Justicia

Ministerio Público: “El 80% de los extorsionistas no son pandilleros y denunciar es fundamental para combatir a las estructuras”

El Ministerio Público (MP) reconoce que uno de los mayores desafíos es ganarse la confianza para que la población afectada denuncie las extorsiones.

Pilotos de taxis, mototaxis y buses urbanos son blanco de extorsionistas. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Pilotos de taxis, mototaxis y buses urbanos son blanco de extorsionistas. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Las extorsiones siguen siendo un dolor de cabeza para la población en el país. Nadie escapa a ellas. Mientras esto ocurre, desde la Fiscalía Contra la Extorsión del Ministerio Público (MP) y la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) hacen los esfuerzos, aunque a veces los supera el temor que existe para denunciar este delito.

Aun así, la ola de criminalidad vinculada con este delito, que afecta emprendimientos y el patrimonio de miles de guatemaltecos, sigue al alza, como lo reveló el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Los casos han ido al alza en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala y también en las cabeceras departamentales de Quetzaltenango, Escuintla y Suchitepéquez.

Son más de 3 mil casos los que registró el Cien en su informe y que llamó a las autoridades a ponerle atención a este flagelo que incluso en las últimas horas se ha cobrado la vida de pilotos de taxis y trabajadores de camiones recolectores de basura.

La jefa de la Fiscalía contra la Extorsiones del Ministerio Público (MP) Emma Flores, en esta entrevista, aborda algunos detalles sobre la lucha que mantienen para combatir este delito.

¿Cuál es el panorama que ustedes tienen respecto de las extorsiones en estos momentos en el país?

Las extorsiones siguen siendo un problema en materia de seguridad porque existe un gran número de personas que están siendo afectadas, entre comerciantes y transportistas. Es importante destacar que, aproximadamente, según los registros que nosotros mantenemos, entre un 70 y 80% de las denuncias que recibe el Ministerio Público en materia de extorsión corresponden al grupo le hemos denominado imitadores. Es decir que son personas que se hacen pasar por integrantes de pandillas u organizaciones criminales con efecto de intimidar a la población. En realidad, estos grupos no tienen una fuerza o capacidad operativa en las calles para causarles algún tipo de daño a las personas.

¿Y cómo operan estos imitadores?

Es importante conocer cómo funciona el fenómeno desde estos grupos. Hablamos de que una persona puede generar de 10 o 15 denuncias al hacer la misma cantidad de llamadas. Este es el caso porque tomó un teléfono y llama a un grupo de personas y en realidad eso es lo que hace que existan bastantes denuncias en relación con el tema de extorsiones en el grupo de imitadores.

Un reciente estudio del Cien reveló que las extorsiones se incrementaron en el primer trimestre del año. ¿Valida esto el Ministerio Público?

Sí. Los datos los requieren del Ministerio Público y de otras instituciones. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchos casos que no pueden ser denunciados ante la Fiscalía y lo hacen en las distritales. Efectivamente vemos, en comparación con el año pasado, que en enero y febrero hubo un aumento en los casos. Sin embargo, para marzo y abril hubo una disminución. Es decir, en los dos primeros meses, un aumento respecto del 2021 y una disminución entre marzo y abril.

¿Qué ha sido lo más difícil enfrentar para el Ministerio Público en la lucha y el combate de las extorsiones?

La mayor dificultad está en que muchas personas que tienen información, o son víctimas de extorsión, no se acercan a presentar la denuncia. Denunciar es fundamental porque nos permite, aparte de la atención a la víctima, tomar acciones sobre esas extorsiones y, sobre todo, ir estableciendo nuevas modalidades en el tema. El problema es que muchas de las víctimas es que no dan parte de las autoridades porque muchos de los criminales amenazan con hacer daño si lo hacen. Existe todavía ese temor, entonces, para nosotros sí es un desafío importante que los ciudadanos se acerquen y denuncien. Es un desafío para nosotros que la población tenga la confianza de denunciar los hechos.

¿Considera que la violencia que generan las pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18, es lo que causa el temor para no denunciar y eso lo aprovechan los imitadores?

Efectivamente. Lo que sucede es que las pandillas son grupos criminales violentos, y, precisamente, por ese tipo de violencia es que es tan rentable el negocio de los imitadores. Porque basta con que tomen un teléfono y puedan obtener información, ya sea de la guía o de publicaciones que hacen los comerciantes, y que se hagan pasar por integrantes del Barrio 18 y de la MS13, y eso es suficiente para que las personas se asusten.
Tenemos muchos casos, de hecho, en que primero hacen depósitos dinerarios sin presentar la denuncia correspondiente, y luego ya vienen al MP. Un dato importante y que vale la pena resaltar es que hemos logrado que, en el caso de las extorsiones que se les atribuye a los imitadores, un alto porcentaje, más allá del 90% de las víctimas, no han sido defraudados en su patrimonio.

¿Qué tipo de asesoría le ofrecen ustedes a las víctimas que son extorsionadas?

El Ministerio Público trabaja las 24 horas del día, los 365 días al año y en la Fiscalía tenemos personal capacitado que recibe las denuncias y las trabaja con absoluta confidencialidad. Además, contamos con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil. Además, existe el número 1574, al cual pueden llamar si son víctimas de extorsión.

La Alianza Evangélica de Guatemala ha confirmado que algunas iglesias están siendo extorsionadas. ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto?

Hasta hoy no tenemos ni en la sede central ni en ninguna de las departamentales de las fiscalías contra extorsión, ninguna denuncia de una Iglesia evangélica o católica que sea víctima de extorsión. Incluso, en el caso que ustedes mencionan en su nota – crimen del guardia de seguridad Santos Carmelo Hernández Siana la semana pasada dentro de una iglesia en la avenida Bolívar, zona 8- no hay ninguna denuncia de extorsión, ni previa ni posterior, del trabajador del MP y su familia o alguien de la organización religiosa. De hecho, en caso de que se sí existan esos casos, para nosotros es muy importante que lo denuncien. Por eso le decía que el mayor desafío es justamente ese que se acerquen y denuncien.

¿Cuáles cree que sean las fortalezas que tienen en la lucha interinstitucional contra las extorsiones?

Una es que se le puede brindar desde un inicio a la víctima una asesoría eficaz en cuanto que es lo que tendría que hacer si es víctima de extorsión. Otra que se tiene sistematizada toda la información que surge en materia de este delito en la Fiscalía también. Actualmente la Fiscalía es una de las más operativas. Constantemente estamos realizando diligencias de allanamientos y capturas con relación a las personas que son vinculadas al tema de extorsión. Además, se están teniendo también esfuerzos con el Sistema Penitenciario para llevar a cabo requisas, porque se sabe que muchos de las extorsiones surgen o son coordinadas desde los centros carcelarios.

¿Y cuál cree que serían las debilidades que tiene?

Es importante fortalecer los controles en las prisiones. Necesitamos conseguir que la población denuncie si es víctima de extorsión. Pero además de esto necesitamos que brinde toda la información que pueda tener sobre personas que se dedican a esta actividad criminal y que ellos tienen conocimiento. Necesitamos fortalecer el tema de la prevención. Y otra con la que tenemos mucho problema es con el uso de cuentas bancarias. Una de las modalidades para el pago de la extorsión es la utilización del sistema y seguimos teniendo problemas en cuanto a que hay personas que son engañadas y que prestan sus cuentas y en ellas depositan dinero producto de extorsión.