la relación entre salud humana, salud animal y entorno ha sido analizada desde tiempos inmemoriales, la concepción de una sola salud es mucho más reciente. De acuerdo con un artículo científico publicado en la revista Análisis de la Realidad Nacional, titulado Una sola salud: ecosistemas, cambio climático y pandemia, escrito por Juventino Gálvez, actualmente se intenta “relanzar el valor de esa relación, sobre todo ahora que se padecen más intensamente los impactos de la degradación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad…”
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, en inglés) define la degradación como el “cambio en la salud del suelo resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios”.
En ese sentido, el mundo se enfrenta a escenarios de degradación de los ecosistemas, por lo que resulta conveniente reflexionar sobre la importancia de proteger la biodiversidad de nuestro hábitat.
Por ello, el 22 de abril de cada año, desde 1970, se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. En esta efeméride se celebra la existencia de nuestro hábitat y se busca crear conciencia en la humanidad en torno a los problemas que se enfrentan: contaminación, sobrepoblación, reducción de la biodiversidad, daño en los ecosistemas, aumento de la temperatura global, entre otros.
Ecosistemas en peligro
Dichas amenazas hacia los ya dañados ecosistemas suponen importantes riesgos para la humanidad como problemas de seguridad alimentaria, calentamiento global o pérdida de biodiversidad.
Un ecosistema biológico, conformado por una comunidad de seres vivos y el medio natural donde estos habitan se ve en peligro fundamentalmente por la acción humana, riesgo que también amenaza la existencia de las especies, muchas de ellas en peligro de extinción. He ahí la importancia de acuñar el término de “una sola salud” y comprender que existe una interdependencia entre la del hombre, la ambiental y la animal y que, desde luego, se ve afectada por el calentamiento global.
De hecho, el numeral 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se refiere a la necesidad de “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertización, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó, en el 2016, de un aumento mundial de las epidemias zoonóticas —enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas—. De acuerdo con sus estadísticas, el 75 por ciento de las enfermedades infecciosas de humanos son de ese tipo, lo que se encuentra directamente relacionado con la salud de los ecosistemas.
En ese contexto el objetivo 15 se centra en “restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza”. Además, aborda la necesidad de conservar los bosques, ya que estos albergan al 80 por ciento de las especies terrestres de animales, plantas e insectos, así como detener la desertización —degradación de la tierra causada por la actividad humana, que se relaciona con las variaciones climáticas—.
Según la Organización de las Naciones Unidas, “la pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 veces la tasa histórica. De acuerdo con este organismo, unas dos mil 600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52 por ciento de la tierra destinada para ese fin se ve moderada o severamente afectada por la degradación del suelo.
Uso y degradación
Según el Perfil Ambiental de Guatemala 2022, capítulo de tierras, elaborado por el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar, “la degradación de las tierras en el país continúa vinculada a las realidades de disponibilidad, acceso e intensidad de uso, que sobrepasan los límites socioecológicos de los territorios. En el 2020 el 39 por ciento del territorio nacional se encontraba en una categoría de sobreuso del suelo —el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) calcula que es el 41 por ciento—.
De acuerdo con el documento Determinación de la Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra a Escala 1:50,000 de la República de Guatemala año 2020, elaborado por la Dirección de Información Estratégica y Gestión del Riesgo (Digeger) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), “la superficie ocupada por usos agropecuarios era del 45.51 por ciento del total nacional, lo que ya superaba la ocupada por los bosques —27.83 por ciento—”.
La cobertura forestal ha disminuido alarmantemente en el país. De acuerdo con el Grupo Interinstitucional de Manejo de Bosques y Uso de la Tierra (Gimbut), para el 2016 la cobertura boscosa era del 33 por ciento, poco más de cinco puntos porcentuales arriba del dato que reporta la Digeger con solo cuatro años de diferencia.
En ese escenario “las mejores tierras del país se encuentran ocupadas por la agricultura agroexportadora, y el 87 por ciento de la superficie dedicada a la agricultura de pequeña escala se desarrolla en la categoría de sobreuso. Ello explica la reducción de la capacidad para satisfacer la demanda de alimento en la producción nacional —que suple el 88 por ciento de la demanda de maíz— a causa de una baja capacidad productiva y de la reducción del 20 por ciento de la productividad nacional —se pasó de 2.58 toneladas por hectárea en el 2006 a 2.08 en el 2014”, consigna en el Perfil Ambiental.
Menos granos básicos
La investigación del Iarna refleja, en uno de sus apartados, la reducción de los cultivos de granos básicos entre el 2003 y el 2020, y el incremento de otros como el banano–plátano, hule, palma de aceite y otros.
Según el documento, el cultivo de los granos básicos pasó de un millón 347 mil 461 hectáreas en el 2003 a un millón 160 mil 351 hectáreas en el 2020, con una reducción del 14 por ciento. En contraposición, cultivos como la palma de aceite, el hule y el cardamomo presentaron incrementos en su producción del 255, 131 y 107 por ciento, respectivamente, durante el mismo período.
César Sandoval, investigador del Iarna, indica que existen implicaciones del cambio de uso de la tierra —de bosques a cultivos—. “Estas tienen una vinculación con los servicios ambientales que los bosques nos proporcionan como la protección de la erosión, regulación del régimen hídrico, la captura de carbono y su incidencia en el cambio climático, la destrucción del hábitat de especies de flora —plantas alimenticias y medicinales— y fauna, efectos visuales sobre el paisaje”, explica.
A su criterio, uno de los elementos asociados al cambio de uso son las demandas por espacio para la producción de alimentos y sin alternativas no agrícolas de supervivencia, y también las presiones derivadas de los cultivos a gran escala de exportación como el de la palma de aceite, azúcar, papaya y acciones de concentración de tierras como la narcoganadería en el Petén”.
El especialista considera que la tierra en Guatemala debe ser utilizada “según su capacidad”. Aunque, agrega, es posible que “en algunas áreas puedan ser sometidas a una intensidad mayor —sobreuso—, siempre y cuando se utilicen prácticas de conservación de suelo y agua que disminuyan la erosión hídrica —desplazamiento de la capa superficial del suelo que propicia la pérdida de nutrientes—, programas que no están vigentes en Guatemala a una gran escala o con sistemas agroforestales.
José Miguel Barrios, investigador del Instituto Meteorológico de Bélgica, considera que “los cambios en el régimen de uso de la tierra pueden ocurrir en distintas direcciones y cada una de ellas entraña un riesgo distinto. Algunos cambios pueden orientarse hacia la disminución de riesgos. Por ejemplo, cuando se decide reubicar viviendas en zonas proclives a deslaves o inundaciones a zonas más seguras. Sin embargo, esta dirección en los cambios de uso de la tierra es menos frecuente”.
A su juicio, es más común ver cambios a los que se puede asociar un incremento en el nivel de riesgo. Entre otros, “la acelerada reducción de cobertura forestal del país en las últimas décadas, lo que tiene consecuencias indeseables como el aumento de la erosión de suelos, azolvamiento de ríos —depósito de materiales diversos en el fondo de estos cuerpos hídricos—, disminución de la recarga hídrica, fragmentación de ecosistemas, con lo cual se impacta negativamente la biodiversidad del país”.
Barrios considera que la reducción en el cultivo de granos básicos “en un país campeón en desnutrición infantil es un contrasentido. Ello puede ser un indicador de falta de firmeza del Estado para acometer la tarea de promover la seguridad alimentaria en el país. En contraste, el país parece ser muy atractivo para inversionistas que reemplazan el bosque nativo guatemalteco por monocultivos de una especie exótica en una actividad económica con limitados beneficios sociales”.
Consultado el Marn en torno a los peligros del cambio de uso de tierra, respondió mediante un oficio trasladado por la Unidad de Comunicación que “el suelo es un factor fundamental para asegurar la producción agrícola, dado que es un fuerte regulador del ciclo de carbono y la generación de materia orgánica. La degradación sistémica de ese recurso genera procesos de erosión, lo cual reduce su fertilidad y su capacidad de almacenar agua y participar en el intercambio de elementos esenciales para la vida en los ecosistemas. Los procesos de erosión tienden a incrementarse por las actividades humanas, como la disminución de la cobertura forestal y la ausencia de prácticas de conservación de suelos”.
Sobre los impactos directos en los cultivos, agrega, “se espera una reducción muy importante de la productividad del maíz, frijol y arroz, cultivos que cubren el 90 por ciento de la producción destinada al consumo interno”, lo cual impacta a la agricultura de subsistencia.
Según el Marn “el sector agrícola representa una de las principales fuentes de empleo en el país y aporta aproximadamente la tercera parte de las divisas nacionales a través de las exportaciones”. En la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2021) se estima que en el país hay unas 800 mil 291 personas que trabajan por cuenta propia en el sector agrícola.
El Marn identifica por lo menos tres modalidades de ese tipo de producción: de subsistencia campesina, semicomercial y de exportación. Todas ellas representan un desafío al cambio climático. “Aunque se diferencia en su nivel de vulnerabilidad”, explica.
“La agricultura presenta las capacidades financieras y técnicas más bajas para adaptarse, y la mayor sensibilidad al depender de la lluvia para suministro de agua a las plantaciones. Los impactos del cambio climático aumentan la variabilidad y posibilidad de que ocurran eventos extremos como sequías, inundaciones y heladas, los cuales amenazan los medios de vida de miles de familias y la base de la alimentación del país”.
Según el Marn, además de los efectos actuales y previstos del cambio climático existen condiciones como la pobreza, bajos niveles de educación, incertidumbre en tenencia de la tierra, poco acceso al agua, exposición a plagas, desnutrición crónica, entre otros aspectos, que aumentan la vulnerabilidad del sistema productivo.
Vulnerabilidad
La Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático, documento desarrollado por el Marn, Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (Sgccc) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), analiza y advierte de las vulnerabilidades que enfrenta el país.
“Los cambios proyectados de las variables del clima, especialmente la temperatura y la precipitación, provocarán gradualmente una reconfiguración de los ecosistemas, provocando cambios en las condiciones ecológicas, estructura y funciones del territorio nacional. Estos cambios también podrían incluir pérdidas de hábitat por la mayor incidencia de incendios forestales, sequías, inundaciones y cambios en los sedimentos del suelo en tierras bajas, donde pueden propagarse especies invasoras y vectores de enfermedades”.
Añade que Guatemala es el segundo país más vulnerable ante el cambio climático de Latinoamérica y el Caribe. Se calcula que el 44 por ciento del territorio está expuesto a inundaciones y el 49 por ciento, a deslizamientos. Con ello, alrededor de 3.5 millones de personas se encuentran expuestas y están distribuidas en unas 13 mil 92 comunidades.
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La agricultura, que contribuye al 24 por ciento del producto interno bruto, es una de las actividades económicas más vulnerables al cambio climático, un 80 por ciento del territorio.
Peligro fuego
La Estrategia Nacional REDD+ Guatemala (2020-2050) (ENREDD+) refiere que los incendios forestales, propiciados por la falta de institucionalidad y de recursos financieros para promover la prevención, son la segunda causa directa de la degradación de la tierra en un 32 por ciento. La principal causa es el aprovechamiento no sostenible de productos forestales, con 53 por ciento, y la tercera se vincula a plagas y enfermedades forestales.
El documento indica que del 2006 al 2012 se identificaron 14 mil 425 hectáreas de bosques degradadas por incendios forestales. Según la investigación, los incendios forestales son causados, en su mayoría, de forma intencional, “para usurpar las tierras o por conflictos sociales vinculados a la ingobernabilidad de territorios…” Otro elemento que impulsa esta práctica es la poca regulación y control en el uso del fuego en actividades agrícolas y ganaderas como quemas mal realizadas y para limpieza de potreros.
Asimismo, subraya que existe una deficiencia en la implementación de herramientas y control forestales, y limitadas estrategias de prevención.
En ese contexto es imperativo fomentar acciones que ayuden a mitigar las vulnerabilidades que se producen por el inminente cambio climático, dada la interdependencia que existe entre la salud de los ecosistemas y la de los seres humanos. Reducir los impactos del cambio climático contribuirá a brindar una mejor salud para nuestro hábitat.
Buenas prácticas
Mitigar las vulnerabilidades de los impactos del cambio climático es una de las prioridades como país. El Marn desarrolla programas enfocados en las comunidades del Corredor Seco, como el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco, y el Proyecto Canje Deuda para la adaptación del Cambio Climático. Ambos buscan mejorar los sistemas productivos y el manejo del agua, suelo y bosque en las comunidades.
La dependencia indicó que en el 2021 se benefició a más de 44 mil personas con programas de ejecución, quienes recibieron capacitación para la construcción de cosechadores de lluvia —utilizados para captar y almacenar recursos hídricos— y barreras vidas —cultivos que se siembran en laderas—. Además, se les entregó semillas mejoradas, fertilizantes y herramientas de labranza para el almacenamiento de agua, así como estufas ahorradoras e inducciones en técnicas de riego.
Narcoganadería
Las actividades relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes no solo suponen un problema de seguridad y salud pública, sino uno ambiental. Según el ENREDD+ Bosque, Gente y Futuro, elaborado por el Marn, Maga, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab), “en la última década la ganadería no sostenible ha migrado a Petén provocando grandes pérdidas de bosques”.
Prosigue: “Petén es el departamento con mayor número de cabezas de ganado y es la principal causa de pérdida de bosques que debe ser abordada, causa que ha sido vinculada con el narcotráfico y lavado de dinero”. Las estimaciones consignadas en el referido documento vinculan del 15 y 30 por ciento de la pérdida de la deforestación anual a la narcoganadería.
La débil presencia de la autoridad forestal en regiones boscosas “impide el abordaje de la tala ilegal, comercio ilegal de maderas preciosas, narcoganadería, usurpación y quema de los bosques”.
La deforestación producida por actividades vinculadas al narcotráfico supone un enorme desafío para las autoridades, pues se trata de grandes extensiones depredadas que son muy difíciles de recuperar. “La pérdida del bosque en regiones biodiversas de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala tiene una conexión con el aumento del interés de los narcotraficantes en estas regiones por la poca presencia estatal”, señala el documento.
La tala para la instalación de pistas clandestinas de aterrizaje, utilizadas para el traslado de sustancias ilegales como cocaína y otros estupefacientes, es otra de las grandes amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad de los bosques en el país. Información del Ministerio Público indica que durante el 2021 y hasta marzo del 2022 se inhabilitaron 25 pistas clandestinas. Los operativos se desarrollan de forma conjunta entre la Fiscalía contra la Narcoactividad, la Subdirección General de Información Antinarcótica y el Ejército.
Este tipo de operativos se ejecutan en municipios de Petén e Izabal, según reportes de la fiscalía. El último de estos se efectuó el 9 de marzo y la fuerza de tarea interinstitucional inhabilitó dos pistas en Sayaxché y dos en San Luis, Petén. La extensión de los terrenos depredados por el narcotráfico e inhabilitados por las fuerzas de seguridad sumaron 5 mil 595 m2.
Legislación
Guatemala cuenta con un marco legal y político sobre la búsqueda de protección de la biodiversidad, reducción de la degradación de bosques y de la deforestación. La Constitución establece “de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista”.
El artículo 97 de la Carta Magna establece que “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación”.
Además, el artículo 126 declara de urgencia nacional y “de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques”.
Otras normas que protegen el patrimonio natural son la Ley de áreas protegidas —decreto 4-89—, Ley Forestal —decreto 101-96—, la Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero —decreto 7-2013—, así como la Ley de fomento al establecimiento, recuperación, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala (Probosque) —decreto 2-2015— y la Ley del programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal (Pinpep) —decreto 51-2010.
Estos cuerpos legales buscan la protección del patrimonio natural y el cese de la degradación de la tierra y depredación de los bosques en Guatemala.
Biosfera Maya
La Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, es un área protegida por el Estado desde hace más de dos décadas. De acuerdo con el Conap este territorio posee más de dos millones de hectáreas de bosques.
De esta cobertura forestal, 533 mil 131 hectáreas fueron concesionadas a comunidades e industrias. De las 14 concesiones iniciales se mantienen once, nueve de ellas comunitarias y dos industriales, dos fueron canceladas y otra más suspendida. Las concesiones forestales permiten el aprovechamiento de los recursos forestales de una manera sostenible.
Las comunidades que cuentan con un contrato de concesión forestal deben cumplir con una serie de certificaciones internacionales que garantizan el uso sostenible de los recursos de los bosques.
