El Ministerio Público es una institución de la administración pública con funciones autónomas. Debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, promover la persecución penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública. Este lo dirige el fiscal general de la Nación y jefe del Ministerio Publico. Fue fundado el 17 de noviembre de 1993, tiene responsabilidad en todo el territorio nacional y tiene su sede principal en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Nace como una institución independiente de la Procuraduría General de la Nación con la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Cada cuatro años, el presidente constitucional de la República elige al fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado de seis candidatos que lo determina la Comisión de Postulación actualmente compuesta por 15 miembros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de todas las facultades de derecho del país (12) y dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Desde el presidente Ramiro de León Carpio hasta el presidente Jimmy Morales, cada uno ha podido cumplir con el mandato de elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público. Básicamente, han sido electos a medio período de cada presidencia.

La ideología y los intereses de pocos fueron quitándole al Ministerio Público su función principal y lo politizaron. Claudia Paz y Paz fue señalada por ideologizarlo llenando muchos espacios con funcionarios cuya preferencia política-ideológica ha sido de izquierda. El tercer comisionado de la extinta Cicig llegó al cargo en septiembre del 2013, y por su rol y por su interés individual tenía mucha relación con la exfiscal Paz y Paz. En el 2014, el Comisionado hizo lo que estuvo a su alcance para que llegara en el listado de seis candidatos al presidente Pérez, pero no fue seleccionada entre los seis. Otto Pérez eligió a la abogada Aldana, de quien todos hemos de tener memoria de todos los acontecimientos políticos que se dieron durante su período. En esos momentos, la Corte de Constitucionalidad era dominada por la magistrada Gloria Porras, y fue el período en que se decía que Guatemala era gobernada por jueces, ya que las decisiones mayores a nivel político fue el enlace MP, Cicig y CC. La vía del amparo fue la más visible en esa manera de imponer autoridad. La fiscal general actual ha sido también un punto de polémica, solo que en esta ocasión quienes la acusan mediáticamente son muchos de los afines a Thelma Aldana, Iván Velásquez y Gloria Porras.

Lo que los guatemaltecos queremos es un país con ley y orden, estado de Derecho, que funcionen las instituciones y que nos permitan desarrollar el país para el bien de la ciudadanía. En los próximos días, le toca elegir al presidente Giammattei al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Es muy importante que en su evaluación considere quién puede cumplir mejor con las funciones del cargo, llevando a esa institución a logros fundamentales para que el país avance bien.

Bajo la dirección de la Dra. Porras, el MP ha reportado ya tener presencia en los 340 municipios del país. Eso es un gran avance. También han mencionado progreso en la investigación, acusación y capturas de extorsionistas que hacen tanto daño a los pequeños comercios y personas del más bajo nivel económico. No se pueden negar logros del MP. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en investigación y acusación en contrabando, corrupción en instituciones públicas y en narcotráfico y trata de que maneja el crimen organizado transnacional. Falta investigación y acusación a grupos desestabilizadores, como los que hoy y mañana taparán carreteras con argumentos políticos fuera de lugar, así como a los del hurto de energía y a los que aun invaden propiedad privada.