El siniestro vuelve a poner en debate la necesidad de revisar la infraestructura de los inmuebles, los expedientes de las menores y los protocolos de emergencia, después de que en el 2017 un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción cobró la vida de 41 internas.
Según Carlos Gómez, subsecretario de Protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), hasta ayer, 12 de las adolescentes evacuadas de la residencia fueron entrevistadas por un juez y otras 18 están a la espera de hacerlo, para indagar sobre las causas que originaron el siniestro.
Durante el suceso una de las internas abandonó su proceso, sin embargo la SBS confirmó ayer que fue ubicada y de nuevo institucionalizada.
Asimismo, se dio a conocer que otro grupo de 20 menores fueron trasladadas a las instalaciones del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia.
Indispensable y necesario
Cada centro debería contar con protocolos de emergencia ante desastres naturales o cualquier tipo de eventualidad. “Es indispensable y necesario hacerlo”, además de mantener una constante revisión de la infraestructura de cada inmueble y velar para que los lugares cumplan con condiciones adecuadas para los menores, indicó Irma Chacón, gerente de la Fundación Sobrevivientes.
Chacón considera que es preciso hacer una revisión de los perfiles de los adolescentes y jóvenes en resguardo, de manera que las autoridades puedan determinar si es necesario que estén en estas casas de resguardo o incorporarse a programas de reinserción.
Además, subrayó que las instituciones involucradas “se han quedado rezagadas” en programas de reinserción.
A partir de hechos aislados, como el de la noche del sábado, las autoridades deben efectuar una revisión crítica de estos hogares para formar perfiles, revisar procesos de reincorporación e impulsar acciones positivas que contribuyan a evitar la revictimización de los menores, agregó.
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No hay un sistema de protección
Los estándares de Naciones Unidas señalan que no deben convivir más de 24 menores por cada casa de acogida; sin embargo, en el hogar del siniestro del sábado había más de 50, hizo ver Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, quien concluye que la evidencia confirma que el país no cuenta con un verdadero sistema de protección.
Dubón indicó que en Guatemala la representación del menor está a cargo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el resguardo lo brinda la SBS. “Desde ahí ya tenemos un problema de fondo, porque está partida la responsabilidad”, puntualizó.
También hizo énfasis en que estructuralmente las instituciones ya sobrepasaron su etapa y “los problemas sociales de nuestra niñez han evolucionado”, por lo que las instituciones actuales no responden a los problemas sociales que afrontan los menores.
Por lo anterior, remarcó, lo que sigue es revisar los expedientes de los internos a fin de determinar el tiempo que llevan de estar institucionalizados, porque la ley de protección integral da 10 días para una audiencia de conocimiento de hechos, en la cual se determinan las posibilidades económicas, de desarrollo por parte de la familia de la menor y el riesgo que pueda correr.
En investigación
Juan Luis Pantaleón, portavo del Ministerio Público (MP), dio a conocer que la Fiscalía de Distrito Metropolitano “procesó la escena y se encuentra investigando el hecho para establecer cuáles fueron las causas del incendio”.
El vocero del MP precisó que la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia coordinó la atención integral y de protección para unas 20 adolescentes, a quienes se les otorgó medidas de protección.
La sombra del 2017
El 8 de marzo del 2017 se reportó un incendio en uno de los dormitorios del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el km 25 de la carretera a San José Pinula. A causa del siniestro murieron 41 menores que estaban bajo resguardo del Estado, refugiadas por haber sido víctimas de violencia.
Por este hecho fueron imputados los entonces funcionarios de la SBS Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres, señalados de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.
La fiscalía a cargo del caso expuso que las menores fallecieron porque “estaban encerradas con llave” y no pudieron escapar de las llamas cuando ocurrió el incendio.
La investigación del MP detalló que 19 de las menores fallecieron en el lugar de los hechos porque inhalaron el monóxido de carbono. Las otras 22 fallecieron después, como consecuencia de la gravedad de las quemaduras.
Por otro lado, las 15 menores sobrevivientes relataron ante el MP que eran expuestas a maltratos y abusos por parte de los encargados del hogar.
