La citación se dio días después de que organizaciones ambientalistas y cámaras empresariales alertaron sobre el peligro que representan las iniciativas que impulsa el oficialismo en el Congreso.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), por ejemplo, ya manifestó su rechazo a la iniciativa 6054 porque “amenaza avances en materia forestal y ambiental”.
Señala que se violenta la autonomía y la descentralización de instituciones, fomenta la burocracia y elimina contrapesos técnicos, entre otros aspectos.
Nuevas voces que se suman al rechazo ven peligroso y conflictivo crear un superministerio mediante el cierre de otras dependencias que pasarían a formar parte de su estructura orgánica.
En enero último, el Ejecutivo envió la propuesta de ley 6021 y el 19 la conoció el pleno. La 6054 y 6055 fueron presentadas el 22 de marzo y un día después las conoció el resto de diputados.
Las tres propuestas siguen en discusión, pero cada vez despiertan más dudas, no solo por el poder totalitario que le darían al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y las exoneraciones que harían a empresas extractivas que han dañado los recursos naturales del país, sino porque también obligarían a liquidar a instituciones que han funcionado como contrapesos durante años.
El objetivo de las iniciativas 6054 y 6055 es que el Marn absorba y concentre las funciones, jurisdicciones y presupuestos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.
#NoALaIniciativa6054
El Sector Empresarial Organizado se suma a otras expresiones sociales que ven perjudicial la aprobación de esta iniciativa, la cual busca situar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente a instituciones autónomas. pic.twitter.com/TqPGa6qNWa— CACIF (@CACIFGuatemala) May 5, 2022
Si la iniciativa prospera, le daría al Marn la posibilidad de manejar los presupuestos del Inab, Conap, Ocret y las autoridades que manejan los lagos de Amatitlán, de Atitlán, Izabal-Río Dulce y Petén Iztá.
Según el viceministro Fredy Chiroy, el Marn tiene asignado un presupuesto de poco más de Q260 millones, y de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), hasta ahora solo ha ejecutado el 17 por ciento de esos recursos.
El Inab dispondría de Q217 millones de presupuesto, más Q212 millones del Programa para el Desarrollo Forestal Sostenible. Además, del Conap serían Q127 millones y de la Ocret, Q27 millones. Los fondos de la autoridad del Lago de Amatitlán alcanzan los Q34 millones y de Atitlán, Q10 millones.
Solicitamos al @CongresoGuate DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa 6054 y NO APROBAR leyes que representan retrocesos y debilitan capacidades técnicas de instituciones como el INAB poniendo en riesgo el desarrollo sostenible pic.twitter.com/WdOeTAo9QX
— Cámara del Agro (@CamagroGuate) April 20, 2022
El martes recién pasado, Chiroy acudió a una citación con los diputados Carlos Barreda, Aldo Dávila y Marvin Samayoa, quienes lo cuestionaron por la creación del superministerio.
En dicha reunión, el funcionario confirmó que la institución que codirige envió una opinión técnica y jurídica favorable sobre las iniciativas 6054 y 6055, aunque luego aclaró que habían hecho algunas observaciones, sin precisar cuáles. En igual sintonía se mostró el secretario ejecutivo del Conap, Carlos Martínez.
El director de Ocret, Omar Góngora, dijo que apoyaban las iniciativas en mención y que habían surgido desde el oficialismo, encabezado por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
La única institución que se opuso al proyecto de ley fue el Inab, según informó William Melgar Salguero, quien acudió como su representante. Esta institución ha manifestado públicamente su oposición a las propuestas oficiales.
Dudas
El diputado Carlos Barreda considera que las iniciativas 6054 y 6055 tienen muchas inconsistencias técnicas y podrían ocasionare conflictos serios.
Pareciera que el trasfondo de estas modificaciones es echar mano de los incentivos forestales, que hasta la fecha se han manejado con criterios técnicos y no políticos en el Inab, dijo Barreda.
“En principio, Ocret e Inab no tienen competencias ambientales y tienen alguna tutela del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)”, por esa razón se debe evaluar más a fondo todo esto, explicó Barreda.
“Que estos fondos pasen al Marn pone en riesgo que se quiera manejar con fines electorales a los más de 60 mil beneficiarios de incentivos forestales, por ejemplo”, expresó Barreda.
Añadió: “No se prevén los procedimientos legales, administrativos, financieros para absorber las entidades o liquidarlas. Más de dos mil trabajadores de las tres entidades estarían en riesgo. El Marn no tiene la capacidad institucional ni técnica, y ni el conocimiento para manejar todas las autoridades de los cuatro lagos y, encima, al Inab, Conap y Ocret”.
También se cuestionó a Chiroy por la iniciativa que persigue exonerar a toda obra, proyecto o industria que haya o esté sancionada y multada por el Marn.
“Esto golpea el cumplimiento y el papel coercitivo del Estado en materia de protección ambiental”, criticó Barreda.
Lo peor, recalcó, es que no se sabe de cuánto y a quiénes van a exonerar.
“Acá el razonamiento es inaudito porque lanza el mensaje de que quien tiene una licencia ambiental puede contaminar y destruir los ecosistemas”, insistió el diputado.
